La crisis de seguridad en Ecuador es total. El presidente, Daniel Noboa, estableció el estado de excepción por dos meses en todo el territorio nacional y, a las pocas horas, la violencia se desató en distintos puntos del país. Hubo un canal de noticias tomado por un grupo armado, Quito quedó militarizada, hubo alertas por supuestos saqueos y hasta tuvo que ser evacuado el Palacio Carondelet de la presidencia. La situación, entonces derivó en la declaración por parte del Gobierno del conflicto armado interno y catalogó como “terroristas y actores no estatales beligerantes” a 22 organizaciones criminales, al tiempo que el Ministerio de Educación dispuso la modalidad no presencial para todas las instituciones. La crisis carcelaria, la disputa de poder y la captura del Estado son parte del combo de la violencia.
“Hay una captura (por parte de organizaciones criminales) bastante elevada a todo nivel del Estado. Ese es un problema”, precisó ante El Destape el analista ecuatoriano Nicolás Oliva. Ante ese contexto, catalogó la decisión del Gobierno como “un plan de guerra improvisado, que no tiene un plan de soporte y puede detonar una situación más grave”.
En el decreto 111, Noboa -que asumió el 23 de noviembre por dos años tras la crisis que explusó a Guillermo Lasso- además de "reconocer la existencia de un conflicto armado interno” dispuso, en el artículo 3, “la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado trasnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes”, todo ello, en el marco del derecho humanitario internacional.
Las organizaciones criminales mencionadas son: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones.
La totalidad de la Asamblea Nacional -de mayoría correísta-, al momento, le dio su respaldo al Gobierno como a las Fuerzas Armadas para su accionar.
¿Qué pasó?
La gota que rebalsó el vaso fue la declaración del estado de excepción en todo el país por 60 días, anunciada este lunes por Noboa. El mandatario alegó “grave conmoción interna” generada tras la supuesta fuga de José Adolfo Macías, conocido como “Fito”, un alto líder de la organización criminal Los Choneros, que estaba detenido en la cárcel regional de Guayaquil condenado a 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato.
El estado de excepción “permite movilizar a las Fuerzas Armadas para que apoyen, de forma complementaria, a las labores de seguridad interna de la Policía Nacional” e implica la suspensión de derechos constitucionales como la libertad de tránsito, de reunión y asociación y establece el toque de queda entre las 23 y las 5 de la mañana. La respuesta fue la jornada de violencia en distintos puntos del país, que derivó en la declaración del conflicto armado interno.
Los fundamentos del Ejecutivo para el conflicto armado interno
En los fundamentos del decreto, el Gobierno tomó del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) la definición de conflicto armado interno: “Todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia”.
Los parámetros para ello son: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o disrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciables de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a: demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o al control de los recursos o del territorio.
Para justificar su decisión, además, el Gobierno hizo referencia a un informe elaborado, en 2022, por el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. Allí, el organismo hizo referncia a la “extensión y el arraigo de la crisis penitenciaria ecuatoriana”, pidó al Estado construir cárceles más pequeñas y manejables, abordar la corrupción para hacer frente al crimen organizado y la depuración de la Policía. En ese momento, además, advirtieron que la crisis y la violencia penitenciaria “trasciende” los muros de las cárceles. Esa situación se pudo ver a lo largo del año, con atentados que se sucedieron en ciudades puerto como Esmeraldas, Guayas y Durán, las tomas de las cárceles y lo que organizaciones de derechos humanos denunciaron como “masacres carcelarias”, entre 2019 y 2023.
Por otro lado, el decreto mencionó que la Policía Nacional detalló en un informe la “consolidación del crimen organizado entre 2014 y 2023”, lo que “supone el detonante para la actual crisis de seguridad” así como el “nefasto incremento de homicidios intencionales”. Para el Gobierno, en tanto, esta situación de violencia por parte de lo que considera “actores beligerantes no estatales (…) configuran como una amenaza terrorista contra los pilares de la soberanía estatal e integridad territorial”.
En tanto, los altos índices de violencia son un hecho. La tasa de homicidios se duplicó de un año a otro y llegó a ser la más alta de América Latina, que quedó de 45 por cada 100.000 habitantes (7.592 muertes violentas), según el Observatorio del Crimen Organizado.
Los motivos del conflicto reciente
Para Oliva son varios los motivos que llevaron a la jornada de violencia de este martes, pero una es la clave: “La cooptación del Estado, del Ejército, la Policía, la Justicia, incluso de la Fiscalía por parte de las organizaciones criminales”, dijo ante este medio.
Con la salida de Lasso del Gobierno, lo que se entiende a los ojos de Oliva, es que Noboa "rompió el equilibrio que existía entre las mafias y el Gobierno. Ante ese cambio de reglas, hubo una respuesta", dijo el analista.
El derrotero de las organizaciones criminales se puede encontrar en distintos puntos, según quien lo mire. En un documento elaborado por el programa de investigación Orden, conflicto y violencia con sede en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, la “violencia criminal” a través de las políticas que tomó el Estado comenzó durante el gobierno de Rafael Correa: “Además de políticas de seguridad ciudadana, se tejió una red extorsiva con apoyo estatal para proteger a ciertos grupos del crimen organizado para garantizar lo que denominan ‘paz mafiosa’, que facilitó la expansión del narcotráfico”, señalaron.
Además, precisaron que la “traición” política del ex presidente Lenin Moreno (entonces en el correísmo, que luego abandonó) empezó “una nueva espiral de violencia criminal” al perder la protección del Estado, situación que, indicaron, siguió vigente durante el mandato de Lasso.
Oliva, por su parte, no concordó con la idea de que la intromisión con las organizaciones criminales y el Estado comenzó con Correa, sino que marcó el punto de inflexión en 2018, con el Gobierno de Moreno. A su entender, en ese momento “inició el desmantelamiento del Estado, que siguió con Lasso, en un sistema de reparto de poderes para ganar gobernabilidad”. Según contó, Lenin lo que hizo fue “descomponer los sistemas de seguridad que había impuesto el correísmo y reparte los sistemas de seguridad e inteligencia sin una lógica institucional”.
“Lo que ahora se ve es que hay una captura importante de esas instituciones que eran las llamadas a proteger”, dijo Oliva. Vale señalar, que Lasso, antes de llamar a elecciones anticipadas -dos años antes de finalizar su mandato- debió enfrentar diversas investigaciones que vinculaban a su cuñado con el crimen organizado. Eso se supo a raíz de un informe de inteligencia policial, razón por la cual el Congreso estuvo por llevarlo a juicio político, como se contó en su momento en esta nota.
“En la práctica, lo que ocurrió es que la cúpula policial en mayo de 2021 chantajeó a Lasso con el informe de inteligencia a cambio de estabilidad y apoyo político. Esto demuestra que el crimen organizado es un actor político que está jugando al más alto nivel a través de los altos estamentos de los órganos de seguridad”, señaló Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) el año pasado.
MÁS INFO
Algunas fallas en el Gobierno de Lasso
En otro informe del programa de investigación Orden, conflicto y violencia, llamado “¿Quién vigila a los vigilantes? La política económica de la violencia en Ecuador” precisaron que Lasso fracasó en su intento por contrarrestar la violencia por su persistencia en “incrementar el poder coercitivo del Estado, sin considerar su efectividad ni explorar otras opciones”, lo que para los analistas llevó a “un círculo vicioso” de la violencia.
“El problema radica en la política económica de la violencia. Es decir, la intervención del Estado en las economías criminales, mediante la expansión de la fuerza policial y militar, reconfigura los mercados ilícitos, pero no los desarticula”, explicaron. “A medida que crece la violencia criminal también aumenta la influencia política y el poder económico de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Están creándose incentivos perversos para que la espiral de violencia no termine, o culmine con una paz mafiosa”, advirtieron en ese momento.
En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), también hizo su lectura en un informe: "Se observa la utilización de una política que privilegia el encarcelamiento para resolver los problemas de seguridad ciudadana".
La caracterización de las organizaciones criminales
Entre los grupos señalados por el Ejecutivo, Oliva identificó tres como los más relevantes y grandes y señaló que todas tienen vínculos con cárteles mexicanos: Los Choneros -que se viene formando hace 12 o 13 años-, Lobos y Tiguerones. "Son grupos armados, pero con muchas células que se han ido formando al calor del momento, de la descomposición, pero no creo que todas tengan un sistema organizativo, sino que todas responden a las mas grandes. Todas van teniendo poder territorial -entre ellas, las ciudades de Durán, Esmeraldas y Guayas, todas con puertos-", dijo.
Las "violencia del narcotráfico", en tanto, tiene distintas formas: la extorsión a negocios, es una de ellas. La deriva en estos años, fue de la disputa de poder por los puertos desde donde sale y entra la droga, hasta por el control de las cárceles, que luego se trasladó a las calles.
Con el conflicto interno declarado "puedes matarles sin necesidad de que levanten un arma. Eso es grave, se puede ejecutar cualquier acción contra ellos", advirtió Oliva.
¿Qué esperar?
Ante el escenario de conmoción que golpeó al país, para Olivia todavía resta ver cuáles serán los resultados de esta decisión de Noboa ante lo que consideró como un “esquema de chantaje” por parte de las organizaciones criminales. Para él, antes de llegar a esta decisión el Estado “podría haber actuado con las fuerzas que tiene. Ejercer el poder y sentarse a negociar. Hay mínimos para el diálogo, pero ejerciendo el poder. En este caso Noboa no lo hizo así”, precisó ante una posición que consideró "drástica".
"No puedo decir que Noboa es bueno o malo. Viviendo en el país te das cuenta de que la clase alta está sitiada, los ricos van a sitios caros, lujosos, que están sitiados, hay narco, hay violencia. Creo que Noboa, en ese espírituo de élite quiere que baje la violecia", opinó
Por lo pronto, auguró que "no va a ser fácil". Al tiempo, este medio pudo confirmar que a últimas horas de la noche, Noboa mantenía una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, en la que participó el embajador de Estados Unidos en el país, Michael J. Fitzpatrick.
"No puedo decir que quiere negociar con las bandas de forma peyorativa, pero no sé si tenga la capacidad para hacerlo", sentenció.
Cerrar sesión