Aung San Suu Kyi, la derrocada líder civil de Myanmar y Nobel de la paz, sumó una condena a cinco años de cárcel por corrupción, mientras se analizan otras acusaciones en su contra que podrían mantenerla presa hasta su muerte. Un tribunal de la junta militar determinó que la mujer de 76 años aceptó un soborno de 600.000 dólares en efectivo y lingotes de oro de un político miembro de su partido Liga Nacional para la Democracia (LND). El extraño recorrido de una perseguida política que, una vez en el poder defendió un genocidio, para luego ser detenida por un golpe liderado por los mismos militares con los que co-gobernó.
Suu Kyi, quien fue durante al menos 30 años la cara de las esperanzas democráticas de Myanmar y se convirtió en una de las mayores decepciones para el campo de los derechos humanos tras asumir el gobierno, ya había sido condenada a seis años de prisión por incitación contra los militares, violar las reglas anticovid y una ley de telecomunicaciones, aunque permanecerá bajo arresto domiciliario mientras enfrenta otros cargos.
Las denuncias en su contra se llevan adelante bajo completo hermetismo: la prensa no pudo acceder hasta el momento a todos los juicios que se impulsan contra la líder civil birmana, en tanto que sus abogados no tienen permitido hablar con los medios. Lo que sí se sabe es que todavía debe dirimirse una amplia serie de acusaciones en su contra de violación de ley de secretos, corrupción y fraude electoral, entre otros, que pueden acarrear una condena global a más de cien años de cárcel.
Bajo una junta militar previa, Suu Kyi pasó largos períodos bajo arresto domiciliario en la mansión de su familia en Rangún, la mayor ciudad de Myanmar, la antigua Birmania. Actualmente permanece detenida en un sitio no revelado de la capital, y su contacto con el exterior se limita a sus breves encuentros con sus abogados antes de los juicios.
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El analista David Mathieson, del medio Independent Myanmar, dijo que la junta utiliza los juicios criminales para hacer que Suu Kyi sea "políticamente irrelevante". "Este es otro débil intento de afianzar el golpe", comentó a la agencia de noticias AFP.
Habida cuenta de su avanzada edad, "es posible que termine sus días en prisión", señaló por otro lado Phil Robertson, director adjunto de la sección de Asia de la ONG Human Rights Watch. "Destruir la democracia birmana significa, en primer lugar, deshacerse de ella, la junta no dejará nada al azar", señaló.
El golpe de Estado que derrocó a Suu Kyi el 1 de febrero de 2021 generó protestas y revuelo en todo el país, que los militares reprimieron por la fuerza. Desde el golpe, más de 1.700 personas murieron y más de 13.000 fueron detenidas en la represión contra los disidentes, según un grupo local de monitoreo.
Muchos otros aliados políticos de Suu Kyi también fueron detenidos desde el golpe, incluyendo un jefe de ministros sentenciado a 75 años de prisión, mientras que otros se fugaron. En paralelo, a lo largo del país se formaron varias "Fuerzas de Defensa Popular" (FDP), milicias civiles que buscan combatir a la junta.
Analistas señalaro que el Ejército birmano, fuertemente armado y bien entrenado, se ha visto sorprendido por la efectividad de las FDP y en algunas áreas luchan para contenerlas.
El extraño recorrido de una líder democrática
Durante años, Suu Kyi fue reivindicada por los líderes de Estados Unidos, de Europa, de la ONU y de las organizaciones humanitarias como una discípula de Mahatma Gandhi y de su resistencia no violenta. Ganó el premio Nobel de la Paz y todo reconocimiento internacional importante del campo de derechos humanos. Por eso, cuando la dictadura militar abrió el juego democrática -al menos parcialmente- y permitió que la veterana dirigente abandonara su detención domiliciaria y participara de la vida electoral con su partido, el mundo y millones de birmanos se emocionaron. Su fuerza arrasó en las urnas y se convirtió en gobierno. Y la esperanza puesta en ella rápidamente se derrumbó, especialmente en el exterior.
Asumió en abril de 2016 y en octubre de ese año una nueva guerrilla llamada Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ARSA, por sus siglas en inglés) atacó varios puestos de control policial en el estado de Rakhine, la región costera del noroeste del país sobre la Bahía de Bengala, y mató a nueve oficiales. Según argumentó el grupo armado, lo hizo en represalia por la histórica discriminación y represión de la minoría musulmana rohingya, concentrada en su mayoría en esa zona del país. La represión que siguió fue masiva, hubo asesinatos, abusos sexuales y un inédito éxodo forzado de miembros de la minoría rohinya hacia la vecina Bangladesh. Comisiones investigadoras de la ONU finalmente concluyeron que habían indicios de un genocidio y una limpieza étnica. Sin embargo, Suu Kyi se negó siempre a reconocer la dimensión de los crímenes y hasta los justificó. “No creo que haya una limpieza étnica. Creo que la expresión limpieza étnica es demasiado dura para describir lo que está pasando”, dijo entonces la líder del gobierno democráticamente electo.
Pero esta defensa no alcanzó para garantizar que las Fuerzas Armadas aceptaran el crecimiento de su partido entre el electorado y su reelección. Por eso, luego de las elecciones, la cúpula militar la desconoció con argumentos falaces de corrupción e irregularidades y tomó nuevamente el poder.
Con información de Télam
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