Una ola de violencia atraviesa a Ecuador y la espiral crece cada vez más. Según las últimas cifras dadas a conocer, hay siete policías muertos y una veintena de personas detenidas. En medio de la escalada, que está vinculada a la disputa de poder entre organizaciones criminales y narcotraficantes, el Gobierno respondió con traslados no informados de los detenidos y, además, con la declaración del Estado de excepción en dos provincias. “Las muertes violentas, que se dan desde 2019, son una práctica de genocidio dentro de las prisiones”, denunció ante El Destape Fernando Bastias Robayo, defensor de Derechos Humanos de Guayaquil.
La versión oficial de la crisis que atraviesa el país apunta al enfrentamiento entre organizaciones criminales y narcotraficantes que operan dentro y fuera de las cárceles. En ese marco, en la noche del 1 al 2 de noviembre, se detectaron 12 atentados en los que murieron cuatro policías, hubo heridos y tomas de rehenes dentro de las cárceles ubicadas en Guayas y Esmeralda, ubicadas al suroeste y al noroeste del país. Previo a ello, el rumor que corrió entre los familiares, informó el medio local GK, fue que parte de los prisioneros serían trasladados sin haberles informado, razón por la cual se concentraron en las inmediaciones de las penitenciarías, que hicieron de escenario para el asesinato de policías y atentados en los que explotaron coches bomba.
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"Lo sucedido entre la noche de ayer (lunes) y el día de hoy (martes) en Guayaquil y Esmeraldas muestra claramente los límites que la delincuencia organizada transnacional -a la que estamos combatiendo- está dispuesta a traspasar", dijo el presidente Guillermo Lasso en un mensaje que compartió en sus redes sociales. Y, a continuación, calificó los hechos como "actos de sabotaje y terrorismo" que entendió como “una declaratoria de guerra abierta contra el Estado de derecho, el Gobierno" y los ciudadanos. Ahora, el mandatario se instaló en Guayaquil al frente del llamado Puesto de Mando Unificado para dirigir las operaciones, después de visitar a policías y militares heridos, a quienes agradeció la “valentía y vocación de servicio”. Estableció, además, un nuevo estado de excepción y toque de queda para las dos provincias más impactadas por la ola de atentados, que regirá por 45 días.
Mientras tanto, las violentas imágenes sobre lo que sucede en las cárceles del país despertó el interés internacional. Tanto que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Comunidad Andina y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se pronunciaron en contra de los atentados y manifestaron sus condolencias a las familias de las víctimas.
Para Bastias Robayo, el decreto de los estados de excepción -una medida de última ratio- “hasta ahora no logró resolver la situación de inseguridad ni tomar el control de los centros penitenciarios”. Además, insistió en señalar que “el problema es que las bandas delincuenciales se instalaron con permisibilidad y conocimiento del mismo Estado, porque el ingreso de las armas se debe a nudos de corrupción enormes de la policía nacional y la expansión del control de las cárceles”, dijo y agregó que “ocurrió bajo el conocimiento de la Dirección de Inteligencia de la Policía. Los grupos delincuenciales no operan solos -afirmó-. Claramente, hay una responsabilidad directa del Estado en los genocidios de las personas privadas de su libertad”.
La situación en los centros penitenciarios
Bastias Robayo, que también es integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, sumó que esta situación empeora día a día desde 2019, cuando “grupos delincuenciales que desde hace larga data controlan los centros penitenciarios”. Pero no sólo eso, también, explicó que la política criminal “punitivista” se centra en ingresar constantemente personas a las cárceles, en donde están hacinadas, sin un enfoque de derechos humanos y con problemas administrativos para tener beneficios.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en febrero de este año, señaló que el país atraviesa una “grave crisis penitenciaria de naturaleza estructural” a la que caracterizó como “violenta” y atravesada por una “corrupción sin precedentes”. La causa: abandono del sistema penitenciario por parte del Estado. Durante 2021, 316 personas privadas de libertad fallecieron bajo custodia del Estado, y otras cientos resultaron heridas, en una sucesión de ataques violentos ejecutados de manera planificada por grupos organizados conformados por las mismas personas detenidas, dice el informe que tiene las conclusiones de una visita realizada entre el 1 y el 3 de diciembre de 2021.
- 36.599 personas privadas de libertad (al 29 de noviembre de 2021, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores - SNAI).
- Están alojadas en 36 centros de detención.
- El 44.24% tiene entre 18 y 30 años;
- Sólo el 71% cuenta con educación básica, la mayoría proviene de contextos caracterizados por altos niveles de violencia, pobreza o pobreza extrema y por consumo de drogas desde temprana edad;
- Según información oficial aportada por el Estado –antes, durante y con posterioridad de la visita de la CIDH–, durante el 2021 y hasta el 1 de diciembre, tuvieron lugar 8 eventos violentos, en los que fallecieron 316 personas privadas de libertad.
Ocho masacres en un año
Este martes, 1002 internos del Centro de Privación de Libertad número 1 de Guayas, la prisión más grande de Ecuador, fueron enviados a otros penales, informó el SNAI, informó Télam. “Los traslados responden a medidas de seguridad que no están siendo tomadas de forma técnica, las sacan, pero no saben a dónde enviarlas porque conocen que en otros centros hay bandas contrarias y corren inminente riesgo, por eso las familias exigen que no se les trasladen”, explicó Bastias Robayo.
Esta no es la primera vez que se realizan traslados en las cárceles ecuatorianas. A principios de octubre la Alianza contra las Prisiones denunció una “masacre carcelaria” en la que murieron 13 personas en tres días y tuvo lugar en las ciudades de Latacunga y Guayaquil. En ese momento, familiares insistieron en que no se ejecutara esa decisión y emitieron un comunicado en el que denunciaron que “Ecuador ha vivido ocho masacres carcelarias en sólo un año y medio”.
“Los traslados se hacen en medio de caos. Cada traslado expone a la muerto a nuestros seres queridos por la violencia conectada entre prisiones. ¡Detengan los traslados!”, dice la nota difunda ese día en el que fueron reprimidos por la policía.
“Estos traslados arbitrarios -de los cuales no habían sido informados- de nuestras familiares representan un escenario más de todos los tratos crueles inhumanos y degrantes hacia nosotras, parientes de personas en prisión. ¿A dónde los llevan? ¿Cómo sabemos que estarán bien?”, se lee en el tuit publicado por el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles en la jornada del martes acompañado por un video en el que se ve el intento por evitar que se lleven a los prisioneros de la cárcel.
“Los familiares relatan que hay una intención de eliminar un grupo grande de personas privadas de la libertad como modo de pacificar las cárceles. Es una afirmación compleja pero casi real. En términos de seguridad la disputa existe porque hay dos bandas que están en conflicto. Si deja de haber una, en teoría desaparecerían las masacres”, señaló el defensor de derechos humanos Bastias Robayo.
En el medio local El Universo, en entrevista con Alexandra Zumárraga, exdirectora nacional de Rehabilitación Social e investigadora de temas relacionados con crimen organizado, coincidió en la idea de que el sistema penitenciario fue “permeado por la corrupción para favorecer a unas bandas por sobre otras”. Según dijo en una entrevista la exfuncionaria, “la guerra declarada es con el Gobierno y el agravante sería el traslado consumado” entre los que se encuentran integrantes de dos organizaciones criminales diferentes.
Desde el programa de investigación Orden, conflicto y violencia con sede en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, elaboraron un documento en el que hacen un repaso de los hechos que desencadenaron lo que llaman “violencia criminal” a través de las políticas que tomó el Estado. En ese sentido, señalan que durante el gobierno de Rafael Correa, además de políticas de seguridad ciudadana, se tejió una red extorsiva con apoyo estatal para proteger a ciertos grupos del crimen organizado para garantizar lo que denominan “paz mafiosa”, que facilitó la expansión del narcotráfico.
La “traición” política del expresidente Lenin Moreno empezó “una nueva espiral de violencia criminal” al perder la protección del Estado, situación que, indican, sigue vigente durante el mandato de Lasso.
El presidente llamó al Consejo de Seguridad Pública y del Estados
El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) se reunirá este jueves a las 10.30 (9.30 hora argentina) en el que participará el presidente Lasso para evaluar la estrategia en el ámbito de seguridad y analizar las acciones llevadas a cabo hasta ahora. El Cosepe está integrado por el Presidente de la República, el Vicepresidente y las máximas autoridades de la Asamblea y Corte Nacional de Justicia; la Secretaría Nacional de Seguridad Pública del Estado, los titulares de los Ministerios de Gobierno, Relaciones Exteriores, Defensa; el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Comandante de Policía.
El pedido correista
La bancada de la Asamblea Nacional Unión por la Esperanza – UNES, identificada con el expresidente Rafael Correa, emitió un comunicado en el que se solidarizan con las víctimas de violencia y delincuencia del país y exigió “acciones urgentes”. “Active los mecanismos constitucionales para enfrentar la conmoción interna que vive el país”, exigieron desde las redes sociales.
Pronunciamiento de la CONAIE
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) hizo un llamado a las comunidades de base y a la sociedad civil a “activar las guardias comunitarias” frente a los últimos hechos de violencia ocurridos en varias provincias del país y responsabiliza al Gobierno nacional de no poder ejecutar un Plan de Seguridad. La organización indígena cuestionó al Gobierno de Lasso por la violencia registrada este 1 de noviembre en ciudades de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, atribuida al crimen organizado.
“Vemos con indignación la indolencia, incapacidad e inacción del gobierno de Guillermo Lasso, lo que ha conducido a un Estado fallido”, dicen para criticar las medidas tomadas en los últimos días. La determinación para ellos es una sola: “No se puede normalizar el miedo y la incertidumbre”, por lo que llaman a la organización social en cada barrio y comuna para fortalecer las guardias en cada territorio.
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