Quién es Ramiro Chaves, el nuevo presidente de Costa Rica

Rodrigo Chaves, el flamante presidente electo de Costa Rica que ganó el balotaje del domingo pasado con el 52% de los votos, no era el favorito para este año. Ni siquiera aparecía entre los primeros en las encuestas para la primera vuelta de febrero. Sorprendió a todo el mundo cuando pasó a la segunda vuelta con un partido relativamente nuevo y un caudal de votos de apenas el 16,7%. Su perfil por entonces no era conocido y pese a que en esta segunda campaña se le conocieron muchas contradicciones y hasta una sanción por acoso sexual, el rechazo al ex presidente José María Figueres y una abstención de más del 42% fueron más fuertes.

Tiene 60 años, es doctor en Economía y trabajó 27 de ellos en el Banco Mundial, con el ojo especialmente puesto en economías en vías de desarrollo en América, Europa y Asia. En total, tiene en su haber los casos de más de 45 países. Tuvo pasos muy breves por la gestión pública de su país que sus compatriotas prácticamente no recuerdan: fue ministro de Comercio Exterior entre 1986 y 1988, de Agricultura y Ganadería, entre 1989 y 1990, y más recientemente de Hacienda apenas unos meses entre 2019 y 2020.

En 2019, trabajaba como director del Banco Mundial para Indonesia cuando el entonces presidente Carlos Alvarado, a quien sucederá el próximo 8 de mayo, le ofreció ser su ministro de Hacienda, cargo que desempeñó del 30 de octubre al 28 de mayo de 2020, cuando renunció tras la polémica que desató un anuncio sobre el pago de la deuda externa que hizo sin la anuencia del presidente.

El tema deuda se volvió especialmente sensible en Costa Rica, el último país de la región que selló un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional antes de Argentina. De hecho, aunque ninguno de los dos candidatos propuso un plan concreto y claro, ambos coincidieron en que el acuerdo deberá ser renegociado después del derrumbe económico y el aumento del gasto durante la pandemia de Covid-19.

Pese a la fuerte crisis económica y de legitimidad política que atraviesa el país, la campaña electoral fue especialmente chata entre un ex presidente que no escapar a las denuncias de su pasado y un economista conservador que apostó lisa y llanamente al discurso de la anti política o al menos de la renovación política. "No le entregue las llaves a los mismos de siempre", fue una de las frases que más utilizó durante la campaña.

Con un discurso sin planes o propuestas concretas, la candidatura de Chaves solo estuvo en peligro cuando su pasado lo alcanzó, como terminó pasándole a su rival.

Al asumir el cargo de ministro de Hacienda en 2019, Chaves había dicho que había tomado la decisión de jubilarse como funcionario del Banco Mundial y regresar a Costa Rica para trabajar por su país. Incluso se vanaglorió de que no pidió una licencia en el organismo de crédito internacional porque, de haberlo hecho, podría haber sido visto como un posible conflicto de interés.

Sin embargo, en agosto de 2021 salieron a la luz los resultados de una investigación interna del Banco Mundial por denuncias en su contra por acoso sexual y se instaló la sospecha de que esa había sido la razón de su salida. Finalmente se conoció el informe de la sanción del tribunal del organismo de crédito: "en el 2019, la Vicepresidencia de Recursos Humanos del Banco Mundial, a instancia del Departamento de Ética y Conducta Empresarial (EBC), ordenó trasladar al economista, ahora de 60 años, a un puesto de menor rango, sin posibilidad de ser ascendido ni de recibir aumentos salariales por un periodo de tres años, tras una investigación interna", según Télam.

Chaves se declaró inocente una y otra vez, y hasta aseguró que todo se debió a "diferencias culturales" que generaron "malos entendidos". Sin embargo, la sanción era clara. No obstante, la presidenta del joven partido Progreso Social Democrático (PSD), Luz Mary Alpízar, se negó a pedirle que renuncie a la candidatura.

En medio de la campaña, la prensa también lo acusó de haber utilizado un fideicomiso privado para financiar gastos de su campaña, lo cual sería ilegal. La legislación obliga a que los dineros de las campañas se movilicen a través de las cuentas bancarias de los partidos políticos.

Entre sus principales promesas de campañas, se destacan bajar al 1 por ciento la cantidad de firmas para convocar un referendo, eliminar los monopolios que inflan el precio de los medicamentos, instituir la educación bilingüe obligatoria y sancionar con más severidad a los corruptos.