Ecuador, a una semana del balotaje: buscar los votos decisivos en medio de la violencia

“Las elecciones en Ecuador se dan en el contexto de la más grave crisis económica y social del siglo”, aseveró ante El Destape el analista político Franklin Ramírez. A menos de una semana de los comicios, las encuestas avizoran un triunfo del candidato de la derecha, Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional-ADN), por unos diez puntos de diferencia sobre la correísta Luisa González, que se había posicionado en primer lugar en la primera vuelta. La campaña estuvo teñida por una ola de violencia que no para de crecer y en la que se hizo cotidiano el conteo de ataques contra candidates y dirigentes políticos, los actos con chalecos antibalas y militares en derredor. En ese contexto, “lo que está en juego es recuperar la normalidad democrática”, sentenció Ramírez.

Para dar cuenta de la multicausalidad de la crisis que vive su país, el sociólogo e investigador de Flacso, enumeró los distintos aspectos que la componen: “Se articula una crisis sin precedentes de inseguridad y de violencia, que ubica al Ecuador como uno de los países más inseguros y violentos del mundo; una crisis económica con falta de generación de empleo, de producción y de falta de atracción de inversiones combinada con niveles sostenidos de pobreza, ligados al ajuste neoliberal, a la caída de la inversión pública y la ineficiencia gubernativa”, dijo. En números, los homicidios se incrementaron un 69,1% en un año y, en el primer semestre, se llegó a una tasa de 25,9 por cada cien mil habitantes por encima de México y de Honduras, según el Observatorio del Crimen Organizado.

A esto, se suma, la crisis política que contiene: la disolución del parlamento para el adelanto de las elecciones, un presidente “sin legitimidad popular” y una crisis de credibilidad de los partidos, los sindicatos y los movimientos. “Hablamos de una crisis orgánica, estructural, sistémica, que no encuentra fácil la salida en el corto plazo”, avizoró.

El próximo fin de semana más de 13 millones de personas irán a las urnas para elegir a sus representantes sólo por los próximos dos años, así completar el mandato que el presidente, Guillermo Lasso, decidió abandonar.

Elecciones adelantadas, corrupción y crisis de seguridad

En mayo de este año, bajo la amenaza de juicio político por parte de la oposición por acusaciones de corrupción, Lasso implementó un mecanismo inédito, previsto en el artículo 148 de la Constitución: la muerte cruzada. Con esa maniobra, cerró el Congreso, comenzó a gobernar por decreto y dio por finalizada su gestión a mitad de mandato.

“La decisión de disolver la Asamblea Nacional es para detener un plan donde primero venían por mí, luego por la fiscal, luego por el contralor, por el procurador y por más instituciones del Estado. Al haber disuelto la Asamblea ha perdido efectividad este macabro plan”, dijo Lasso en una entrevista con la CNN. Era la segunda vez que el mandatario se enfrentaba a un juicio político, esa vez, en el marco del caso conocido como Gran Padrino, que también llegó a la Justicia. La trama involucra al cuñado de Lasso, Danilo Carrera, como miembro de una red para adjudicar contratos y realizar nombramientos en empresas estatales, donde también estarían involucrados privados.

Sin embargo, ese no fue el único escollo en la gestión de Lasso. Entre 2018 y 2022, los restos 591 personas privadas de su libertad fueron retirados de las cárceles del Ecuador: el 76% fueron asesinadas en crueles ataques, según los registros del Comité para la defensa de los Derechos Humanos (CDH). En función de los registros de diferentes medios y organizaciones, al menos, hubo 14 masacres carcelarias en el país entre febrero de 2021 y julio de 2023.

En más de una ocasión esa violencia se desbordó a las calles, sobre todo, en los meses de la campaña, con explosiones de coches bomba y ataques a candidatos y candidatas. No fueron suficientes para frenar la ola la militarización de las penitenciarías, los traslados sin aviso ni los decretos de Estado de excepción. El punto máximo se vivió el 9 de agosto pasado, con el asesinato del aspirante a la presidencia por el Movimiento Construye, Fernando Villavicencio, a la salida de un mitin político. 

A los ojos del analista de la Universidad Politécnica Salesiana Mauro Andino, las bandas del crimen organizado "han permeado las instituciones del Estado". Y, precisó, que durante le Gobierno de Lasso "no se han diseñado ni ejecutado políticas públicas en materia social". En ese sentido, señaló: "No es un tema de represión o de mano dura", dijo ante este medio y señaló que, según datos de la FAO, en el país más de dos millones de personas padecen hambre y seis están bajo la línea de pobreza. 

En este contexto, un correísmo casi en soledad y la derecha encolumnada detrás de Noboa, se disputan el poder. 

La política tradicional versus el empresario "no político"

Al segundo tramo de las elecciones González llegó con el 33,6% de los votos de la primera vuelta; y Noboa con el 23,47. El viento de cola de las elecciones regionales realizadas en febrero le dio el impulso necesario a Revolución Ciudadana para ganar, tras haberse consolidado lugares como Quito, Guayaquil -arrebatado a la oligarquía histórica- y en la zona de la sierra central con poblaciones indígenas. 

No obstante, eso no pareciera ser suficiente. Las últimas dos encuestas de Comunicaliza y Cedatos prevén un triunfo del empresario multimillonario por una diferencia de diez puntos. La primera, prevé un resultado de 41,5% ante un 36,4 de González, en una elección que se definirá por mayoría. Mientras, avizora un 9,7 para el blanco o nulo y un 12,45 de indecisos. Para Cedatos, Noboa contiene al 56,1% de los votos y González al 43,9, según reportó el portal Primicias.

En tanto, de las seis candidaturas que quedaron fuera de la contienda, sólo una se manifestó en favor de González; dos expresamente por Noboa; uno dijo que no votaría por el correismo y el resto no develó su posición. 

El análisis para explicar que el resultado pueda darse vuelta sobre el final del derrotero electoral y del hecho de que el correísmo haya encontrado un techo, se halla en que la lista de Revolución Ciudadana se ubicó como la única opción de izquierda. “No hay nada a la izquierda, ni siquiera otras candidaturas al centro con lo cual el margen de coaliciones y de alianzas electorales para crecer se reducen colosalmente. No así para el otro candidato”, dijo Ramírez. Eso, pese a que el correísmo pasó de hacer una campaña que el analista catalogó de “endogámica” -que le habló a los propios-, a una que amplió su espectro incorporando miradas -resistidas en el seno correísta- como el ambientalismo o el feminismo.

Si se da un pantallazo por las acciones de ambos candidates, González reclamó por los 238 femicidios cometidos, habló sobre brecha salarial, apoyó la agenda de los pueblos indígenas y se manifestó por la salud y la educación pública, gratuita y de calidad. En las antípodas se sentó Noboa con fotos en las que muestra la familia tradicional de esposa e hijos y con su madre, por poner un ejemplo. La vice de ADN, Verónica Abad, para el caso hasta se manifestó en contra del divorcio, así como de la presencia estatal con planes sociales: “Se empuja a que la mujer decida el divorcio porque constantemente (el Estado) mete la cabeza (…). El Estado dice seré tu marido y padres de tus hijos porque estos tendrán salud y educación gratuita”, reportó La República.

Para Ramírez, Noboa habló desde su lugar dueño de un emporio empresarial: "No es un perfil político, no entra en conflicto, aunque cada vez ha tenido que recurrir más al guión anticorreísta", ante una González que representa una figura "más clásica de un partido, que quizá tiende a desgastar ante el electorado". Sus propuestas en el debate, en tanto, estuvieron atravesadas por la problemática de la seguridad en donde ambos coincidieron en mayor educación, tanto como en las reformas en materia de seguridad y justicia con mayor transparencia y rendición de cuentas.

Con este escenario, el resultado sería similar al de 2021, cuando Lasso se impuso ante Andrés Aráuz, que ahora disputa la vicepresidencia con González. En ese entonces, los partidos de la derecha tradicional y el empresariado le dieron su apoyo al actual mandatario, aunque con los meses eso se fue debilitando.

"Militarización de la política" 

En un informe del Observatorio Ciudadano de Violencia Política, al que El Destape tuvo acceso, da cuenta de datos estremecedores sobre la violencia en el contexto de la campaña. 

Es que el asesinato de Villavicencio y el del alcalde de Manta, Agustín Intriago, no fueron los únicos casos. Los datos fueron recabados durante tres meses hasta el 6 de septiembre y se los comparó con el año pasado. La conclusión fue que “el 2023 representa uno de los años que registra mayores niveles de violencia en el país y que inclusive provocó la militarización de la política para intentar salvaguardar los derechos políticos de candidatos y electores”. Según dice el informe, el conflicto y la violencia se expresan “por el intento del control del territorio por parte de los grupos vinculados a la delincuencia y el crimen organizado, que además intentan permearse en las organizaciones políticas para alcanzar las instituciones democráticas para facilitar operaciones delictivas y económicas”.

Los tipos de violencia política que fueron identificados fueron tres: contra la integridad física y la vida; por motivos de género y acciones o manifestaciones que atentan a los principios de igualdad y no discriminación.

Detectaron 88 casos de violencia política que afectaron la integridad física y la vida, 84 % fue dirigido a varones y 16 % a mujeres. De los 88, 21 ocurrieron durante el periodo de las elecciones generales anticipadas. El 86 % fue a líderes políticos (candidatos, autoridades de elección popular y autoridades de designación) y el 14 % a familiares y cercanos, como una acción de intimidación.

Entre los ataques figuran asesinatos (34%), atentados (48%), amenazas (10%), secuestros (5%) y asaltos (3%).

Sobre las organizaciones políticas hacia las cuales se dirigieron estos ataques, un 17% fue contra dirigentes de Revolución Ciudadana, mientras que un 10% fue a "actores sobre los cuales no hay la identificación clara de su pertenencia política o porque son familiares o cercanos", indicaron.