Nueva Constitución chilena: sus principales ejes y posibilidades de ser ratificada en las urnas

Chile ya cuenta con el segundo borrador de la nueva Constitución. Tras un primer intento de proceso constituyente -que fracasó-, el tono se volvió más moderado con un texto que evidencia acuerdos amplios y la intención de continuidad por parte de quienes lideran este segundo intento, en manos del ultraderechista Partido Republicano (PR). Sin embargo, ni eso le garantiza la ratificación en las urnas en el actual contexto de desinterés, desesperanza y avanzada de la derecha.

Este segundo borrador fue elaborado por la Comisión Experta y ahora será trabajado por el Consejo Constitucional en un plazo de cuatro meses. La necesidad de cambio del pacto social chileno quedó expuesta en medio de la efervescencia de octubre de 2019, en lo que se conoció como revuelta o estallido social, cuyo principal reclamo fue contra la precarización de la vida -por la privatización de derechos esenciales como la salud o la educación- impuesta por un Estado subsidiario, establecido en la Carta Magna escrita en dictadura. Pero el rechazo masivo en el referéndum del año pasado desnudó la otra cara que aún persiste en la sociedad chilena.

Entre el desinterés y la desesperanza

En una encuesta difundida el viernes pasado por el portal Cooperativa, la consultora Criteria dio a conocer que el 60 por ciento de la población chilena ve “poco probable” que la nueva Constitución “esté en sintonía con los intereses ciudadanos” y que menos de la mitad de las y los chilenos tiene “mucho o bastante interés” en el proceso, aunque en los últimos meses fue en alza. Además, el 50 por ciento afirmó “conocer nada o muy poco” del anteproyecto entregado la semana pasada y apenas un 15 por ciento, que está “bastante o muy al tanto” de lo que se trata.

El sociólogo y director de la consultora Tu Influyes, Axel Callís, por su parte, no concordó con quienes sostienen que el desinterés predomina. “Creo que hay un interés y también una desesperanza que convive con el interés. Es una mezcla de estados de ánimo, de que tú no estás como encima porque le perdiste la esperanza de que eso pudiera hacer algo significativo. Hay un desinterés, pero es como una desesperanza que se alimenta de frustración de percibir que la política no le resuelve las cosas centrales de la vida, pero la ciudadanía esta con un ojo puesto más allá de lo que está sucediendo ahí no satisfaga a un grupo importante de personas, que consideran que lo que pasara ahí no va a afectar la vida”, explicó a este portal.

¿Se aprueba?

“Creo que el texto actual sí tiene más posibilidades de aprobarse, pero va depender de qué pase. Si no se introducen grandes modificaciones y el proceso se mantiene de bajo perfil, sin grandes escándalos, con un tono muy de conciliación, de que estamos en busca de un objetivo común, tiene posibilidades”, dijo en diálogo con El Destape la analista política académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Isabel Castillo. Otro factor que analizó es el lugar de la derecha, que todavía cuenta con figuras que se manifiestan en contra del proceso. “Desde temprano estaba en contra e hizo campaña, si ahora está a favor, reduce un poco ese flanco de crítica”, sostuvo.

Por su parte, Callís indicó que el éxito va a “depender” de los grados de legitimidad que pueda tener y de la cantidad de actores que se puedan alinear en torno a un resultado. Lo puso en números: “Este proceso parte con un 30 por ciento en contra”, conformado en mitad y mitad por lo que llamó la extrema derecha y la extrema izquierda. Del otro lado, en tanto, hay “una mayoría que está esperando ver qué es lo que sale de ahí para tomar una decisión”.

El problema de fondo, según el analista, está en que “las personas no logran percibir cómo los cambios constitucionales se pueden manifestar en la práctica”, por lo que estará en manos del Consejo el trabajo pedagógico de mostrar esa dimensión. Esa tarea se dio el año pasado con la derecha. Este sector supo “muy bien” transmitir cómo iban a repercutir ciertos aspectos en la vida. Para él, en definitiva, la clave estará en lograr mostrar que “la Constitución genera un bien público que es la paz social", "el orden público" y "la lucha antidelincuencia".

El rol del Ejecutivo también es un factor a sumar. El presidente, Gabriel Boric, en su estrategia para evitar un nuevo fracaso pasó por distintas etapas de apoyo, prescindencia y ánimos de consenso. “Ahora, hay un giro de empezar a subirse a lo que pueda surgir de ahí en términos de alabar o apoyar. Eso tiene que ver con que el Gobierno ya tuvo dos derrotas duras y una tercera sería mortal”, advirtió Callís y agregó una lectura cuya consecuencia podría ser otro golpe para la institucionalidad chilena ya bastante deslegitimada: “Si pierde Boric, pierde la clase política”.

Ejes y características del borrador constitucional

El borrador tiene 134 páginas y 211 artículos en los que define desde la forma de Gobierno, los deberes constitucionales, derechos, libertades y garantías, entre otros puntos. "Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas", dispone ni bien comienza, en el artículo 1 inciso 2.

“Es un texto que podríamos llamar moderado, que evidencia que es producto de un acuerdo amplio”, marcó Castillo. Tras un recorrido por el articulado, concluyó que esta iniciativa “tiene mucho de continuidad con la Constitución actual, pero también introduce modificaciones importantes, sobre todo en el tema de derechos sociales, que ha sido una larga demanda”. Ese es uno de los puntos clave que se arrastra mucho más allá del debate anterior y que se verá en los próximos meses si se sostendrá o no.

“Los grandes temas de disputa van a ser los derechos sociales y el rol del Estado, el Estado social versus Estado subsidiario”, insistió. A lo largo de los últimos 30 años, organizaciones políticas y sociales llevaron a las calles la demanda por cambios sustanciales para exigir mayor intervención del Estado: desde la marcha de los pingüinos, en 2006, para exigir educación pública y gratuita de calidad, con sus réplicas en 2011 y 2018; hasta las movilizaciones por No+AFP, el sistema previsional que consiste en la capitalización individual de los fondos que se someten a la especulación financiera en busca de mayor rentabilidad.

De manera similar funcionan el sistema de salud y el acceso a la vivienda. Tal como estableció la dictadura de Augusto Pinochet, se trata de un sistema de subsidio estatal a privados para que presten como servicios los derechos que deberían estar garantizados.

La mayoría de las propuestas que se debaten pueden encontrarse en el Capítulo II de Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales, en el que, por el momento, aparece el rol del Estado, pero siempre haciendo lugar a los privados y con la previsión de que cada sistema esté sometido a la ley. Está escrito de manera general, de modo que permite distintas implementaciones, en función de lo que decidan las mayorías político partidarias de coyuntura. 

Bajo el parámetro de que todo ello está susceptible a cambios, en un ejercicio de recorrido y comparación, Castillo detalló lo siguiente:

• Salud: “La derecha busca constitucionalizar la libre elección entre el sistema privado o el público”, sobre todo en salud y, tal vez, en pensiones. En otras palabras, se “limita la posibilidad de que exista un seguro único”. Esa es la propuesta hecha desde sectores progresistas y de izquierda, que prevé la conformación de un único fondo común para que las personas se puedan atender en el sistema público de salud y, sobre eso, puedan contratar seguros adicionales o complementarios, por ejemplo, clínicas privadas. En la actualidad, existen las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), un sistema privado de cotización obligatoria; y el Fondo Nacional de Salud (FONASA), que es público, pero compra servicios a las clínicas privadas.   
• Seguridad social: En el borrador está estipulado el rol del Estado, sin embargo, la posición de la derecha es “imponer que los ciudadanos son propietarios de sus fondos, lo que sería sostener las AFP, por ende, seguir sosteniendo el modelo de cuentas individuales donde el componente colectivo no se pude aplicar”, señaló Castillo. Mientras tanto, en el Congreso actual se debate una reforma de pensiones, pero dado que esto es nivel superior constitucional, esa reforma se podría trastocar.
• Educación: “La batalla está en la inclusión del ‘derecho preferente de los padres’”, que ya figura con palabras muy similares en el texto a trabajar, pero que algunos sectores lo quisieran poner “más fuerte”, indicó la analista. La clave de este punto es sobre los contenidos a dar en las escuelas, con la disputa puesta en la educación sexual.
• Innovaciones: la participación ciudadana ya que se introducen mecanismos de democracia directa que permitirán presentar iniciativas de ley e iniciativas de derogación de ley, que al momento no existen. También, la ampliación de la libertad sindical.
• Continuidades: el diseño institucional (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), el mecanismo para instalar el Estado de Excepción, la exención de impuestos a las iglesias (de cualquier credo), el derecho de propiedad y el terrorismo, que cambia la nomenclatura de delito “político” a “común”. A diferencia de la propuesta anterior, quedaron afuera derechos sexuales y reproductivos –Chile recién en 2018 pasó de restringir totalmente el aborto a un sistema de causales- y la paridad en todas las instancias del Estado.

Ante la sensación de desinterés que predomina en esta instancia, desde Corporación Humanas, Nada Sin Nosotras y el medio digital La Neta, presentaron la campaña “Dejémoslo por escrito” con el propósito de que la ciudadanía se involucre activamente. Sus propuestas hacen eje en la igualdad, la inclusión y el respeto a los derechos humanos de las mujeres y colectivo LGBTI, que en el nuevo marco, por ejemplo, ni se menciona.

La cuestión indígena

“La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la Nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, dice el artículo 7 del texto presentado.

Para Alihuen Antileo, el único representante indígena electo en el Consejo Constitucional y un abogado y académico mapuche, se les "reducen los derechos colectivos”. En diálogo con El Destape, explicó que en el primer borrador se hablaba de plurinacionalidad, un concepto distinto al "reconocimiento". En la versión rechazada en las urnas el año pasado, se “daba un piso y una cobertura institucional mucho más amplia a los derechos colectivos de los pueblos indígenas”.

“Nunca hemos querido hacer un Estado mapuche independiente, no forma parte de nuestro ideario la independencia de Chile, pero sí tener mayores grados de participación desde el punto de vista autónomo”, marcó.

En tanto, aunque en esta ocasión se prevén mecanismos para promover la participación política, Antileo consideró que lo deja en un condicional que no los satisface: “Queremos que quede un mandato constitucional de obligatoriedad del establecimiento de escaños reservados, como quedó eso abierto y hay una composición conservadora del Consejo es posible que durante los próximos meses cambie esa situación, nosotros presentaremos nuestra propuesta”, advirtió. Otra de sus demandas es quitar la mirada represiva sobre los pueblos y que no se criminalice la legitima protesta de los pueblos y de la sociedad.

El proceso

El actual proceso constituyente en Chile cuenta con tres órganos activos: una Comisión Técnica –que se encarga de verificar que el texto respete las 12 bases acordadas por todos los frentes políticos-; el Comité Experto, electo en partes iguales y de manera paritaria por Diputados y Senadores, encargado de elaborar un borrador; y el Consejo Constitucional, votado por la ciudadanía el pasado 7 de mayo. Este último es el que se encargará de darle forma final a la propuesta para entregarla el 21 de octubre y plebiscitarla el 17 de diciembre.

El Consejo tiene 51 integrantes y, también, es paritario. La mayoría de las bancas están en manos del ultraderechista PR -con 23 bancas y poder de veto-. Tiene la presidencia con Beatriz Hevia, dirigenta del partido que hizo campaña en contra de modificar la Constitución, pinochetista y que se manifestó en contra de la proclama por un Estado Social y Democrático de Derecho. Luego, le siguen en cantidad de escaños: el oficialismo representado en Unidad para Chile, que en los papeles tiene la segunda minoría (16); y Chile Seguro (o Chile vamos, en representación de la centro-derecha del expresidente Sebastián Piñera, que hace alianza con el PR, con 11). El último lugar, es un escaño reservado para los pueblos originarios logrado por el temucano Antileo.

Además de las y los consejeros, este proceso contempla audiencias públicas, diálogos y presentación de iniciativas populares de norma para que participe la ciudadanía tanto organizada, como individualmente.