Con la sesión del parlamento regional, que se reúne para elegir formalmente al nuevo presidente a cargo, Castilla y León se convertirá en el primer laboratorio de gobierno de una coalición de derecha gracias a un acuerdo legislativo del Partido Popular (PP) del nuevo líder Alberto Núñez Feijóo con el ultrarechista Vox.
El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y el futuro vicepresidente, Juan García-Gallardo, de Vox, sellaron el pacto de gobernabilidad el pasado 5 de abril.
Tras convertirse en la tercera fuerza política parlamentaria a escala nacional y haber contribuido con apoyo externo a algunos gobiernos populares regionales (por ejemplo, en la región de Madrid), Vox ahora podrán asumir responsabilidades de gobierno en la región más grande del país.
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Un galardón que llega tras el importante resultado electoral del pasado febrero (17,6%) -en una sesión anticipada convocada por el propio Mañueco, presidente saliente, con el objetivo de obtener la mayoría popular absoluta-, que garantizará la formación de la extrema derecha al mando de la vicepresidencia, varios departamentos y la presidencia del parlamento regional.
Sin embargo, el apretón de manos entre el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León Fernández Mañueco (PP) y el futuro vicepresidente Juan García-Gallardo (Vox) comenzó a aflojarse ante las primeras diferencias de criterio sobre futuras reformas legales que los socios sacan a la luz en cada comparecencia.
Según declararon los directivos locales de Vox, entre las prioridades formativas se encuentran la modificación de la ley contra la violencia de género y la norma moral e histórica de reparación a favor de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
Mientras que la formación de Santiago Abascal sigue rechazando el concepto de violencia de género, Mañueco prometió que la ley prevalecería más allá de esa normativa de “violencia intrafamiliar” acordada con Vox,
Asimismo, Mañueco sostiene que el decreto autonómico de memoria histórica, que fomenta -por ejemplo- las exhumaciones en fosas comunes, “no se va a tocar”, mientras que su próximo vicepresidente aseguró esta semana que se sustituirá por uno de “concordia”.
Según señaló el diario El País, estos discursos en paralelo se pronuncian bajo un programa de gobierno impreciso, con muchas ideas y pocas certezas, y sin presupuesto. Con las cuentas públicas prorrogadas desde 2018 aún no se sabe cómo reflejará el reparto económico el peso de estas políticas en la nueva Junta.
Con información de Télam
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