Chile: las claves y desafíos del nuevo proceso constituyente

Chile se encuentra de cara a un nuevo proceso constituyente. La reescritura de la Carta Magna tuvo su primer ensayo hace apenas dos años, en 2021-2022, impulsado a partir de una revuelta política y social que exigió ponerle fin al legado de la dictadura de Augusto Pinochet. Tras el fracaso -con el rechazo en un plebiscito por el 62% del electorado en septiembre pasado-, el Gobierno de Gabriel Boric promovió una nueva iniciativa muy distinta a la anterior. Esta vez, la derecha radical logró la mayoría en el Consejo Constitucional y las organizaciones de base independientes sociales y políticas ya no tienen prácticamente voz, en un proceso que estará “más controlado por las elites partidarias”, señaló ante El Destape la analista política académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Isabel Castillo.

Para llegar a esta nueva instancia, el Ejecutivo estableció alianzas en el Congreso que le permitieron aprobar en enero de este año la ley 21.533. Allí, se establecieron los órganos, las fechas y los plazos de entrega del nuevo borrador. El cierre será el 17 de diciembre de 2023, cuando se realizará un nuevo plebiscito en el que la población asistirá, una vez más, a las urnas para decidir si aprueba o no la propuesta.

“Va a haber una disputa importante en torno a qué rol van a tener los privados y cómo van a quedar en la Constitución”, marcó Castillo ante este medio, dado el triunfo del derechista Partido Republicano. Ese es el eje troncal de la discusión dada desde los sectores sociales que estuvieron en las calles en 2019 que sintetizaron en la consigna “no son 30 pesos, son 30 años” -en reclamo contra el aumento de la tarifa del transporte- las desigualdades estructurales que viven en términos políticos, económicos, sociales y de acceso a servicios básicos como la salud, la educación y la jubilación, todas mediadas por privados gracias a la Constitución actual, escrita en 1980, por Jaime Guzmán, principal colaborador de Pinochet; y por los Chicago Boys. 

Dadas las pautas establecidas desde el Legislativo y el Ejecutivo, es que Castillo consideró que se trata de un “proceso más controlado por las elites partidarias”, pese al desinterés y la apatía que reinó durante toda la campaña y que quedó reflejada en el 21% de votos nulos y en blanco que tuvo la elección del domingo pasado, en donde asistió el 85% del electorado en una votación por primera vez obligatoria.

¿Qué definió la elección del domingo?

Las y los ciudadanos chilenos eligieron el último domingo a les 51 integrantes del Consejo Constitucional. Fueron cinco las listas que se presentaron y el gran ganador de la jornada fue el Partido Republicano (PR) -con 23 bancas y poder de veto, y 35,4% de los votos-, cuyo mayor referente es el dirigente de extrema derecha José Antonio Kast, que compitió en el ballotage contra el mismo Boric en las últimas elecciones presidenciales y que se identifica con exmandatarios como Donald Trump o Jair Bolsonaro. Un nostálgico de la dictadura, que hasta incluso militó -junto con su propio partido- en contra de realizar cualquier modificación a la Constitución.

“Nunca quisimos que esto sucediera, pero como fue una decisión democrática entonces somos parte. Es algo que en nuestra posición no era necesario”, declaró ante la prensa el domingo por la noche la electa consejera republicana Claudia Mac-Lean. Acto seguido, señaló sus “prioridades”: “Defender a chile de la izquierda radical” y “cuidar” lo que se tiene.

Al PR, le siguen en cantidad de escaños: el oficialismo representado en la lista Unidad para Chile, con 16 (28,5% de los votos); y Chile Seguro (o Chile vamos, en representación de la centro-derecha del expresidente Sebastián Piñera), con 11 (21%). El último lugar, es un escaño reservado para los pueblos originarios logrado por la araucana Kinturay Melin Repiman.

Para Melin Repiman el desafío en los próximos meses es “crear una mayoría democrática”, declaró ante este medio. “Creo que tenemos que unirnos todas las fuerzas que creemos en la democracia, en el bien común, para crear un Chile más justo con las herramientas necesarias para que la gente pueda vivir bien”, sostuvo. En esa línea, consideró que será necesario “ponerse de acuerdo” para ello, dijo, la tarea estará en “ser conciliadores, negociadores y colocar a las personas por delante de las ideologías”.

“El reconocimiento constitucional de quienes habitamos Chile -y eso incluye a los pueblos originarios- debe estar presente en esta carta fundamental, el reconocerse es poder tratarse con dignidad y desde ahí es que debemos partir para que esta carta tenga los estándares mínimos de democracia”, afirmó Melin Repiman. En Chile, los nueve pueblos originarios están reconocidos por ley, pero no en la Constitución.

Diferencias y similitudes con el proceso anterior

En 2019, cuando se cumplía un mes de la revuelta política y social que encendió a Chile, el entonces presidente Piñera trocó su permanencia en el poder por un “Acuerdo de Paz” entre las élites políticas tradicionales -excepto el Partido Comunista- que fue firmado el 15 de noviembre de 2019, que permitió llamar a un plebiscito para una Constituyente. El actual presidente y entonces diputado, Boric, firmó el pacto pese a la falta de acuerdo de su partido, Convergencia Social-Frente Amplio. Poco más de un año después, se realizó la consulta popular en donde el Sí, apruebo ganó por casi el 80 por ciento con una participación que se consideró histórica (más del 50 por ciento) en una votación no obligatoria.

El Gobierno de Boric asumió su mandato con la promesa y el impulso de aquellas bases sociales cuyas demandas capitalizó para llegar a la presidencia. Pero ante el fracaso del plebiscito de salida -con voto obligatorio-, decidió dar de nuevo las cartas. Castillo, que también es investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, hizo ante El Destape un repaso de las principales diferencias entre ambas instancias:

• Una de las principales características del proceso anterior es que se definió una hoja en blanco, es decir, partir de cero la redacción misma del texto. Para esa tarea fue electa una Convención con 155 integrantes a través de un mecanismo que seguía la elección de la Cámara de Diputados y Diputadas. “Fue un proceso paritario, que contó con 17 escaños reservados para indígenas”, indicó Castillo que resultó en un texto que consagraba el “Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico”, tal lo disponía en su artículo 1. Contenía una perspectiva feminista, ecologista e indigenista.
• Otra característica “novedosa” es que se permitió que compitieran listas de independientes. En Chile, no pueden ir solos, sino ser invitados por algún partido. En ese caso, se permitió que se agruparan y se presentaran. “Respondiendo a la deslegitimación de los partidos políticos, las listas de independientes consiguieron el 40% de los escaños. Esas listas tendían a la izquierda, algunas más de centro izquierda, con origen en movimientos sociales, respondiendo a esta sociedad civil organizada pre y post revuelta”, analizó Castillo.
• La derecha, en ese momento, no consiguió tener el tercio para vetar las normas propuestas. En la actualidad es al revés: ninguna norma podrá ser aprobada sin su visto bueno.
• Para el acuerdo previo a aprobar la ley 21.533, fueron establecidas 12 bases constitucionales, por lo que esta instancia no parte de una hoja en blanco; y tampoco es una Convención la que trabajará, sino que son tres órganos. En tanto, en los 12 puntos se consagra a Chile como un “Estado unitario”, que Castillo definió como “temas amplios, que la mayoría diría que busca mantener aquello que se había intentado eliminar, el estatus quo, como el Estado subsidiario que se señala”. En esa línea, marcó que, la clave está en la discusión de qué significa que Chile sea un “Estado social y democrático de derecho, que apunta a que el Estado tenga un rol en el aseguramiento de derechos sociales al estilo de la social democracia”.
• “Lo que defienden desde el Partido Republicano es la libertad de elección, cómo se va a compatibilizar eso con el Estado social de derecho es el tema de debate, porque quieren, en cierto sentido, que sea un Estado social de derecho subsidiario, lo que es contradictorio. En ese sentido, será importante el Comité Técnico (N de R: uno de los órganos creados para esta instancia), que va tener que dirimir y definir qué es”.
• Otra “gran diferencia” es que el Consejo tuvo reglas de elección distintas. En esta ocasión, se siguieron las reglas del Senado, por eso es más pequeño y sólo tiene 50 escaños más uno de los reservados para los pueblos originarios. Aquí, se mantuvo la paridad y no hay listas de independientes, excepto quienes fueron invitados por partidos. La sociedad civil no tendrá en esta ocasión la misma participación: “Va a existir un proceso de participación ciudadana, con iniciativas de norma que se podrán presentar y espacios para audiencias, pero con un tiempo más acotado”, en donde lo más "sustancioso" serán los debates por los derechos sociales y en donde, está prácticamente definido, las cuestiones vinculadas a los derechos de las mujeres y comunidad LGBT no tendrán lugar. Son sólo cuatro meses contra 12 que tuvo la Convención.
• Para Castillo, el interrogante está en cómo será la actuación de este Partido Republicano, que obtuvo la mayoría: “No lo hemos visto mucho en el ejercicio del poder. En el Congreso no es demasiada la disciplina interna. Uno de sus diputados ya dijo que no iban a respetar las bases poque no las firmaron. Entonces, creo que va a haber una cierta tensión entre un sector más moderado, que busca proyectarse en el tiempo; y otros más radicales. Habrá que ver cómo se va a desarrollar esa tensión en este sector”.

Órganos y funciones

Comisión Experta: fue designada por el Congreso Nacional y está compuesta por 24 personas (de manera paritaria) que elaborarán un anteproyecto de Constitución, que será entregado al Consejo Constitucional. Al final del proceso -encarado por el Consejo- también podrán hacer observaciones.

Comité Técnico de Admisibilidad o (árbitros): son 14 abogadas y abogados, también designados por el Congreso, deberán velar para que se cumplan doce bases del acuerdo que dieron curso al proceso. Actuarán solo cuando un grupo de consejeros o expertos lo soliciten.

Consejo Constitucional: electo por voto popular, será el encargado de redactar el documento borrador. Su primera sesión está programada para el 7 de junio en la sede de Santiago del Congreso Nacional. Elegirá a su mesa directiva, compuesta por un presidente (a) y un vicepresidente (a), que serán electos mediante una sola votación. El 7 de noviembre es el plazo máximo para la entrega del borrador. El plebiscito de salida se realizará el 17 de diciembre.

Las bases constitucionales

"Chile es una República democrática, unitaria y descentralizada", define el texto del acuerdo con las 12 bases Constitucionales. Allí, se incluyeron, también, los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados. Establecen cuáles son los emblemas nacionales, los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo independientes entre sí y consagra como órganos autónomos al Banco Central, Justicia Electoral, Ministerio Público y Contraloría General. Así como habla del “derecho a la vida”, se refiere a la “libertad de enseñanza” y al “derecho de propiedad”. Declara, también, la subordinación al poder civil la existencia de las Fuerzas Armadas y a Carabineros. Y, por último, se compromete al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad.