Apenas pasaron tres días del ataque masivo de bolsonaristas que pedían un golpe de Estado en Brasilia, la capital brasileña, y tanto las voces de los dirigentes como la base ya está intentando relativizar lo sucedido, levantar la cabeza tras el contundente repudio institucional y popular, y volver a tomar las calles. La última alarma en el país vecino la encendió una convocatoria que comenzó a circular por el servicio de mensajería como Telegram para movilizarse en las capitales de todos los estados. El primer en reaccionar, esta vez, fue el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) Alexandre de Moraes, quien ordenó este miércoles a las autoridades públicas de todos los niveles, en especial a las distintas fuerzas policiales, a adoptar "todas las medidas necesarias" para prevenir cualquier intento de ocupación o bloqueo de vías públicas.
De Moraes prohibió asimismo interrumpir la libre circulación de autos en todo el territorio nacional, así como el acceso a los edificios públicos, so pena de imponer una multa de 20.000 reales (3.850 dólares) para personas físicas y 100.000 reales (19.200 dólares) para personas jurídicas. La decisión del magistrado da cumplimiento a un pedido de la Procuraduría General de la Nación, basado en noticias de que grupos bolsonaristas llamaron a realizar nuevas manifestaciones en todas las capitales de los estados del país, en una convocatoria que se difundió especialmente a través de la red de mensajería Telegram.
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Ante esta situación, De Moraes le dio a esa plataforma un plazo de dos horas para bloquear canales, perfiles y cuentas grupales con ese tipo de contenido, según informó el portal de noticias brasileño G1. "Absolutamente nada justifica la existencia de campamentos repletos de terroristas, patrocinados por diversos financistas y con la complacencia de autoridades civiles y militares en total subversión al necesario respeto a la Constitución", manifestó el juez del máximo tribunal. "Y absolutamente nada justifica la omisión y connivencia de las autoridades locales con delincuentes que, anteriormente, anunciaron que cometerían actos violentos contra los poderes constituidos, como ahora se anuncia en una nueva sucesión de publicaciones en grupos de la aplicación Telegram, con el llamamiento a 'recuperar el poder'", agregó.
Según detalla la convocatoria, a la que accedió Télam, las protestas están previstas para las 18 (hora de Brasil y la Argentina) en todas las capitales de los estados del país, en la Explanada de los Ministerios de Brasilia, donde se iniciaron los actos golpistas del domingo, en la céntrica Avenida Paulista de San Pablo y en el paseo del balneario de Copacabana en Río de Janeiro. "Va a ser gigante", remata la invitación, que está hecha con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña y no está firmada por ninguna agrupación o referente.
El martes, en redes sociales, el ex presidente Jair Bolsonaro compartió un video de un simpatizante que afirmaba que el flamante mandatario Luiz Inácio Lula da Silva no habría sido elegido por el pueblo, sino por el STF, lo cual es mentira. Dos horas más tarde, la publicación fue eliminada. Este video fue leído puntualmente por el Poder Ejecutivo brasileño como un estímulo a nuevos actos golpistas.
Ante estos llamados a "recuperar el poder", el procurador general brasileño, Jorge Messias, alertó que el país se encuentra nuevamente al borde de una "situación grave", apenas tres días después de los ataques golpistas perpetrados por simpatizantes del ex presidente Bolsonaro en Brasilia, que dejaron numerosos destrozos y cerca de 1.500 detenidos. Por eso, Messias solicitó al STF la adopción de "medidas inmediatas, preventivas y necesarias" para evitar todo intento de bloqueo de vías urbanas o carreteras, así como la invasión de edificios públicos en el país.
Messias también pidió al máximo tribunal que se instruya a la Policía Federal, a la de Carreteras y a la Militar para que identifiquen los vehículos utilizados en la organización de los actos y detengan "en flagrancia" a quienes ocupen u obstruyan vías y carreteras urbanas o invadan edificios públicos. Asimismo, en una reunión en el Palacio del Planalto, sede del Gobierno, el gabinete de crisis decidió anoche que se debe reforzar la seguridad en Brasilia y en otras capitales donde hay amenaza de manifestaciones violentas.
El ex secretario de Seguridad de Brasilia promete volver al país
Mientras el clima sigue tenso en Brasil, los dos políticos más señalados por lo que sucedió el domingo pasado siguen en Estados Unidos. Bolsonaro está internado con "fuertes dolores abdominales", una consecuencia recurrente de la herida que sufrió en un atentado mientras hacía campaña en 2018, pero prometió que adelantará su vuelta a Brasil para poder atenderse con sus médicos. Su plan inicial era volver el 31 de enero. No aclaró para cuándo adelantaría su retorno.
Este miércoles, el otro señalado, el ex secretario de Seguridad del gobierno de Brasilia, Anderson Torres, quien fue echado el mismo día del ataque a la democracia brasileña por el gobernador -que hoy está suspendido de su cargo-, también estaba en el estado sureño de Florida el domingo pasado. Según contó a la prensa se encuentra en Orlando disfrutando de unas vacaciones con su familia y no se reunió con Bolsonaro allá, pese a que fue su ministro de Justicia hasta el final del mandato. El martes, el mismo juez de la corte De Moraes ordenó su detención ante las dudas sobre su presunto rol en la clara inacción de la policía capitalina.
Este miércoles, Torres respondió a esa orden: "Recibí la noticia de que el ministro Alexandre de Moraes del STF ordenó mi arresto y autorizó el allanamiento de mi domicilio. Tomé la decisión de interrumpir mis vacaciones y regresar a Brasil. Me presentaré ante la Justicia y cuidaré mi defensa", anunció Torres en un Twitter. "Siempre he basado mis acciones en la ética y la legalidad. Creo en la justicia brasileña y en la fortaleza de las instituciones. Estoy seguro de que la verdad prevalecerá", agregó.
Además de Torres, también fue detenido por orden de De Moraes el ex comandante de la Policía Militar del Distrito Federal Fabio Augusto Vieira. Según el ministro, la "omisión (de ambos) quedó sobradamente probada por la previsibilidad de la conducta de los grupos criminales y la falta de seguridad que posibilitaba la invasión de edificios públicos". Consultado por Folha, Torres se defendió el domingo y afirmó que no elude sus responsabilidades. "No hubo indulgencia, es la primera vez que me tomo unas vacaciones en mucho tiempo. La planificación estaba hecha", dijo.
Miembros del Gobierno federal, del gobierno del Distrito Federal y del Poder Judicial atribuyen las fallas en el esquema de seguridad del domingo a la Secretaría de Seguridad Pública ya la Policía Militar del DF. Para ellos, la omisión de las fuerzas de seguridad hizo posible que los edificios del STF, el Palacio del Planalto y el Congreso Nacional fueran invadidos y saqueados.
Con información de Télam
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