Los principales municipios de Tierra del Fuego descartaron por el momento habilitar el funcionamiento de las plataformas digitales relacionadas con el transporte de pasajeros, a pesar de que una de ellas, la multinacional Uber, ya funciona de hecho desde julio de este año, lo que derivó en una polémica entre funcionarios, conductores y usuarios del servicio.
Las plataformas se encuentran expresamente prohibidas por ordenanzas en las municipalidades de las ciudades de Ushuaia y de Río Grande, aunque el desembarco de Uber forzó una rediscusión del tema a partir de que cientos de vehículos de cada distrito comenzaron a ofrecer esa modalidad de transporte y miles de personas, entre turistas y pobladores locales, empezaron a utilizarla.
Después de que taxistas y remiseros realizaran manifestaciones públicas y exigieran mayores controles a los municipios, el debate se trasladó a los concejos deliberantes.
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En Ushuaia, el concejal del Movimiento Popular Fueguino Ricardo Garramuño presentó un proyecto para “autorizar en el ejido municipal la prestación de servicio de transporte de pasajeros a través de empresas de redes de transporte”.
Sin embargo, la iniciativa fue desechada en la sesión de ayer por mayoría y enviada al archivo, en una decisión que a su vez celebraron integrantes de la Asociación Propietarios de Taxis de Ushuaia presentes en el recinto.
En el mismo encuentro legislativo, los ediles aprobaron una suba de la tarifa de taxis, que elevó el valor de cada ficha de $24 a $40, y de $500 a $750 la bajada de bandera.
Garramuño criticó la decisión y acusó al intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, de “usar las herramientas del Estado para perseguir a gente que se gana el mango”.
En tanto, el Concejo Deliberante de Río Grande también analiza todavía un proyecto de regulación de Uber, presentado por la concejal Lilian “Laly” Mora, aunque las posibilidades de que fuera tratado en la última sesión del año prevista para hoy se desvanecieron ayer en la reunión de labor parlamentaria.
La iniciativa no consiguió los votos necesarios para que se emitiera un dictamen favorable y pudiera así llegar al recinto legislativo, explicaron fuentes del organismo.
En Ushuaia, el secretario de Gobierno del municipio, César Molina, reafirmó en las últimas jornadas que “estamos en contra del transporte no habilitado y es una decisión del municipio y del intendente Walter Vuoto que los trabajadores de taxis y remises tengan más derechos, y que Uber no se instale en la ciudad”.
También dijo que “se vienen realizando de manera diaria los controles y el pedido es intensificar, dar a conocer cuando se secuestra un auto, y hay otras propuestas a analizar y que definiremos”.
Por su parte en Río Grande, el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, opinó en el mismo sentido, al señalar que “entendemos que existen muchas variables que hacen que un vecino tenga intenciones de encontrar una fuente de trabajo, pero también es cierto que eso tiene que estar acorde a la normativa vigente y nosotros como municipio debemos atenernos a esa normativa”.
“Apostamos a que taxis y remises mejoren su servicio de manera que, compitiendo directamente, eliminen la competencia que no está regulada ni en el marco de la legalidad”, agregó el secretario municipal.
Mientras tanto, se estima que entre “300 y 400” vehículos de Uber recorren las calles de Río Grande y una cantidad similar en Ushuaia, bajo el amparo de la compañía que asegura no necesitar de una regulación específica.
“La legalidad está determinada por normas nacionales. El aspecto básico es el contrato entre las partes que están en el viaje. Por eso hay muchísimas ciudades del país donde Uber funciona sin problemas. Si se regula el servicio aceptaremos las condiciones como corresponde”, argumentó el director de Comunicación de Uber para el Cono Sur, Juan Labaqui, en declaraciones a medios fueguinos.
Con información de Télam
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