Nueva Constitución chilena: la fortaleza de la derecha y el fuerte rechazo popular ponen en peligro el proceso

El segundo derrotero hacia una nueva Constitución en Chile está llegando a su fin. Durante este mes, el Consejo Constitucional trabaja en distintas enmiendas para terminar de afinar el borrador que entrará en revisión este miércoles para tener listo texto final el próximo 7 de noviembre, para ser sometido a plebiscito un mes después. El proceso está guiado por actores de derecha y ultraderecha que impregnaron su impronta al texto: dieron el visto bueno a normas que ponen en riesgo el acceso al aborto, otras que relativizan la responsabilidad del Estado o que restringen el derecho a huelga. En las últimas encuestas, una vez más, predomina el rechazo popular con un 50%.

A mediados de septiembre, el Consejo Constitucional comenzó una serie de 24 sesiones para aprobar, modificar o rechazar las enmiendas propuestas por los distintos bloques y trabajadas en cuatro comisiones: sistema político, reforma constitucional y forma de Estado; función jurisdiccional y órganos autónomos; principios, derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El texto sobre el que se trabajó es el borrador de la Comisión Experta electa en paridad por el Congreso de la Nación.

“Su propuesta era lo que los especialistas llaman una ‘Constitución habilitante’, es decir, que permite que las ideas de todos los sectores compitan democráticamente y que las mayorías definan cuál se convierte en ley”, explicó en un informe reciente el Centro de Investigación Periodística (Ciper). Sin embargo, eso no pareciera verse reflejado en el nuevo documento. Ciper especificó, en ese sentido, que el Partido Republicano (PR) y Chile Vamos -de ultraderecha y derecha- utilizaron en este último tramo un mecanismo excepcional -las Enmiendas de Unidad de Propósito previstas para resolver problemas de redacción y estilo- como “instrumento para asegurar una propuesta constitucional a la medida de sus convicciones”.

Las limitaciones al Estado social de derecho

Cuando se propuso erradicar la Constitución de 1980, escrita por el dictador Augusto Pinochet y sus aliados, la base del reclamo estuvo en tener la posibilidad de generar un cambio en torno al rol del Estado: que pasara de ser uno subsidiario a uno social y democrático de derecho. Desde el primer intento de reescritura de la Carta Magna se buscó que fuera el Estado –y no los privados- el que garantizara derechos como la salud, la educación y las pensiones. En el repaso de lo aprobado hasta ahora esos lineamientos parecieran quedar cada vez más lejos.

Para el caso, El Destape consultó a Catalina Gutiérrez, directora de La Neta, portal creado por la organización feminista Corporación Humanas en 2021 para informar el paso a paso del proceso constituyente. “Hay normas a las que le han bajado la intensidad”, aseguró y puso como ejemplo que la determinación de “Estado social y democrático de derecho”, que estaba en el primer artículo, quedó en segundo lugar. Y, además, en los casos de salud como de pensiones en cierto modo, dijo, “se constitucionalizaron” los sistemas privados que en la actualidad son las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) al ser reconocidos esos sistemas en la letra de la ley.

La gratuidad universitaria –un derecho por el que se viene peleando desde 2006, al menos- tampoco fue tenida en cuenta.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por su parte, llamó a una movilización para este 3 de octubre para reclamar por las restricciones en la libertad sindical. Es que, el derecho a huelga quedó circunscripto a la negociación colectiva y prohibida para empleades del Estado. “No aceptamos que sea negado constitucionalmente, la huelga es un derecho y así los establecen los acuerdos internacionales”, declararon en un comunicado. Allí, también denunciaron el "saboteo político" por parte de la extrema derecha.

“Hay una crítica que se escuchó en el Consejo que dice que se constitucionaliza la libertad en lo económico, pero no de los valores y derechos. Todo está mega-hiper restringido, temas religiosos, de opinión. Es demasiado liberal la propuesta y hay estudios, de Ciper por ejemplo, que muestran que esta Constitución no responde a las demandas históricas”, marcó.

Derechos para mujeres y LGBTI+ y sistema político

Desde el punto de vista de Gutiérrez, la primera “gran controversia” se dio después de las fiestas patrias. “La ley protege la vida de quien está por nacer” es el texto que el Consejo dio por avalado. A través del mecanismo excepcional antes mencionado se cambió un “que” por un “quien”. "La bancada republicana elige la vida, mientras que ustedes eligen la muerte", dijo para defender su posición antiabortista la consejera republicana María de los Ángeles López, con una norma que podría poner en jaque la ley de aborto en tres causales, de 2017. A esto, se sumó la aprobación de la objeción de conciencia individual e institucional, que también las organizaciones feministas y de derechos humanos, dijeron, podría atentar contra los derechos de las mujeres y LGBTI+.

“La intención de estas enmiendas (ya declarada expresamente por algunos consejeros) es cuestionar la constitucionalidad de leyes vigentes, a las que se han acogido muchas mujeres en Chile en situaciones gravísimas”, denunciaron en un comunicado conjunto diversas organizaciones, Corporación Humanas, entre ellas.

En cuanto al ordenamiento político, uno de los puntos que generó tensión fue la reducción de escaños en la Cámara de Diputados y Diputadas de 155 a 138. “La derecha no presentó argumentos para esto y nunca justificaron de dónde salió ese número”, señaló Gutiérrez. Quedó afuera la paridad, tanto como el intento de aspirar a ello: ni siquiera se dio la posibilidad de establecer una “corrección de distribución de escaños” cuando algún sexo superara el 60% de las bancas. En algunos casos, los detalles son mínimos, pero de fuerte impacto: como cambiar el “garantizar” por el “promover” acceso igualitario a los derechos para varones y mujeres como responsabilidad del Estado, por ejemplo.

Seguridad y Defensa

En materia de seguridad y defensa, fue aprobada una norma que establece el tipo de justicia al que deberán enfrentarse los militares: “Ya sea en acto de servicio militar o en cumplimiento de sus funciones, serán conocidos por la jurisdicción militar”, reportó el portal BioBio. Gabriel Osorio, del Partido Socialista y miembro de la Comisión Experta, indicó que “esto implica un retroceso enorme”. La ley fue cambiada en 2010, justamente, tras una huelga de comuneros mapuche que reclamaron por esa situación. También fue rechazada la norma que establecía que las FFAA deben respetar el orden democrático y de derechos humanos.

¿Cómo sigue el proceso constituyente?

El Consejo Constitucional cerrará sus sesiones este miércoles y lo despachará a la Comisión Experta, que no tiene mayorías de ningún partido y es paritaria. Allí comenzará un proceso de verificación hasta el 7 de noviembre, cuando deberá entregarse el borrador a ser plebiscitados. Entre esas fechas, se harán observaciones que serán despachadas al Consejo Constitucional, que tendrá la última palabra. Cada observación deberá ser aprobada por un quórum de 3/5, en mano de las derechas. Las observaciones que no alcancen el 3/5 para aprobarse o los 2/3 para ser rechazadas pasarán a una Comisión Mixta integrada por 12 personas mitad Consejo, mitad Expertes. Esa Comisión Mixta propondrá soluciones para las observaciones que no hayan sido resueltas y van a ser derivadas al Consejo para su aprobación final y entrega. En caso de que eso no ocurra, el proceso entra en peligro y podría no llegarse al plebiscito del 17 de diciembre.

Las sensaciones y la opinión de la población 

La última encuesta dada a conocer la semana pasada de Data Influye de la Consultora Tu Influyes revela que un 50% de la población está “más en contra” del texto que todavía se está escribiendo. Sólo un 10% afirmó estar “más a favor”. Los números de la encuesta Cadem, en tanto, son 59% por el rechazo y 21% a favor y el 64% de la población acuerda con que Chile necesita una nueva Constitución.

Data Influye estableció que, de rechazarse la nueva Constitución, no habrá “ninguna consecuencia si se sigue con la constitución actual”, con un 44%, mientras que apenas un 18% considera que habrá “mayor incertidumbre”. Ahora bien, a pesar de esto, el director de Tu Influyes, Axel Callís, señaló ante este medio que, a su entender, "en este segundo proceso nunca ha habido información, interés ni predisposición a aprobar".

Según Callís, una de las razones que explican el rechazo está el hecho de que la gente lo que percibe es "mucha polarización de la élite, mucha mala energía, desencuentro y, sobre todo, poca cooperación y acuerdo". En tanto, dijo respecto a quienes más se informan con lo que se encuentran es "algo que no le habla a la cotidianidad de las personas. La gente piensa que va a resolver cosas del presente", dijo. Más allá de todo, el analista, consideró que el proceso "está muerto" y que, por el momento, "no hay ningún indicador que pueda decir que puede salvarse".

Este resultado llevó a que las observaciones negativas no solamente las hicieran desde de los sectores progresistas, de la izquierda o el oficialismo. Partidos del centro como Amarillos por Chile o Demócratas, también encendieron las alertas al entender que hay normas que se aprueban “sin consenso”, dada la mayoría automática que reúnen el PR y Chile Vamos. “Lo que está saliendo hoy día, me aleja mucho de la posibilidad de votar a favor”, dijo el senador amarillo Matías Walker a La Segunda. Además, llamaron a generar "acuerdos" para tener un "texto lo más consensuado posible".

En esa línea, Gutiérrez, opinó que “es una posibilidad que no haya plebiscito en diciembre" por la cantidad de críticas que hay desde el oficialismo y "diferentes sectores políticos ven que no hay acuerdos transversales", señaló. "Venían a hacer algo diferente a la Convención (el anterior proceso), pero al final se repite, pero con una mayoría de derecha”, advirtió. Quizá por eso es que el presidente, Gabriel Boric, se manifestó al respecto: “La Constitución tiene que reflejar los consensos que tenemos entre los chilenos, no solamente los de un sector. Yo estoy preocupado del éxito del proceso”, dijo a mediados de la semana.