(Por Matilde Suárez) La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, consideró que la comunidad afrodescendiente de Argentina fue "invisibilizada" mucho tiempo, pero que el país ha hecho importantes avances en favor de esa minoría en años recientes, según expresó en diálogo con Télam en Buenos Aires, en el marco de una gira por la región.
"El mayor problema en Argentina con la comunidad afrodescendiente es que ha sido invisibilizada por mucho tiempo", dijo la presidenta de la CIDH.
La abogada jamaiquina agregó que, en una visita previa al país, se había reunido con funcionarios y, al preguntarles por la comunidad afrodescendiente, "respondieron que no había ninguna en particular", lo que le generó estupor, ya que ella misma estaba en contacto con esa población.
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"De verdad hay población afrodescendiente acá y los funcionarios me decían que no. Pero no es el único país que hace eso. Y digo esto porque es básicamente un tema de racismo. Se trata de discriminación, porque al negar la existencia de cierta población que tiene derecho a ser protegida por el Estado, no se asegura de que tengan los mismos derechos que todos los otros ciudadanos del país. Entonces, es un gran problema que debemos trabajar muy seriamente", afirmó.
Sin embargo, dijo que en esta última visita su opinión cambió, ya que en los últimos años Argentina aprobó leyes e implementó medidas para promover el respeto a los derechos de esta comunidad y lo sigue haciendo.
"El país definitivamente se comprometió" a observar los derechos de la comunidad afrodescendiente, consideró Macaulay.
En su paso por Argentina, luego de recalar en Paraguay y Uruguay, la abogada y exjueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se reunió con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y distintas organizaciones con el objetivo de brindar capacitaciones y charlas sobre los derechos de la comunidad afrodescendiente.
Además, Macaulay estuvo en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), donde participó del relanzamiento de la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina y mantuvo reuniones con la titular del organismo, Greta Pena, y con el Consejo Asesor de la Comisión de la Comisión de Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina.
"Hace siglos que toda esta comunidad es invisibilizada, sin que sus derechos sean respetados, sin disfrutar de la igualdad de derechos con otros, ni siquiera los más básicos, como el derecho a la educación o al acceso a un buen sistema de salud. Sus derechos les están siendo negados", dijo Macaulay.
Según la presidenta de la CIDH, no hay aún información útil ni sistematizada para que el Estado pueda trabajar en la confección de políticas direccionadas a la discriminación.
El censo de 2022 incluyó por primera vez una consulta sobre autorreconocimiento étnico (pueblos indígenas u originarios y afrodescendientes), pero aún no están los datos.
En 2010 se había integrado una variable racial en el censo, pero no como pregunta obligatoria, y los únicos datos demográficos que había hasta ese momento databan de 1778.
De acuerdo con un informe del Inadi, se estima que aproximadamente hay dos millones de afrodescendientes en Argentina.
Macaulay citó el caso Acosta Martínez vs. Argentina, cuya sentencia sentó jurisprudencia y fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2020, como ejemplo de la necesidad de que haya información que permita direccionar políticas.
Se trata de un caso de violencia institucional que data de 1996, del que fue víctima un ciudadano afrodescendiente uruguayo, José Delfín Acosta Martínez, quien murió a manos de la Policía luego de ser detenido por "ebriedad" a la salida de un boliche.
La Policía informó que Acosta Martínez había muerto por un paro cardiorrespiratorio, pero luego se constató, en distintas instancias, que el hombre había sufrido lesiones por parte del personal policial.
Según el fallo de 2020 de la Corte IDH, la detención fue "ilegal, arbitraria y discriminatoria, ya que se basó en el uso de estereotipos raciales y en una legislación que no cumplía con los estándares convencionales".
La sentencia determinó la creación de mecanismos que registren las denuncias de personas que hayan sido detenidas de forma arbitraria con base de perfiles raciales, con el objetivo de que se logre un registro de estas situaciones y se pueda actuar en atención a dichas denuncias, según el Inadi.
Finalmente, Macaulay resaltó la importancia de que todos los países de la región ratifiquen la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, puesto que es "básico" para el momento histórico actual.
Esta Convención, que tiene como objetivos la promoción de la igualdad de derechos y la erradicación de todas las formas de discriminación, entre otros, solo fue ratificada hasta ahora por Uruguay, Brasil, Ecuador, Costa Rica, México, y Antigua y Barbuda.
"Hay que recordar que la nuestra es una de las regiones más diversas en términos raciales, étnicos y culturales. Es muy importante que todos los Estados ratifiquen estas convenciones, así podemos hablar de una región colegiada en ese aspecto", señaló.
Con información de Télam
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