La tensión política en Bolivia sigue en aumento. El pasado domingo 27 de octubre, el ex presidente de Bolivia y principal líder popular, Evo Morales, fue víctima de un atentado mientras se dirigía a una entrevista radial en la zona del Trópico de Cochabamba, a unos 540 km al sureste de La Paz. Un comando interceptó el vehículo en el que se desplazaba, disparando 14 balas contra la cabina y las llantas. Este ataque renovó la discusión sobre el ejercicio de la democracia en Bolivia y el preocupante incremento de atentados contra líderes y lideresas sociales en toda la región.
El ataque finalizó con el chofer herido, con Morales resguardado en la radio gracias a otras movilidades que frenaron al comando atacante, que terminó escapando hacia el cuartel de la Novena División del Ejército, donde sus tripulantes se dieron a la fuga en un helicóptero que llegó al lugar. En medio de una tensa situación interna en el Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) y de un contexto político convulso, el hecho remite al Golpe de Estado de 2019, cuando el ex presidente también vió amenazada su vida.
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A partir de la denominada “Marcha para salvar la Patria”, encabezada por Evo Morales desde el 23 de septiembre, diversas acciones legales y tácticas de violencia simbólica y física han sido desplegadas en su contra, componiendo una estrategia calculada para erradicar su figura política de la escena del país.
Aún con los errores y las contradicciones de su líder, el evismo no es simplemente, y al día de hoy, una facción político-institucional. El evismo representa la visión política principal de una fuerza social, de base indígena-campesina con alianzas con sectores obreros y profesionales de la ciudad, que promueve la soberanía sobre los recursos naturales, el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos originarios, el carácter plurinacional del Estado, y un modelo de desarrollo que se aleja de la dependencia en inversiones extranjeras dominantes.
En esos términos, la neutralización de Morales y su proyecto constituye, en última instancia, un intento por suprimir estos ideales, asegurando el control sobre el litio y otros recursos estratégicos a una tecnocracia alineada con intereses internacionales y sectores corporativos.
Cronología de una ruptura
Uno de los primeros antecedentes notorios de la división interna en el MAS puede ubicarse en una dura columna de opinión publicada en enero de 2022, titulada “El síndrome de hurbis y la lucha por el poder”. El artículo, publicado en el diario estatal Cambio y firmado por Freddy Bobaryn López, entonces viceministro de Coordinación Gubernamental y aliado del vicepresidente David Choquehuanca, lanzaba una crítica directa contra Evo Morales. En respuesta, Morales, como presidente y principal líder político del partido, exigió la renuncia de Bobaryn, algo que el presidente Luis Arce no concedió sino hasta más de cuatro meses después, en mayo de 2022.
A medida que la interna del MAS se deterioraba en diciembre de 2022, Carlos Romero, exministro de Gobierno de Evo Morales, lanzó fuertes acusaciones contra el actual ministro Eduardo Del Castillo, a quien acusó de proteger al narcotráfico. Según Romero, Morales advirtió al presidente Arce que “tu ministro de Gobierno es narco” y, para sustentar su afirmación, presentó un audio en el que presuntos agentes de la DEA negociaban la entrega de teléfonos clave relacionados con Morales y otras figuras políticas, sugiriendo una colaboración encubierta entre la propia DEA y el gobierno para dañar la imagen del exmandatario. En este contexto, Teresa Morales, exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras, denunció públicamente que la Administración de Control de Drogas opera en Bolivia “con fines políticos”.
A inicios de este 2024, la interna avanzó hacia una fractura expuesta. El propio gobierno, surgido de las entrañas del propio MAS-IPSP, desplegó una serie de acciones destinadas a inhabilitar a Evo Morales, en una verdadera “fuga hacia adelante” por impedir que el liderazgo histórico del denominado “proceso de cambio” vuelva a tomar las riendas del país, involucrando en la jugada a actores del entramado judicial, político, mediático, económico y militar de Bolivia.
En enero, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Sentencia Constitucional N° 1010/2023, en la cual estableció que “el presidente y el vicepresidente en Bolivia solo pueden ejercer su mandato por dos períodos continuos o discontinuos”, lo que implica una reescritura de facto de la Constitución del Estado Plurinacional, sólo dirigida a inhabilitar a Evo Morales. Paralelamente, los magistrados del TCP –con acuerdo del Ejecutivo– extendieron su propio mandato de manera inconstitucional, al posponer repetidamente las elecciones mediante las cuales deberían renovarse sus cargos, ignorando las numerosas manifestaciones que exigían la realización inmediata de esos comicios, tal como lo estipula la Constitución.
Por otro lado, el pasado 26 de junio, una facción de las Fuerzas Armadas intentó un golpe militar fallido en Bolivia, encabezado por el general Juan José Zúñiga, jefe del Ejército boliviano. Zúñiga llegó a la Plaza Murillo, el corazón del poder político en La Paz, acompañado de soldados y vehículos blindados, con el objetivo de tomar la Casa Grande del Pueblo, sede del gobierno. Exigía la renuncia del gabinete del presidente Luis Arce, la inhabilitación política de todos los expresidentes —en especial Evo Morales y, en menor medida, Carlos Mesa— y la liberación de figuras que él consideraba “presos políticos”, como la ex presidenta de facto Jeanine Áñez y el líder cruceño y golpista Luis Fernando Camacho. En un acto de firmeza, el presidente Arce confrontó a Zúñiga, le ordenó la retirada y procedió a destituirlo junto a otros jefes militares involucrados. Poco después, Zúñiga fue arrestado y acusó al propio Arce, un amigo de colegio con quien solía jugar básquet, de haber “orquestado” el incidente para mejorar su popularidad.
El 15 de agosto pasado, la Cámara de Senadores aprobó la ley de suspensión de las elecciones primarias de candidatos con los votos de arcistas y opositores, y sin el apoyo del evismo, eliminando así la posibilidad de resolver las tensiones mediante elección democrática al interior del MAS-IPSP. Aún con actores de evidente extracción popular, indígena y campesina, el
El 17 de septiembre de 2024, Evo Morales inició una “Marcha para salvar la Patria” junto a más de diez mil seguidores en una ruta de 190 kilómetros hacia La Paz, como un llamado a defender los ideales de la también llamada “Revolución Democrática y Cultural”, reivindicando la participación activa de los movimientos sociales y denunciando el mandato de Arce como un gobierno de políticas neoliberales. Mientras, el presidente acusa a Morales de promover una “marcha de la muerte” y de intentar un “golpe de Estado”. Al poco tiempo de comenzar la marcha, los seguidores de Morales se encontraron con un bloqueo de unos mil simpatizantes de Arce, lo que desencadenó enfrentamientos y dejó 26 personas heridas, según reportó el Ministerio de Salud. Al llegar a la Paz, Morales expresó que “si Lucho (Arce) quiere seguir gobernando, primero, en 24 horas, que cambie a ministros narcos, a ministros corruptos drogos, que cambie a los ministros y ministras racistas, fascistas”. Solicitud que, obvio, Arce no aceptó.
El 18 de octubre de 2024, los seguidores de Morales cumplen cuatro días de bloqueos en el departamento de Cochabamba y otros puntos estratégicos del país. Exigen una solución a problemas económicos y rechazan un proceso judicial contra Evo por presunto estupro y tráfico de personas. Los bloqueos afectan rutas nacionales y una ruta internacional hacia Argentina. Arce, como respuesta durante un acto en la ciudad de La Paz, afirma que no cederá “ante quienes quieren incendiar el país para protegerse de acusaciones personales”, en clara alusión a Morales, y promete defender la estabilidad del país.
Esta cronología de hechos ilustra cómo las tensiones internas dentro del oficialismo en Bolivia han derivado en una ruptura profunda, en un parteaguas. En este contexto, el control del aparato estatal ha quedado, mayoritariamente, en manos de una pequeña burguesía urbana que, sin los beneficios del poder institucional, difícilmente hubiera alcanzado el gobierno. Del otro lado, la base indígena y campesina, en su mayoría alineada con Evo Morales, impulsa un intento por reencauzar el “proceso de cambio”. Así, más allá de los personalismos —con sus aciertos o sus errores—, este conflicto refleja una disputa de proyectos políticos, donde actores tanto partidarios como extrapartidarios —incluyendo la oposición— se alinean, en el conflicto, en uno de los dos bandos de la disputa. Esta lucha por proyectos y las alianzas políticas y sociales que los sustentan, atraviesa —y atravesó— a los gobiernos “progresistas” de América Latina, siendo Bolivia el caso más crudo.
La economía como Campo de Batalla
En el plano económico, Bolivia no se encuentra atravesando su mejor momento, sus principales ingresos son por exportación de gas y se han reducido. Esta situación recrudece un contexto en el que predominan la escasez de dólares, de combustible y un aumento desproporcionado de los alimentos (llevando a una suba de alimentos entre un 30% y 100%). El gobierno boliviano enfrenta dificultades para conservar reservas en divisas, esto impacta en una reducción de la importación de bienes esenciales. Como resultado directo aumenta la inflación mientras que la reducción en la exportación de gas proyecta escenarios más preocupantes.
En el mes de junio, durante la participación del presidente en la sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, dijo que si bien en cuanto a los negocios relacionados a recursos naturales “el Estado tiene que tener el 50+1 % de la participación de estos”, expresaba voluntad para recibir inversiones para la explotación, señalando que “Bolivia lo único que quiere es que el desarrollo esté basado en el aprovechamiento de nuestros recursos naturales”, y destacando que las inversiones en actividades como turismo, industria y agricultura están liberadas para inversiones extranjeras.
En suma, la problemática de la escasez de combustible, la creciente deuda externa, el aumento de la inflación y la alineación del presidente con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), es interpretado como un alejamiento al proyecto de cambio que caracteriza al MAS-IPSP y un acercamiento a políticas de tinte neoliberal.
Las preguntas abiertas de un conflicto de largo aliento
Previo al golpe de estado al gobierno de Evo Morales, en 2019, se diferenciaban con claridad como fuerzas sociales en pugna una contenida dentro del MAS-IPSP, con Morales como síntesis, y otra representando los poderes fácticos y sus alianzas transnacionales que se personificó en Jeanine Áñez. Luego del derrocamiento de Morales, se dio una suerte de empate de fuerzas, aunque bajo la presidencia de facto de Áñez. La salida institucional fue el llamado a elecciones, sin Morales como candidato.
Con el triunfo del MAS-IPSP y la asunción de Luis Arce Catacora como presidente, el 8 de noviembre de 2020, se reconfiguraron las fuerzas internas del “proceso de cambio”. A cuatro años de gestión, el conflicto principal dentro del MAS-IPSP se tradujo en esta disputa entre Evo Morales, personificación de las mayorías indígenas y trabajadoras, y Luis Arce, quien representa a sectores de la pequeña burguesía urbana y profesional. Arce, para consolidarse políticamente tras la interna abierta, ha ido recostándose en diversos poderes fácticos del país, especialmente en el gran empresariado agroindustrial de Cochabamba y Santa Cruz.
Aprovechando las tensiones internas en el oficialismo, ciertos sectores han impulsado una agenda de liberalización económica en un contexto de grave déficit en las reservas de gas, la principal exportación del país. Esto ha desembocado en una profunda crisis económica, que se hizo evidente en los últimos días con el desabastecimiento de combustibles, afectando tanto al transporte como a la economía en su conjunto. Además, la escasez de dólares en el mercado ha dificultado las importaciones, lo que ha generado aumentos en los precios de alimentos, con incrementos que oscilan entre el 30% y el 100%. La situación económica es tan acuciante que, a estas alturas, ya se sabe que el propio Presidente Luis Arce ya ha decidido bajarse de cualquier pretensión re-electoral.
Sin embargo, eso bajo ningún punto de vista pareciera traducirse en allanar la participación política de Evo Morales. Todo lo contrario, las energías gubernamentales están puestas en intentar destruir su figura política.
En ese contexto, las explicaciones del Ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sobre el intento de magnicidio a Evo Morales son, por lo menos, insuficientes. Si el problema fue que el expresidente evadió de manera ilegal un retén policial, ¿cuál es el protocolo por el cual se pueden justificar los 14 impactos de bala sobre un vehículo ciudadano, supuestamente desconocido, en fuga? ¿Cómo es que los supuestos policías tenían un Regimiento del Ejército a donde “huir” y desde el cual huyeron en un helicóptero militar hacia un destino desconocido? ¿En serio un simple retén de control policial tiene a su disposición semejantes medios militares a su disposición? ¿Quiénes son esos policías? ¿Por qué no hay registros fotográficos de ellos con uniformes?
Palabras finales
La dinámica dentro del MAS-IPSP y en el gobierno boliviano se mantiene en constante cambio, marcada por matices como el reconocimiento de Luis Arce a los resultados electorales en Venezuela y su apoyo a Palestina frente al recrudecimiento de la violencia por parte de Israel. Estas posturas se entrelazan con las descritas tensiones internas, que enfrentan a la cúpula del Poder Ejecutivo con fracciones sociales más populares, representadas mayoritariamente en Evo Morales. Ante este escenario, surgen una serie de interrogantes preocupantes: ¿son todas las fuerzas sociales con capacidad de disputar poder parte de la interna del MAS-IPSP? ¿Existe un horizonte claro en el campo popular boliviano de cara a las elecciones de 2025? ¿Se está formando una tercera fuerza social, de carácter reaccionario, que pueda aparecer como alternativa en medio de la crisis de gobierno? Y de ser así, ¿podría Bolivia seguir el mismo camino que tomó Argentina en 2023?
El desenlace de este conflicto no solo definirá el futuro de Morales, sino que también marcará el rumbo de Bolivia y repercutirá en toda la región. La incógnita persiste: ¿serán suficientes las maniobras judiciales y la represión para desarticular el evismo, o surgirá un movimiento más vigoroso que mantenga viva la lucha por un país más justo y soberano? Lo cierto es que este intento de eliminación política trasciende las fronteras bolivianas y anticipa una batalla cuyo impacto se hará sentir en toda América Latina y el Caribe.
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