La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de recomendar cargos penales por desacato contra Mark Meadows, el último jefe de Gabinete de Donald Trump, por negarse a declarar en la investigación del violento asalto al Capitolio de principios de año por parte de seguidores del expresidente republicano.
La decisión -la primera vez que la Cámara baja del Congreso de Estados Unidos recomienda a la Justicia que presente cargos por desacato contra un exfuncionario desde la década de 1830- fue aprobada anoche con 222 votos a favor y 208 en contra.
Tras la votación, fiscales federales deberán decidir si inculpar o no a Meadows, que queda a un paso de convertirse en el primer jefe de Gabinete de la Casa Blanca en ser procesado después de dejar el cargo desde H.R. Haldeman en el escándalo de Watergate hace casi 50 años.
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"Dimos a Mark Meadows todas las oportunidades para cooperar", dijo en un comunicado la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero, que buscaba impedir la certificación del triunfo del presidente Joe Biden sobre Trump en las elecciones de 2020.
"Él se metió en esta situación", agregó, informó la agencia de noticias AFP.
La comisión investiga hasta qué punto Trump estuvo detrás del asalto, que ocurrió luego de que el entonces presidente diera un discurso fuera de la Casa Blanca reiterando que su derrota electoral había sido fruto de un fraude y alentara a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio, la sede del Congreso en Washington.
Meadows, quien fue congresista durante siete años antes de sumarse al equipo de Trump en 2020, se niega a cumplir con una citación para comparecer ante el comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio, aduciendo un "privilegio ejecutivo" reclamado por el expresidente.
Ese argumento de defensa, que en teoría solo aplica para los presidentes en ejercicio que buscan mantener en privado conversaciones sensibles con sus asistentes, ya ha sido rechazado por un tribunal federal de apelaciones.
La comisión de nueve miembros, que votó el lunes para avanzar en el caso de desacato, busca respuestas sobre mensajes de texto y otras comunicaciones que Meadows ya reconoció que no son privilegiadas.
Los investigadores afirman que Meadows no puede invocar el derecho a guardar silencio puesto que este excongresista conservador publicó la semana pasada unas memorias en las que menciona hechos sucedidos el 6 de enero y unas conversaciones con Trump.
También ha hablado en numerosas ocasiones sobre el ataque en apariciones en horario estelar en el canal Fox News.
Durante la audiencia del lunes, la vicepresidenta de la comisión, la republicana Liz Cheney, hija del expresidente Dick Cheney, leyó mensajes frenéticos enviados a Meadows durante el asalto por parte de presentadores de Fox News, así como del hijo del presidente, Donald Trump Jr.
Cada uno le rogó a Meadows, infructuosamente, que consiguiera que Trump llamara a sus partidarios y parara la violencia.
Los mensajes dejaron en claro que, contrariamente a lo que afirmaban desde el 6 de enero, los miembros del círculo íntimo del expresidente estaban alarmados por la violencia y sabían que se trataba de un desastre político y una catástrofe para el país.
Cheney describió los textos como evidencia del "supremo incumplimiento del deber" de Trump durante las tres horas de inacción durante el asalto, cuando miles de sus partidarios irrumpieron en el Capitolio para detener la certificación de la victoria electoral de Biden.
En una nueva señal de que el cerco se cierra sobre figuras acusadas de participar en la invasión del Capitolio, el fiscal general demócrata de la ciudad de Washington presentó ayer una demanda civil contra dos grupos de extrema derecha, Proud Boys y Oath Keepers, por su papel en la violencia.
Pero el caso de Meadows es un asunto federal y el nativo de Florida de 62 años puede enfrentar cargos penales si, ahora que la Cámara remitió el caso al Departamento de Justicia, éste lo acepta y lo procesa.
El Departamento de Justicia acusó a Steve Bannon, exestratega de la Casa Blanca, de desacato penal al Congreso menos de un mes después de que la Cámara votara remitir su caso a la justicia.
La decisión sobre Meadows puede ser menos sencilla que la de Bannon, que no trabajaba para el Gobierno de Trump cuando ocurrió la insurrección.
El abogado de Meadows, George Terwilliger, dijo en un comunicado que la negativa de su cliente a cooperar no equivalía a una falta de cooperación, sino a un intento por "honrar" las reclamaciones de privilegio de Trump.
Con información de Télam
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