Con el avance del COVID-19 en todo el mundo y la escasez de vacunas, principalmente, en países de bajos y medianos ingresos, otra vez se puso en discusión la liberación de patentes para que se puedan producir vacunas de forma masiva y con mayor accesibilidad en todo el planeta.
Argentina se encuentra entre los países que están haciendo un gran esfuerzo para conseguir vacunas. El presidente Alberto Fernández lo confirmó en su última cadena nacional dónde admitió que "están haciendo un esfuerzo enorme para que el proceso de vacunación no se interrumpa, en un mundo que definitivamente no ofrece las vacunas que necesita".
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"Sé lo que cuesta conseguir las vacunas porque los que las producen prefieren negociar con los estados nacionales. Muchos gobernadores intentaron conseguirlas infructuosamente en un mundo donde, de una vez por todas entendámoslo, las vacunas están siendo acaparadas por un número muy reducido de países", admitía.
Es así que diversos gobiernos de todo el mundo volvieron a exigir a la Organización Mundial de Comercio (OMC) -el organismo que rige los acuerdos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio-, que se establezca una exención de estos derechos para poder producir las dosis contra el COVID-19 con mayor democracia.
Ante este pedido, países como Estados Unidos, Suiza y naciones europeas que producen las vacunas se opusieron a la propuesta, asegurando que las patentes son necesarias para incentivar la investigación y el desarrollo de medicamentos.
A principio de febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había revelado que hasta ese momento se habían administrado unos 200 millones de vacunas contra COVID-19. Sin embargo, el 75% de estas vacunas fueron suministradas en solo 10 países ricos.
Qué son las patentes y por qué exigen liberarlas para combatir el COVID-19
En la industria farmacéutica como en cualquiera industria, cuando se descubre y desarrolla un nuevo producto, la empresa patenta su descubrimiento para que nadie más pueda fabricarlo. En este caso son las vacunas.
Es así que las patentes protegen la propiedad intelectual de un producto para que no pueda copiarse. Asimismo, lo que estas permiten es controlar los precios impuestos y su producción, lo que provoca no lleguen a países sin recursos.
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Ante esto, la OMS diseño una propuesta para acelerar la producción de vacunas llamado C-TAP (Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la covid-19), pero hasta ahora no tuvo respuestas suficientes.
Según la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) este mecanismo global, que sirve para compartir de forma voluntaria conocimientos, datos y propiedad intelectual de tecnologías sanitarias para la lucha contra COVID-19 y fue creado junio de 2020 y unos 40 países lo suscriben, no recibió ningún tipo de colaboración.
En este marco, desde Médicos sin Fronteras aseguraron que la suspensión de las patentes van a facilitar la transferencia de tecnología y el conocimiento científico para que los países en desarrollo puedan aumentar la producción de vacunas y hacerlas accesibles a sus poblaciones.
Mientras tanto, los países de altos ingresos que se oponen a la propuesta argumentan que "la suspensión de patentes obstruirá la innovación científica al desalentar a los inversores privados a involucrarse en la industria". Sin embargo, un informe publicado en febrero en la revista médica The Lancet da cuenta que los productores de vacunas recibieron unos US$10.000 millones de fondos públicos y de organizaciones sin ánimo de lucro para financiar sus vacunas.
Y a cambio de este financiamiento, remarca el informe, estos Estados pudieron asegurar contratos para recibir dosis suficientes para vacunar a toda su población.
Asimismo, las farmacéuticas aseguran que el mayor problema tampoco está en la liberación de las patentes sino en que los laboratorios de los países de medianos y bajos ingresos no cuentan con conocimientos técnicos y acceso a información sobre seguridad para la producción de vacunas. Pero quienes piden la exención de los derechos de propiedad intelectual afirman que los países de medianos y bajos ingresos cuentan con laboratorios y empresas capacitadas para producirlas.
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