Para conseguir el préstamo de U$S 50.000 millones del FMI, el Gobierno debió realizar graves compromisos que ponen en riesgo el futuro de la economía argentina y del sistema previsional. El acuerdo ata las posibilidades de política del último año de Cambiemos y las del próximo presidente.
El Gobierno deberá “reducir la masa salarial disminuyendo la plantilla laboral pública a través de un recorte de los empleos no prioritarios en 2018 y congelar las contrataciones a la administración federal (excluyendo universidades) para 2019 y 2020”. Así lo consignó el informe de los técnicos del organismo trasnacional que le elevaron al directorio, que muestra los debates para la letra chica del acuerdo que rubricaron con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y Federico Sturzenegger, despedido escasos días después de la presidencia del Banco Central.
Los funcionarios también plantearon un “techo nominal de suba de los salarios del sector público (incluidos los cargos no remunerativos y beneficios) a un promedio del 8% entre junio 2018 y junio 2019”. “Un acuerdo con los sindicatos en esta línea ya ha sido firmado”, aclararon.
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A pesar del rechazo de los trabajadores de ATE de perder poder adquisitivo con una inflación galopante, UPCN volvió a serle funcional al Gobierno. Había firmado una suba paritaria de sólo el 15% para los salarios bajos y de una suma fija de $ 4.500 para los superiores a $ 40.000. Para que el promedio dé un 8%, el Estado debe tener en su nómina cientos de funcionarios que cobren más de $ 56.250. Más aún ante el llamado a la reapertura de las negociaciones.
Contrario a la promesa del ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, el documento aclara que “se mantendrá el promedio de arancel a la exportación de productos de soja en un 25,5%”, lo que mina la relación del Gobierno con su electorado más firme entre los grandes productores agropecuarios y cerealeras.
El organismo que dirige Christine Lagarde sugirió "vender terrenos y amortizar activos del fondo de pensiones (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) en manos del Gobierno para financiar parcialmente los pagos de reclamos jubilatorios pasados”. Así se refirió a la reparación histórica.
Con el argumento de estos acuerdos “reparadores”, Cambiemos consiguió que el Congreso le avale la libre venta de activos para abonarlos en caso de que superen los más de $ 140.000 millones que se recaudaron del blanqueo de capitales. Ese monto nunca fue alcanzado porque los jubilados prefirieron mantener sus juicios contra el Estado en lugar de aceptar este recorte. Sin embargo, el Gobierno insistió con dejar asentada su capacidad de desguazar el FGS.
“El Gobierno pretende asentar los aportes del FGS como activos o ganancias, como si el fondo le perteneciera al Estado. En realidad debe asentarse como déficit y deuda del Estado, porque es un patrimonio de todos los jubilados y de los trabajadores que aportan”, aclaró al respecto el especialista previsional Juan Carlos Díaz Roig.
El fondo de los jubilados consiste en una masa monetaria anticíclica capaz de proveer efectivo para los haberes ante una crisis. Ningún gobierno lo utilizó para ese fin, aunque se desconoce su derrotero los últimos meses, ya que la ANSES de Emilio Basavilbaso dilata la presentación de sus informes y no muestra los detalles. El Destape mostró los negocios que perjudicaron al FGS hasta diciembre de 2017.
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