La presidenta peruana Dina Boluarte sería la "autora mediata" de las decenas de muertes ocurridas durante las protestas de fines del 2022 e inicios del 2023, ocurridas luego de la destitución y arresto del expresidente izquierdista Pedro Castillo, dijo el jueves un nuevo reporte de Amnistía Internacional (AI).
El reporte, titulado "¿Quién disparó la orden?", AI dijo que ha encontrado la evidencia que apunta a la posible responsabilidad penal de Boluarte, la cual "puede resultar vital en las investigaciones en curso" en Perú contra la mandataria.
Boluarte, cuya aprobación está en mínimos históricos según varias recientes encuestas, es investigada por la fiscalía por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" durante las protestas.
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"Hemos llegado a la conclusión que confirma que Dina Boluarte podría ser considerada como autora mediata por los graves violaciones de derechos cometidos durante las protestas", dijo Madeleine Penma, investigadora de AI para América del Sur, en una conferencia de prensa en la que presentó el informe.
El reporte de AI dice que Boluarte "no solamente mantuvo una comunicación constante" con los mandos policiales y militares, sino que además "decidió ascender a funcionarios que habían tenido roles clave durante el desarrollo de las operaciones".
Entre los funcionarios que promocionó figura el entonces ministro de Defensa, Alberto Otárola, que fue nombrado primer ministro el 21 de diciembre del 2023, seis días después de la muerte de 10 personas por balas disparadas por el Ejército en posibles ejecuciones extrajudiciales, según Amnistía Internacional.
AI afirmó en su reporte que la evidencia contra Boluarte fue encontrada tras revisar planes internos de la policía nacional, y entre ellas descubrió que los agentes recibían "ordenes vagas y de amplio alcance, como eliminar barreras humanas".
El reporte agregó además que la fiscalía ha logrado algunos avances en la identificación de policías y militares como sospechosos en investigaciones penales, pero siguen pasando por alto a funcionarios clave de la cadena de mando, especialmente a altos mandos específicos de las fuerzas de seguridad.
"Perú no puede permitir que estas graves violaciones queden impunes. Muchas de las víctimas provienen de comunidades indígenas y campesinas, cuyas voces han sido históricamente ignoradas", dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de AI Perú.
Amnistía Internacional ha señalado antes en otros reportes que hubo un "uso excesivo" de las armas letales y que por el número alto de víctimas de orígenes indígenas la actuación de las fuerzas armadas sugiere un "sesgo racista".
Con información de Reuters
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