Ministro de Justicia de Chile, Luis Cordero: "Mantener presente los horrores es la única manera de proteger la democracia del futuro"

"Lo relevante es cómo tener un pacto relativamente simple y básico de que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia", dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Luis Cordero. A 50 años del golpe de Estado, en entrevista con El Destape, Cordero reflexionó y trazó el recorrido que se hizo en términos de memoria, verdad y justicia para reparar las heridas que dejó en su país la dictadura de Augusto Pinochet: en los 17 años que perduró, tuvo más de 40 mil personas presas políticas y dejó más de tres mil desaparecidas. En ese camino, reconoció que el "Estado ha sido indolente", hizo referencia a la memoria como política permanente y garantía democrática y habló sobre el desafío de resolver el pacto constitucional en medio de los discursos de la ultraderecha. 

La conmemoración de un nuevo aniversario del Golpe estuvo acompañado por una infinita cantidad de actos, conmemoraciones y anuncios. Entre ellos, la firma de dos acuerdos. Uno, que involucró a todxs lxs presidentes vivos -Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera- "Por la democracia, siempre" y, otro, que incluía el llamado a los distintos partidos políticos que encontró resistencias en los sectores de derecha y ultraderecha Chile Vamos -comandado por Piñera- y el Partido Republicano.

Así, al tiempo que en La Moneda resonó el reclamo por "nunca más", también se escucharon réplicas de discursos que no condenaron a la dictadura. Eso, para Cordero, es producto de lo que deja en evidencia septiembre: "La fragilidad" de una democracia, que dice, "costó" en un país que tuvo al dictador como senador vitalicio hasta 1992. Más allá de eso, durante esos años, organizaciones de familiares de personas detenidas y desaparecidas, víctimas y testigxs, trabajaron para que la memoria no fuera olvidada y contaron lo sucedido en la Comisión Rettig (1991) y las comisiones Valech (2003 y 2010), que luego se tradujeron en juicios contra más de 300 perpetradores de crímenes de lesa humanidad.

Cordero asumió su cargo este 9 de enero pasado, es doctor en Derecho por la Universidad de Lleida, España; y magíster en Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, fue asesor en temas ambientales y colaboró en la creación del Ministerio de Ambiente, entre otros cargos que ocupó. Para él, "Chile ha hecho ejercicios de memoria desde el retorno a la democracia"; sin embargo, hay un desafío que mantiene "hace dos décadas", que es resolver su pacto constitucional. "Sigue representando la imposición del triunfo de una manera de concebir el mundo, que, por cierto, se hizo por la fuerza", sostuvo.

- ¿Cómo es el trabajo de ejercer la memoria desde el Estado chileno a 50 años del golpe?

- Si bien toda la política del Estado chileno, particularmente, en los últimos 20 años ha estado focalizada en la búsqueda judicial, esto ha quedado confinado al pasillo, a los tribunales y el Gobierno del presidente Boric ha decidido, en ese contexto, avanzar un poco más desde el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia en materia de desaparición forzada. Lo que hace es transformarlo en una responsabilidad del Estado, en una obligación y en una política pública permanente del Estado, porque fueron el Estado y sus funcionarios quienes cometieron esos crímenes bajo una política de represión. ¿Por qué esto es tan relevante? Es significativo para la memoria que el terror no quede enredado en el olvido, porque la pregunta permanente es si situaciones como estas pueden volver a ocurrir. Entonces, la memoria no sólo es importante desde la perspectiva de la indagación de la verdad jurídica, sino que también es muy relevante a efectos de elegir la democracia del futuro.

- En ese Plan Nacional se trabajó con organizaciones de derechos humanos que hasta ahora se habían manejado en los márgenes del Estado. ¿Cómo es ese trabajo de traerlas a la institucionalidad?

- El Plan Nacional de Búsqueda terminó siendo construído por las organizaciones de familiares fruto de ocho meses de diálogo. Tenían una profunda desconfianza respecto del Estado y nosotros tuvimos que reconstruirla porque estaba completamente rota. Las razones son bastante simples en el fondo: tiene que ver con el hecho de que el Estado sistemáticamente incumplió sus obligaciones durante la dictadura. Los familiares siempre apostaron por el derecho y por la protección de los tribunales interponiendo recursos de amparo, habeas corpus, que fueron rechazados y muchos de esos recursos terminaron en personas que están desaparecidas o son ejecutadas políticas. Con el retorno a la democracia, los familiares persistieron en los tribunales, que aplicaron la Ley de Amnistía hasta finales de los 90, cuando los jueces empezaron a aplicar el derecho internacional de los derechos humanos. El Estado, en los procesos de identificación, también cometió errores que produjeron un gran dolor y una revictimización. Entonces, hasta ahora, habían tenido respuestas en los tribunales y no en la acción directa del Gobierno sin perjuicio de que las Comisiones de Verdad fueron un gran espacio para las víctimas para escuchar sus testimonios y que se pudiera conocer su verdad. Aun así, en términos de Justicia, el Estado ha actuado con una cierta indolencia, que se tradujo en desconfianza. Por eso ahora son protagonistas. Es una manera de que el Estado comience a reparar esa forma de haber abordado los problemas durante tantos años. Ahora, las agrupaciones forman parte de la Comisión de Seguimiento del cumplimiento de las metas del Plan, lo cual implica que tengan un rol activo.

- En los últimos días se escucharon voces de la oposición que se negaron a repudiar la dictadura o relativizan el Golpe de Estado. ¿Cómo analiza este escenario?

- Creo que hay algunas cosas que uno debiese evaluar. Septiembre para un país como Chile es un es un periodo bien difícil porque tiene dos partes: la parte de luto, que es la primera quincena por el golpe. Y la segunda parte, de fiesta, que porque son las fiestas patrias el 18 y el 19 de septiembre. Este mes tiene esa paradoja. La segunda paradoja es que nos enfrenta muy intensamente desde el golpe en adelante, en lo que implicó la destrucción de la democracia y el costo en vidas humanas, en sacrificio de derecho en materia violación sistemática los derechos humanos. Es una discusión que se suele dar con estas características. Pero si saco el ruido en general, creo que hay acuerdo en tres cosas centrales. La primera tiene que ver con el hecho de que no es admisible bajo ningún evento que un presidente electo sea derrocado por las armas. La segunda tiene que ver con que la violencia política es inadmisible en democracia y, en la tercera, que no hay justificación plausible para la violación a derechos humanos. Y yo me quedo en este último aspecto. En ese sentido, el aspecto clave en el Plan Nacional de Búsqueda descansa en dos consensos que son muy relevantes. El primero, que en Chile existió violación a los derechos humanos. En segundo lugar, no puede volver a ocurrir y cualquier argumento que trate de relativizar la privación de los derechos humanos tiene que ser fuertemente reprobado por parte de todo el sistema político. Esos son los riesgos de septiembre: que algunos quieran mirar el pasado con cierto relativismo. Por estos días un diputado ha decidido relativizar los informes de las comisiones de Verdad y ha tenido un amplio repudio incluyendo a parlamentarios de derecha. Creo que no es admisible ni aceptable relativizar todo lo que hemos avanzado y lo que está contenido tanto en sentencias judiciales como en informes oficiales. Por lo mismo, la memoria es relevante. Por lo mismo, el Plan Nacional de Búsqueda como política pública permanente trata de poner en evidencia la importancia de la reparación y de la memoria como garantía de no repetición. Lo más importante, además de ser significativo, es que es también un llamado de atención. Uno no puede andar dándole importancia a iniciativas como esta simplemente cuando estamos en septiembre o cuando cumplimos una década o décadas del golpe. Es una obligación permanente y es obligación nuestra, de aquí en adelante, que esa advertencia esté habitualmente presente en el sistema político chileno.

- ¿Es sólo septiembre? Porque si miramos en la historia reciente de Chile, en la revuelta política y social de 2019 se pusieron sobre la mesa distintas demandas que apuntaban a buscar reparación por lo que dejó la dictadura y abrió, justamente, el debate sobre la nueva Constitución, que ahora se lleva adelante en una Comisión con predominio de los partidos de oposición y de derecha.

- Septiembre lo que muestra es la fragilidad. La fragilidad de la democracia extremadamente costosa, que a nosotros nos costó muy caro y uno tiene que mantener permanentemente presente los horrores. Es la única manera de proteger la democracia del futuro. Ahora, la pregunta es qué sucede a propósito del movimiento ultra que tiene por final relativizar ese pasado o más bien imponer ciertas visiones. Yo creo que Chile enfrenta otro desafío hace dos décadas, que es cómo resuelve su pacto constitucional. La Constitución del 80 en algún sentido es la imposición. Sigue representando la imposición del triunfo de una manera de concebir el mundo, que, por cierto, se hizo por la fuerza, aunque luego ha sido objeto de múltiples reformas desde el 89 hasta hoy. Lo cierto es que sigue representando para muchos el símbolo de ese triunfo. En ese sentido, el presidente (Ricardo) Lagos invitó a la ciudadanía a superar esa Constitución, pero sólo pudo avanzar en una pequeña en una reforma acotada en 2005, que fue importante. Con posterioridad, la presidenta (Michelle) Bachelet avanzó en un proceso participativo que quedó frenado en el Congreso y, producto del estallido social de octubre de 2019, se gatilla el otro proceso que fracasó el año pasado y ahora está produciéndose y que tiende a asemejarse.

- ¿Cómo ve la discusión que se está dando en el Consejo Constitucional en este segundo proceso para cambiar la Carta Magna?

- Ese proceso está en pleno desarrollo y yo como ministro del Gobierno tengo que mantener cierto respeto por la autonomía del Consejo Constitucional, pero lo que uno ve es que estamos repitiendo discursos identitarios. El proceso anterior estuvo presente eso desde la perspectiva de la izquierda y, ahora, desde la perspectiva de la derecha. Esto probablemente complejiza el cómo superar el problema constitucional chileno. Sigue siendo un problema relevante en el sentido simbólico del término, la Constitución -que son las reglas jurídicas de cómo se ordenan los poderes públicos- es algo que no hemos podido cerrar todavía. Por eso, debemos tratar de concordar. Esto es una conversación que se da cuando se producen vientos de distintos lados donde cualquiera que pueda creer que tiene certezas sobre cómo cerrar y afincar sus ideas hoy, creo que no está leyendo bien lo que ha sucedido en los últimos años en el país.

- El presidente Boric se reunió con Piñera y firmó con todos los ex presidentes un acuerdo "Por la democracia, siempre" e invitó a la firma del "Acuerdo de Santiago", que refiere a lo mismo a todos los partidos políticos, algunos de los cuales se negaron a firmarlo, como ya mencionó, ¿lo toman como una medida de reconciliación en el marco del trabajo que llevan adelante sobre la memoria con distintos sectores como los militares o la ultraderecha?

- El Gobierno lo anunció del siguiente modo: que concordemos en un discurso que es común, que tiene que ver con proteger la democracia y por eso el discurso es "democracia siempre". Democracia es memoria y futuro. Es decir, no es posible construir el futuro sin memoria. El objetivo central es que no perdamos de perspectiva que es muy relevante sostener la memoria como una manera de garantizar la democracia del futuro con todas las diferencias que cada uno de nosotros pueda tener. Creo que, a estas alturas, el país ha venido conversando de reconciliación desde el retorno a la democracia y, en tiempos en donde la democracia es frágil en distintas partes del mundo, donde Chile tiene conciencia de la fragilidad, de los efectos de la fragilidad de la democracia y de los costos que implica cuando entra en crisis, lo relevante es cómo tener un pacto relativamente simple y básico de que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. No con medios espurios alternativos que impliquen el uso de la violencia de la fuerza u otro mecanismo de coacción ilegítima para adoptar decisiones.

- ¿Cuáles serán las estrategias para lidiar con esos grupos de ultraderecha en el Congreso, a donde también el Gobierno piensa tratar distintas políticas vinculadas a la memoria?

- Nosotros vamos a avanzar con algunos proyectos que están en tramitación. El Gobierno va a indicar algunos que tienen que ver con el reconocimiento de persona ausente, una regulación más específica para el delito de desaparición forzada, que no cubre los delitos de lesa humanidad que nosotros ya tenemos regulados; el establecimiento de reglas para permitir el acceso a determinada información, que se encuentra en los antecedentes del informe de la Comisión Valech -que están sometidos a una reserva para proteger a las víctimas- para ver si hay antecedentes que puedan ser útiles para construir las trayectorias de personas detenidas desaparecidas en el contexto de Plan de Búsqueda. Además, el Gobierno ha anunciado un proyecto de ley para abordar sitios de memoria como mecanismo de reparación y como un mecanismo de garantía de no repetición permanente dado que la legislación actual está vinculada a monumentos nacionales y más bien resulta insuficiente con esos fines. El Gobierno está apuntando a iniciativas de esas características en el Congreso, aunque Plan nacional de Búsqueda ha sido diseñado un modo tal que no requiera aprobación legal.

- Este Gobierno emergió después de la revuelta popular de 2019 y Boric en su en su inicio de gestión habló de los presos de los presos políticos y de las violaciones a los derechos humanos durante esos meses. ¿Sigue en marcha algún plan de abordaje respecto a ese tema?

- Sí, el Estado de Chile recibió tres informes de organismos internacionales en materia de derechos humanos y tuvo una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hizo un conjunto de informes y de recomendaciones. El Estado tiene un compromiso sujeto a supervisión, en ese sentido, para rendir cuentas, de modo que se está avanzando en medidas de reparación capacitación y similares.