El presidente de Chile, Gabriel Boric, encabezó la primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo de Escazú -el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe- y expresó la necesidad de que los países de la región trabajen de manera conjunta para enfrentar la crisis climática. "Nos salvamos juntos o nos hundimos por separado, y yo creo que el Acuerdo de Escazú apunta a la idea de salvarnos juntos, de trabajar juntos", señaló el mandatario chileno en la apertura de su discurso.
Chile participó de la conferencia como anfitrión y observador, mientras que por Argentina estuvo presente Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático. En su intervención, la funcionaria argentina destacó que el Acuerdo Escazú es "más que un instrumento jurídico pionero en protección ambiental. Es un tratado de derechos humanos". Además agregó que "la región nos exige transformaciones urgentes para enfrentar la desigualdad, ampliar derechos y conducir a nuestros países hacia un desarrollo sostenible".
Pese a ser el país anfitrión, Chile aún no forma parte del Acuerdo de Escazú, debido a que la administración de Sebastián Piñera (2018-2022) decidió no suscribir este tratado, del que el país fue gestor y participó de la preparación bajo la presidencia de Michelle Bachelet. De todas formas, el 18 de marzo pasado, una semana después de su asunción, Boric firmó el proyecto de ley que busca sumar a Chile al Acuerdo de Escazú, y ahora son los parlamentarios quienes definirán si ratificar o no el acuerdo.
El presidente también se refirió a esta situación, dijo que confía en el Congreso y agregó: "Hemos dejado pasar demasiado tiempo".
Las reuniones en las que participarán autoridades y representantes oficiales de los países que ya son parte del tratado ambiental de la región, así como de otras naciones que están en proceso de serlo, serán para revisar el estado del avance en la implementación del acuerdo.
Entre los puntos principales del acuerdo -al que también suscribió la Argentina, donde entró en vigencia el 22 abril 2021- está garantizar la implementación plena de los Derechos de Acceso a la Información Ambiental, propiciar la participación pública en la toma de decisiones y favorecer el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
El acuerdo se firmó en septiembre de 2018 y se dio un plazo de dos años para que los países de la región lo suscribieran y ratificaran. Los que lo firmaron fueron 24, mientras que sólo lo ratificaron 12. Los países que ya forman parte del acuerdo son Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.
La COP1 se realizará hasta el viernes en la sede de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en Santiago de Chile.
Con información de Télam
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