Triunfo popular chileno: ¿el fin del pinochetismo?

Para las argentinas y argentinos identificados con un proyecto de independencia e integración sudamericana, el triunfo de Gabriel Boric en la reciente elección chilena es una noticia de extraordinaria importancia. Tal vez pudiera empezarse la lectura de esa trascendencia sobre la base no tanto de lo que se consiguió sino, en primer lugar, de lo que se evitó. Una victoria de José Antonio Kast -ganador de la primera vuelta electoral- hubiera sido un enorme revés para la democracia chilena. Habría sido un golpe muy duro para un proceso político reciente signado por la movilización callejera del pueblo chileno, enfrentando exitosamente la dura represión y certificando con su lucha el fin de un largo proceso de estancamiento político en el país. Se puede decir que la heroica resistencia popular contra los “treinta años de pinochetismo”-como los movilizados llamaron a su propia lucha- habría terminado en una dura, aunque seguramente no definitiva, derrota. Kast es un público admirador de la dictadura de Pinochet; su triunfo habría sido un retroceso para toda la región y abierto un profundo interrogante respecto del giro popular en la región producido por la recuperación del gobierno del MAS en Bolivia, el triunfo de una fuerza popular en Ecuador, de la izquierda en Honduras y, no en último lugar de importancia, la consolidación de la democracia en Venezuela con las recientes elecciones que sellaron la suerte del plan de intervención de Estados Unidos en ese país. Si a eso le sumamos las expectativas de triunfo de Lula en la elección brasileña del año próximo y del ex combatiente del M19, Gustavo Petro en Colombia, puede hablarse de un evidente resurgimiento, en condiciones claramente diferentes, del giro popular en el Cono Sur de principios de este siglo.

​La pregunta por el cierre de la era pinochetista en Chile no es retórica. Hace 33 años un plebiscito nacional selló la suerte del régimen del dictador militar Augusto Pinochet. Pero la Constitución -la escrita, pero, también y, ante todo, el régimen real- conservó los rasgos centrales del proyecto político económico y social impuesto a sangre y fuego por los sanguinarios golpistas de 1973. Lenta y contradictoriamente fueron eliminados rasgos vergonzosos de “la constitución de Pinochet” como las bancas de senadores “vitalicios” no sometidos a juicio electoral alguno y el llamado voto “binominal” sin antecedentes en el mundo. Ese engendro institucional operó durante mucho tiempo como garante de un sistema político de dos coaliciones casi inmunes a cualquier traspié electoral al bloquear prácticamente cualquier intento de desarrollo de una tercera fuerza política. Funcionó hasta hace hace menos de siete años.

​Pero la índole continuista después de la derrota de Pinochet no se expresó solamente en el plano institucional-electoral. Funcionó también en el plano de las políticas socioeconómicas durante todo el tiempo desde el régimen militar hasta hoy. “Los derechos son derechos, no negocios”, dijo el presidente electo en su primer discurso como tal. Se refería al proceso de mercantilización de las relaciones sociales más profundo de la historia mundial reciente. La educación es el principal derecho humano entre los que fueron convertidos en un bien de mercado; grandes luchas estudiantiles contra esa injusticia histórica fueron jalones en la acumulación popular que terminó con el levantamiento de hace dos años. Hay que decir que el Chile de Pinochet fue un campo de prueba para las políticas neoliberales que, después Thatcher y Reagan llevarían al Reino Unido y Estados Unidos. Estaba claro que el experimento debía nacer en condiciones de absoluta ausencia de libertades para protestar contra el saqueo de los bienes públicos por los grandes consorcios financieros. Boric anunció también, en el citado discurso, el fin de las AFP (el equivalente de las AFJP en nuestro país, el engendro inconstitucional pergeñado por Menem y Cavallo). Los fondos de pensión en Chile fueron creados en 1980 por un funcionario de la dictadura llamado José Piñera Echenique, hermano del actual presidente saliente. Si el nuevo gobierno logra concretar la promesa electoral de la disolución de esos Fondos habrá consumado un acto de enorme significación simbólica y práctica para la lucha regional contra el neoliberalismo.

​La presidencia de Boric podría ser considerada, de este modo, como el retoño más potente del extraordinario levantamiento popular chileno. Sin embargo, compartirá ese lugar central con el proceso de discusión de una nueva constitución política en el hermano país. La constituyente chilena está encabezada por una destacada dirigente social que reivindica su condición mapuche. Y el contexto de su discusión y su sanción será un gobierno de signo radicalmente diferente a cuantos se han sucedido desde el golpe contra Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular.

​¿Cómo no estar obligados a reflexionar sobre el tan proclamado “fin de las revoluciones” que se constituyó como signo común del pensamiento dominante en el mundo después de la caída del muro de Berlín? Si despojamos al concepto de revolución de su supuesta identidad con determinados dogmas predominantes en las fuerzas de izquierda durante gran parte del siglo pasado, y la consideramos simplemente como una transformación de la realidad política motorizada principalmente por la movilización popular -incluida su capacidad de autodefenderse de la represión y la agresión del “viejo régimen”-entonces puede hablarse de la vigencia plena de ese concepto. La revolución chilena de este tiempo así lo demuestra.