El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anticipó hoy que esta semana presentará un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados para prohibir que los bancos y las empresas energéticas trasladen a los clientes el nuevo impuesto a las ganancias extraordinarias anunciado la semana pasada, destinado a mitigar el impacto en las finanzas públicas de la crisis por la guerra en Ucrania.
El anuncio de Sánchez, al tomar la palabra en el Comité Federal del Partido Socialista Español (PSOE), es en respuesta a las críticas vertidas por la derecha, que señalaban que las nuevas medidas impositivas terminarían por repercutir en las clases medias y bajas.
El mandatario subrayó que los nuevos impuestos ayudarán a recaudar 7.000 millones de euros en dos años e hizo un llamado a que los bancos españoles, "a los que tanto se ayudó en el pasado" contribuyan al reparto del costo de la crisis.
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Asimismo, recordó que este tipo de impuestos ya existen en países como Reino Unido, Bélgica, Francia y Suecia y cargó contra el opositor Partido Popular (PP) por su rechazo a las nuevas medidas.
"¿Qué intereses defiende la derecha? Puede que defiendan los intereses de ese 5% de la población que recibirá una beca para ricos allí donde ellos gobiernan. Pero no defienden los intereses del 95% de los españoles que ganan menos de 100.000 euros. Para eso estamos nosotros: para defender a la mayoría", aseveró el jefe del Ejecutivo.
Tras el anuncio, Unidas Podemos, que el jueves presentó un proyecto en ese sentido, saludó la medida.
"Es una gran noticia que el PSOE haya aceptado nuestra propuesta de incluir un delito específico en el Código Penal por repercusión artificial a los precios finales del aumento de impuestos. Es un atentado contra el interés general que no se puede permitir", afirmó el vocero del partido, Pablo Echenique, en Twitter.
El presidente del Gobierno español lanzó la semana pasada una batería de medidas que incluyen dos nuevos impuestos temporales a las ganancias extraordinarias de empresas financieras y energéticas.
El impuesto que afecta a los grupos dominantes del sector eléctrico, gasista y petrolero estará en vigor durante 2023, y busca recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023.
El impuesto dirigido a las grandes entidades financieras tendrá una duración de dos años y buscará recaudar 1.500 millones de euros cada año.
Varios países europeos anunciaron en los últimos meses gravámenes excepcionales sobre los beneficios empresariales derivados de la inflación, en particular de los grupos energéticos, que registraron beneficios muy elevados el año pasado.
Con información de Télam