Las declaraciones recientes de la Jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, sobre el interés de China en el triángulo del litio que forman Argentina, Chile y Bolivia entraron de lleno en la interna del oficialismo boliviano y abrieron un nuevo capitulo en una crisis que lleva varios meses. Mientras al Congreso de Bolivia ingresaron al menos dos proyectos de ley de la oposición que buscan desnacionalizar la producción del litio, diputados muy cercanos al ex mandatario Evo Morales denunciaron que el hijo del presidente Luis Arce está haciendo lobby para permitir que una empresa de origen chino participe del proceso de extracción de ese recurso.
Si bien Bolivia fue el último país de la región en empezar el proceso de extracción e industrialización del litio (2014), tuvo la particularidad -a diferencia de sus vecinos- de instalar un sistema enteramente estatal de entrada. Lo logró a través de la ley 928 y el decreto 181 que crearon la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y le otorgó la exclusividad en la etapa de extracción. Poco tiempo antes del golpe a Evo, el entonces presidente había logrado un acuerdo con una empresa alemana para que participe en la instancia de fabricación de baterías de litio. Después de idas y vueltas y el golpe en el medio, Arce logró retomar algo de esa iniciativa y hasta ahí no cambiar las líneas fundamentales del masismo.
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Pero la tensión entre el socio mayoritario del gobierno y el Presidente apareció cuando se conocieron documentos que mostrarían cómo el hijo de Arce negoció con empresas extranjeras contratos particulares para que ingresaran en los salares bolivianos y participaran del proceso extractivo del litio, algo que según la ley 928 solo está permitido para YLB.
En diálogo con El Destape, el diputado Héctor Arce, muy cercano a Evo y quien presentó las denuncias, explicó con preocupación que la actual gestión de Gobierno está queriendo cambiar todo el sistema productivo. "Estamos muy preocupados, son casi 11 años de gobierno de Evo en los que se avanzó en la extracción del litio con una tecnología que está probada y se aplica en varios países del mundo", explicó Arce, en referencia a la tecnología de piscinas de evaporación para obtener carbonato de litio. El diputado contó que hay varias empresas que quieren ofrecer al Estado de Bolivia un nuevo sistema que, según pudieron averiguar, no se aplicó aun en ningún país y que desplazaría a YLB, y, por el contrario, dejaría a las entidades extranjeras el monopolio de la extracción directa.
"Es algo que nos preocupa porque ya hay una tecnología que es boliviana y que funciona y estos movimientos lo que hacen es proponer dejarla de lado. Hablan de una gran tecnología de extracción directa, que haría el proceso mucho más rápido pero vemos que hay factores que no se están teniendo en cuenta como por ejemplo la cantidad de agua que va a necesitarse. Y si bien esos temas podrían resolverse, hay todo otro trasfondo que genera mucha duda y preocupación y tiene que ver con la transparencia del convenio que se quiere firmar y el proceso de selección de empresas", denunció el diputado en diálogo con El Destape.
Sin embargo, los argumentos del Gobierno de Bolivia se sustentan sobre en otro punto y es que el actual modelo de extracción hace que los tiempos y cantidades sean menores a las de su máximo potencial. Así lo explicó a El Destape el investigador y autor de Crónicas del Litio, Ernesto Picco: "Bolivia copió el modelo de extracción de litio de Chile pero lo copió mal porque geográficamente Chile y Bolivia son diferentes. Por ejemplo, en el Salar de Uyuni sucede algo que en Chile no y es que llueve, entonces la parte de la evaporación no sucede nunca. Eso, sumado a otros aspectos, hizo que Bolivia tuviera varios inconvenientes para extraer el litio y terminara con niveles muy bajos de producción".
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Pero más allá de las falencias que registre hoy ese sistema, lo valioso a los ojos del masismo es haber logrado sortear todo tipo de presiones y consolidarlo como estatal.
El primer freno que hubo ante intentos de privatizar la extracción de litio lo lideró la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Sudoeste Potosino (FRUTCAS) en la década del 90 cuando impidió que ingresara la minera estadounidense Livent Corporation. Ese es uno de los puntos fundamentales que para Picco se abren en este nuevo escenario: qué pasará con las comunidades originarias, qué participación van a tener y cómo va a ser la negociación. Porque, con las propuestas que tiene el Gobierno en la mesa, la participación del Estado en el proceso quedaría visiblemente reducida.
Así lo graficó a este portal también el ex ministro de Minería y Metalurgia durante el gobierno de Evo, Alberto Echazú: "La empresa extranjera haría todo. La geología, la planta de sal, la gestión administrativa mientras que YLB solo supervisaría, a los fines eso es no hacer nada. Cómo va a supervisar YLB la fase de concentración y extracción directa que es una tecnología nueva y que no conocemos".
A este escenario en las últimas semanas se le sumó otra "presión" -así fue definido por el Gobierno- cuando el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) hizo un paro de 72 horas para exigir que el Congreso trate una legislación que busca aumentar al menos siete veces las regalías que esa región recibe de la extracción de litio.
Potosí es la zona productora de litio en el suroeste boliviano, de donde proviene la fuerza FRUTCAS que le puso freno a la minera estadounidense y donde tiene fuerza Comcipo que agrupa a sindicalistas liberales y campesinos de arraigo regional y con poder para tambalear el orden de cosas.
Más de una vez lo hicieron con el MAS -recordó Picco- y un agregó un dato poco recordado: "Cuando fue el golpe a Evo, los movimientos de Potosí llevaban una semana con el país parado por las movilizaciones; es decir tiene un un poder de movilización e impacto político bien fuerte".
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