Las calles de las principales ciudades de Myanmar se vaciaron y los comercios cerraron hoy en una protesta para conmemorar el segundo aniversario del golpe que depuso el gobierno de la líder Aung San Suu Kyi.
Las perspectivas de paz y de un retorno a la democracia en Myanmar, la antigua Birmania, parecen débiles a dos años de que el ejército tomara el poder en la nación del Sudeste Asiático.
La junta militar promulgó la semana pasada una ley para celebrar elecciones, pero la convocatoria es rechazada por la oposición, la ONU y la comunidad internacional por señales de que está hecha a la medida de los partidos promilitares.
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Hoy, la porción mayoritaria de la ciudadanía que se opone al gobierno militar atendió el llamado de los organizadores de la protesta a quedarse en casa en lo que denominaron una “huelga silenciosa” para mostrar su fuerza.
En Rangún, el principal centro comercial del país, las calles se vaciaron desde la mañana, después de que activistas contra el Gobierno llamaran a cerrar los negocios y permanecer en sus casas entre las 10:00 y las 16:00, informó la agencia de noticias AFP.
Las calles que llevan a la famosa pagoda de Shwedagon -un santuario budista que domina el paisaje de la ciudad y que atrae a muchos peregrinos- estaban casi desiertas.
La mayoría de los colectivos estaban vacíos y la policía desplegó un fuerte contingente de seguridad.
La segunda ciudad del país, Mandalay, también adhirió a la protesta.
Los medios locales también mostraron las calles varías en la ciudad de Mawlamyine, en el este.
Cerca de 200 partidarios de los militares marcharon por el distrito histórico de Rangún a principios de la tarde, escoltados por soldados.
La embajada estadounidense advirtió de "creciente actividad antigobierno y violencia" en los días cercanos al aniversario.
En Bangkok, Tailandia, cerca de 400 manifestantes protestaron fuera de la embajada de Myanmar coreando consignas contra los militares y mostrando retratos de Suu Kyi.
Myanmar está sumida en una grave crisis desde el golpe de Estado y la sangrienta represión de los militares contra los opositores, que desató violencia en varias zonas del país e hizo colapsar la economía.
El 1 de febrero de 2021, lo militares de la antigua Birmania dieron un golpe militar con el argumento de fraude electoral en las elecciones que el partido de Suu Kyi ganó con contundencia, sin aportar prueba alguna.
Más de 2.900 personas murieron en la represión militar contra los disidentes y más de 18.000 fueron detenidas.
La junta impuso el estado de emergencia que debía estar en vigor hasta enero, ya que después de esta fecha la constitución obliga a las autoridades a poner en marcha un proceso electoral.
Pero ayer, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, controlado por la junta, se reunió para discutir la situación y concluyó que el país "aún no ha vuelto la normalidad".
El consejo denunció que opositores a la junta, como las "Fuerzas Populares de Defensa" y un gobierno a la sombra dominado por legisladores de la Liga Nacional por la Democracia (LND) de Suu Kyi intentaron tomar "el poder estatal mediante la agitación y la violencia".
Hoy "se hará un anuncio", indicó el consejo sin dar detalles.
Con motivo del segundo aniversario del golpe, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido anunciaron nuevas sanciones contra miembros del gobierno de facto y otras entidades, pero este tipo de medidas tuvieron poco efecto en los militares.
Reino Unido, expotencia colonial de Myanmar, dirigió sus sanciones contra empresas que abastecen de combustible a los militares y les permiten realizar su "campaña de ataques aéreos en un intento de permanecer en el poder", entre otros.
Las sanciones estadounidenses también golpearon a la comisión electoral nombrada por la junta, que la semana pasada dio a los partidos dos meses para registrarse, en un indicio que los militares preparan elecciones.
Sin embargo, según expertos, la resistencia armada que se gestó en varias zonas del país, puede mermar la participación, ya que -afirman- muchas personas probablemente no voten y se arriesgan a represalias si lo hacen.
La junta concluyó recientemente una serie de juicios a puerta cerrada contra Suu Kyi, sentenciada a un total de 33 años, en un proceso que grupos de derechos humanos calificaron como una farsa.
Con información de Télam
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