Chile asistirá una vez más a las urnas para decidir si se aprueba o rechaza una nueva propuesta de Carta Magna elaborada por el Consejo Constitucional. Es el segundo plebiscito que se realiza en un año, por ende, el segundo texto que llega a las manos de la ciudadanía, con la intención de erradicar la escrita durante la dictadura pinochetista. A diferencia de la ocasión anterior, la ultraderecha lideró el proceso, por lo que el resultado encendió las alarmas de las organizaciones y defensores de derechos humanos que advierten que esta iniciativa “deja a la ciudadanía aún más desprotegida”.
Son 15.406.352 personas las habilitadas y obligadas a votar este domingo, de las cuales 127.552 lo harán en el extranjero, según informó el Servicio Electoral del país vecino. Todes deberán responder a la pregunta ¿Está usted a favor o en contra del texto de Nueva Constitución?, para lo que habrá dos opciones: “A favor” o “En contra”.
Las encuestas, hasta el momento, daban por seguro ganador a la opción "En contra", sin embargo, en los últimos sondeos los números son muy distintos. El informe publicado por Studio Público hace dos semanas señala que el "A favor" creció 10 puntos y pasó de 30,4% al 40,3%, mientras que el "En contra" cayó del 53,5% al 50,3%. Para Black & White, que realizó un sondeo durante dos meses, el "A favor" también creció y los relevamientos le dieron un 48%, y 52% para el "En Contra".
Si gana el "En contra" el Gobierno anunció que no habrá otro proceso más.
En contexto
La discusión sobre una nueva Constitución se instaló con fuerza en el país trasandino durante la revuelta social y política de 2019, durante el entonces gobierno de Sebastián Piñera. Fue la síntesis de una serie de demandas que parte de la ciudadanía levantaba hacía tiempo: por la educación y la salud públicas, en contra de las AFP (sistema de pensiones privatizado), por el derecho al agua y los derechos sexuales y (no) reproductivos.
Entonces, el acuerdo entre las élites políticas abrió el primer proceso que fue dominado por la ciudadanía pro derechos humanos, feminista y ambientalista, en una Convención Constitucional que finalmente fracasó. El 4 de septiembre del año pasado, un 61,1% de la población votó en contra y el 38,1 a favor.
El segundo proceso fue impulsado por el Gobierno de Gabriel Boric y aprobado por el Congreso Nacional. Trabajaron para elaborar esta propuesta una Comisión Técnica y un Comité Experto -ambos con electos en paridad por el Congreso- y el Consejo Constitucional, el órgano más importante, electo por la ciudadanía en el que la ultraderecha del Partido Republicano (PR) y la derecha tradicional de Chile Vamos conquistaron 33 de las 50 bancas.
¿Qué se define?
Las lecturas en cuanto a lo que se definirá este domingo son variadas: desde el fracaso del Gobierno que no consiguió acumular el capital necesario como para llevar adelante el proceso; así como que el triunfo sería de la derecha, en cualquier caso, dado que sea como fuere el espíritu pinochetista está presente en la Constitución actual como en la nueva. “La derecha ha hecho una campaña muy fuerte y eficiente en la que asoció estar a favor de la propuesta con un rechazo al Gobierno", que “tiene muy poca aprobación”, señaló ante El Destape la lectura de la coordinadora del programa de Psicología Social de la Memoria de la Universidad de Chile, Isabel Piper. Mientras que se logró asociar el estar "en contra", a estar a favor de la Constitución de Pinochet". Esto, para Piper, generó un escenario de “confusión”, pero aún así, ella entiende que "si gana la nueva Constitución, es una señal de rechazo muy fuerte al Gobierno y de avance de la ultraderecha".
Ese gesto de la ultraderecha, “se ha vuelto muy macabro que se hable de la aprobación como una forma de desestabilizar al gobierno de turno, siendo que estamos votando por el documento que nos regirá por décadas, independiente de quien esté al mando”, planteó ante El Destape la directora de incidencia de ONG Amaranta, Karen Vergara.
Las visiones contrapuestas quedaron explícitas en las posturas de dos expresidentes. La primera en pronunciarse fue Michele Bachellet: "Esta propuesta no nos une como país (…) nos divide", dijo tras hacer un repaso por diversos puntos que marcarían “retrocesos” en materia de derechos para mujeres, infancias y en seguridad. En este caso, acompañan la alianza de Gobierno Frente Amplio, el Partido Comunista, Acciones Humanista, el Partido Demócrata Cristiano y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), entre otras.
Luego, llegó la voz de Eduardo Frei: “Este no es un voto por la extrema derecha ni por sus ideas, es un voto que se funda en mi convencimiento de que debemos cerrar esta etapa, recuperar la estabilidad perdida”, dijo en un video difundido en sus redes sociales, en donde también aclaró que las críticas son signo de la “intolerancia” que se vive. En este sentido se alinearon -con divisiones internas- el PR, la alianza Chile Vamos -donde confluyen diversos partidos- y el Partido de la Gente, más las organizaciones Amarillos por Chile y Demócratas
Tras proceso que se sentó en las antípodas del anterior, lo que explicó Vergara es que lo que sucede en el país trasandino es que “no está existiendo consenso ni voluntad de establecer mínimos comunes civilizatorios para sostener la democracia”. Desde su visión las discusiones entre partidos, principalmente desde la oposición -pero también de algunos diputados y senadores de partidos oficialistas como el Partido Socialista-, están “absolutamente plagadas de desinformación, descalificaciones personales, y posiciones extremistas que impiden trazar marcos de colaboración para abordar el bienestar de la ciudadanía”.
Los ejes más controvertidos del texto
La propuesta contiene 17 capítulos, 216 artículos y 62 disposiciones transitorias que definen la forma de Gobierno, los deberes constitucionales, derechos, libertades y garantías, entre otros puntos.
Más allá que se logró establecer el "Estado social y democrático de derecho", que era una de las principales demandas ciudadanas, la predominancia de las posturas ultraderechistas logró pnoer en jaque la idea del Estado como garante de derechos: “Lamentablemente no garantiza que vayan a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de las personas, tampoco asegura igualdad. Por el contrario, la desprotección que generaría es realmente alarmante”, dijo Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile en un comunicado.
Tanto Amnistía, como el Centro de Investigación Periodística de Chile (Ciper), la ONG Amarantas y la Coordinadora 8M, entre otras organizaciones coincidieron en el listado de diferentes derechos que, desde Ciper, señalaron explícitamente que “impedirían la competencia democrática de todas las ideas”. Se trata de: aborto y derechos sexuales y (no reproductivos), salud, educación, derecho a huelga, pensiones y la falta de participación paritaria, entre otras.
“Continuará el lucro y la discriminación en las AFPs (sistema de pensiones), Isapres, inmobiliarias, clínicas y educación privada”, sintetizaron en su proclama desde Amarantas. Pero no sólo eso, las organizaciones coincidieron en que "corre riesgo" el acceso al aborto al determinar que la ley "protege la vida de quien está por nacer" y al constitucionalizar la figura de la objeción de conciencia, que hasta podría traer implicancias en el acceso a la píldora del día después.
En los casos de salud y educación, el Estado queda en un rol de "sostenedor" y no de "garantizador" de esos derechos y para las pensiones "se limita a constitucionalizar la existencia de prestadores que administren cotizaciones previsionales (AFP) y la libertad de elección, es decir, el derecho a elegir libremente la institución estatal o privada, que los administre e invierta, sin obligar a estas entidades a cumplir sus funciones libres de discriminación”, señaló Amnistía.
En cuanto al derecho a huelga se establece que sólo está permitido en el marco de la negociación colectiva.
Para quienes militan el "A favor", el eje está puesto en la "seguridad", ya que cuenta con capítulos específicos para las Fuerzas de Seguridad como para las Fuerzas Armadas. Aunque organizaciones de derechos humanos y académicas también las criticaron por reñirse con los principios democráticos. Entre ellas, se establece la "expulsión en el menor tiempo posible" de migrantes que cometan delitos y constitucionaliza el derecho a la "legítima defensa" cuando sostiene que "corresponderá a la ley determinar las conductas o circunstancias en que el uso racional de la fuerza exime de responsabilidad penal. Se considerará especialmente la protección de las personas y sus bienes, impedir la comisión de un delito o asegurar el cumplimiento de un deber, en los términos establecidos en la ley”; y pone a las Fuerzas Armadas al mismo nivel que los tres Poderes del Estado, según el Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas, señaló Radio U de Chile.
Por eso, para Vergara, y muches de quienes votarán en contra, esta propuesta, "sólo profundiza aún más un modelo neoliberal en lo económico, profundamente conservador y restrictivo en lo social".
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