La Cámara de Representantes (Diputados) de Colombia aprobó este jueves por amplia mayoría el proyecto oficial de Ley de Paz Total que ya había recibido el visto bueno del Senado. Dadas las modificaciones que se le introdujeron al texto, ambas cámaras deberán conciliar las modificaciones finales para que el presidente, Gustavo Petro, pueda promulgarla. Este avance decisivo es una de las apuestas de la campaña y del Gobierno de la coalición del Pacto Histórico que asumió el mandato en agosto de este año para retomar los diálogos cerrados con las organizaciones guerrilleras por su antecesor.
La intención es celebrar con ellas acuerdos definitivos de paz similares al que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos alcanzó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016, para darle un cierre definitivo a más de 60 años de conflicto armado.
Ahora, la Cámara baja, cuyo pleno sancionó la iniciativa con 125 votos a favor y 13 en contra al cabo de un prolongado debate iniciado el miércoles, volvió a incluir en el texto el “servicio social” con que el Gobierno procura sustituir el servicio militar, aspecto del proyecto que había sido eliminado el lunes por el Senado. Por ese motivo, el texto aprobado este jueves deberá ser sometido a un proceso de “conciliación” con el Senado, que fuentes parlamentarias estimaron que podría demandar varios días, según los diarios locales El Espectador y El Tiempo.
Una vez que las dos cámaras del Congreso hayan acordado ese texto único, será girado a Petro para que lo promulgue y la ley entre en vigencia. De ese modo, el jefe del Estado podrá iniciar los diálogos con las organizaciones irregulares, incluidos los sectores disidentes del Acuerdo de Paz con las FARC de 2016.
“Muchas gracias, es el inicio hacia la profundización de la democracia, de la solidaridad, de la inclusión”, afirmó el ministro del Interior, Alfonso Prada. “Pero, sobre todo, es el inicio para para pasar la página definitivamente del baño de sangre en que todavía estamos sumidos, del retraso al que nos somete el conflicto armado, que nos debe conducir hacia la paz total, donde la vida sea digna y podamos vivir sabroso, en paz y dignamente”, agregó el funcionario.
Los puntos de discusión
Uno de los puntos que generó mayores discusiones es la creación del “servicio social para la paz”. También los aportes de recursos propios de departamentos y municipios para garantizar la seguridad y una propuesta del representante Julio César Triana (Partido Liberal) para definir si sería posible o no negociar con desertores de los acuerdos ya suscriptos. El legislador quería impedir que se pudieran establecer “diálogos de carácter político con los denominados desertores, entendidos como aquellos miembros de las organizaciones que habiendo suscrito un acuerdo de paz decidieron abandonar el proceso para alzarse nuevamente en armas como rebeldes”.
Al respecto, el debate giró alrededor de las disidencias de las FARC y de personajes como Luciano Marín, alias Iván Márquez, primero negociador de aquellos acuerdos de paz y luego líder de los sectores disidentes que continúan hasta hoy en la lucha armada. Sin embargo, esa propuesta no fue aprobada, por lo que quedó abierta la puerta para dialogar con esos actores.
En cuanto al “servicio social para la paz”, tendrá una duración de doce meses, “al término del cual se recibirá una certificación que será equivalente a la libreta militar, una remuneración conforme a lo también previsto para el servicio militar”, dice el texto aprobado. Podrá prestarse en modalidades como promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas, en el trabajo con víctimas del conflicto armado, la protección de la naturaleza y la biodiversidad, o el trabajo con víctimas de violencia sexual, entre otros.
Con información de Télam
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