En estos días se conoció el primer comunicado oficial de un nuevo espacio formado por agrupaciones de vecinos que dieron lugar a la Interbarrial Buenos Aires, si bien se trata de barrios que ya venían planteando demandas en torno al desarrollo urbano, esta vez decidieron unirse y declararse en estado de “emergencia urbanística ambiental” en CABA. El crecimiento descontrolado de las construcciones, la multiplicación de las alturas permitidas, el achicamiento de los pulmones de manzana, el crecimiento indiscriminado de locales comerciales, la falta de agua, electricidad y otros servicios básicos están entre los puntos centrales que denuncia este espacio colectivo, según relevamientos propios.
En ese sentido, el ojo está puesto en el Código Urbanístico (CUr) aprobado en 2018 en la legislatura porteña que, aseguran, cambió la fisonomía de los barrios y afectó las condiciones y calidad de vida de los habitantes debido a la falta de planificación urbana y el predominio de la especulación financiera que tampoco resuelve el problema del acceso a una vivienda familiar. Por su lado, desde el gobierno local dijeron a este medio que "no hay herramientas ni datos que sustenten que las externalidades que se plantean hayan sido por el Código Urbanístico". Al respecto, el secretario de Desarrollo Urbano de CABA, Álvaro García Resta, indicó "sabemos que hay una buena actividad en la construcción, producida en gran parte por la crisis económica, el refugio de valor de la gente hacia el ladrillo, pero también sabemos que muchos de los barrios que están en la mesa se vienen desarrollando desde mucho antes del 2018 y de la vigencia del Código. Por eso decimos que la emergencia que reclaman no está para nada clara ni está soportada en datos". Y luego agregó: "Nos estamos reuniendo con los barrios y entidades vecinales y estamos trabajando con ellos porque el Código votado en 2018 plantea una revisión cada cinco años y toca ahora".
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En cuando a la Interbarrial, reúne a diferentes barrios de la ciudad que estaban organizados de asambleas vecinales y decidieron unirse “por un reclamo común" que plantearon "ante la Legislatura y ante el gobierno de la ciudad". "Sostenemos con acciones concretas de visibilidad y protesta ante las consecuencias que ha tenido esta modificación del CUr en nuestros barrios” explicó en diálogo con este medio Jessica Polonuer de Conciencia Urbana Comuna 11.
Sobre las respuestas del Estado local, vecinos de diferentes espacios organizados comentaron a El Destape que se les ha sugerido hablar directamente con los desarrolladores privados así como reclamar a las empresas de servicios públicos, como AYSA, ante posibles inconvenientes. En paralelo, “siguen apareciendo todos los días nuevas construcciones y no se evalúa el impacto que generan, por eso exigimos la suspensión inmediata de certificados urbanísticos, prefactibilidades, permisos de demolición y registros de obra nueva mediana y grande”, manifestaron.
El Código urbano en la mira
En el comunicado de la Interbarrial Bueno Aires, publicado de forma conjunta por todos los espacios que la integran, se señaló: "La mitad de los barrios porteños nos declaramos en estado de Emergencia Urbanística Ambiental y exigimos la modificación inmediata del Código Urbanístico (CUr) de la Ciudad”. En el texto detallaron los principales inconvenientes en las condiciones de vida, acceso a servicios y los intereses que, entienden, están en juego.
Los vecinos identificaron que desde 2018 con la aprobación del nuevo Código Urbanístico aparecieron un sinnúmero de problemas que, cinco años después, siguen sin ser atendidos. “La aprobación del nuevo Código habilitó mucho más cemento, es decir, más alturas y más invasión del pulmón de manzanas y mixtura de usos que implica que mientras el Código anterior no permitía algunas actividades comerciales, ahora sí se permiten” señaló Jessica Polonuer de Conciencia Urbana Comuna 11, al ser consultada.
Por un lado alertaron sobre "la proliferación desenfrenada de demoliciones y de construcciones que dañan viviendas y afectan la identidad de los barrios y la calidad de vida de vecinos y vecinas”. Sobre esto “muchos barrios hicimos un relevamiento de las obras en construcción, de las demoliciones, de las casas en venta, y es brutal el modo en que aumentó la constructividad en la Ciudad de Buenos Aires”, agregó.
En relación a lo anterior, otro punto tiene que ver con “la ausencia de regulación estatal que deriva en la saturación de servicios públicos” como electricidad, agua, gas, cloacas, estacionamiento, atención de salud. “Antes se pedía lo que se llamaba estudios de factibilidad, es decir que, cuando las constructoras querían hacer un edificio, tenían que demostrar que la estructura de servicios podía tolerar esta nueva demanda. Esto ya no se hace, con lo cual estamos teniendo también problemas de presión de agua y ni hablar de cortes de luz”, agregó la vecina del espacio Conciencia Urbana y dijo que “cuando uno le plantea esto al área de Planeamiento del gobierno nos dicen 'reclamárselo a las proveedoras de servicios'. Nosotros creemos que primero se planifica la estructura de servicios y después, en todo caso, se construye”. A lo anterior se suma la construcción de edificios en zonas que no están preparadas y que derivan en rajaduras de casas linderas.
En el comunicado se señaló también “el estallido de la explotación comercial y la saturación de usos del suelo. El avance sobre los espacios verdes y la destrucción y pérdida del arbolado urbano necesarios para el medio ambiente, que disminuyen la ya insuficiente relación de m2 verdes por habitante”. Y agregaron el notable aumento de la temperatura derivado de la mayor presencia del cemento y la menor cantidad de superficie verde.
“Palermo está super explotado y todos los días se reciben ofertas hostiles de inmobiliarias para comprar propiedades y demolerlas, está lleno de terrenos en construcción que ocasionan roturas y grietas en las casas linderas. Sumado a la polución ambiental y sonora, que termina expulsando a la gente del barrio”, detalló en diálogo con El Destape, Lorena Sánchez, integrante de Palermo Resiste. Además analizó que “el Código actual fomenta la demolición y la construcción de manera indiscriminada y descontrolada sin ningún tipo de planificación y sigue perjudicando la calidad de vida de vecinas y vecinos. También se deja sin agua, luz y otros servicios públicos a las edificaciones existentes, la infraestructura y provisión no alcanzan porque no se equiparan al aumento de unidades habitacionales y comercios y su consumo”.
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En la misma línea se expresó Luis Herrera, de Amparo Ambiental Chacarita, al señalar “no somos un grupo de nostálgicos, reaccionarios, conservadores, cosas que a veces nos endilgan, estamos preocupados porque nuestros relevamientos dan cuenta de que las alturas fueron multiplicadas, o sea, hoy se puede elevar un edificio tres veces más que antes. En términos de lo que era la altura promedio en Chacarita, se está incrementando casi en 500%, y llama mucho la atención el nivel de demolición y el nivel de venta”.
En la Interbarrial participan barrios como Chacarita, Coghlan, Colegiales, Parque Chas, Almagro, Bajo Belgrano, Boedo, Palermo, Saavedra, San Cristóbal, Caballito, Balvanera, Flores, Núñez, Villa Ortúzar, Villa Devoto, Villa Crespo, Villa del Parque y Villa Santa Rita, entre otros.
Negocio de pocos
Un punto central de los reclamos tiene que ver con la “proliferación desenfrenada” de construcción y demoliciones. En este contexto, Herrera explicó a este medio que “la Interbarrial habla básicamente de la especulación financiera inmobiliaria, que es muy importante porque muchos de los grandes negocios en este momento en la Argentina tienen que ver con cómo el sector financiero va ubicando su rentabilidad y el inmobiliario es uno de los más elegidos”. En consonancia Polonuer consideró que “el gobierno de la ciudad tiene que gobernar primero para los habitantes y después para los inversionistas que quieran hacer negocio con las propiedades. Además del Código, que ya nos deja absolutamente indefensos, hay otro modo de indefensión que tiene que ver con las excepciones, una práctica donde algunas empresas, por algún motivo, tienen alguna excepción con lo cual ni siquiera el código termina siendo una regulación firme”.
El comunicado conjunto señaló además que “los desarrollos inmobiliarios actuales no resuelven la crisis habitacional, sino que aumentan la cantidad de unidades ociosas. Se fomentan los alquileres temporarios, el blanqueo de capitales y la renta en dólares, sin políticas reales de acceso a la vivienda. La especulación inmobiliaria avanza de acuerdo a intereses unilaterales”. En esa línea las agrupaciones vecinales destacaron que no se construyen viviendas que solucionen el problema habitacional de la Ciudad, sumado a que la densidad poblacional se mantiene establece hace, al menos, cinco décadas.
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“Obviamente lo primero que produjo el nuevo código fue elevar el precio de la tierra, porque ahora donde antes solo se podían construir tres pisos, pueden construirse cinco, siete, nueve, entonces esos terrenos pasaron a valer mucho" señaló Luis del espacio Amparo Ambiental Chacarita" así "el Estado porteño se limpia las manos absolutamente, y nos dicen inclusive que eso es un problema entre privados, entonces es la ley del dinero básicamente pero quién representa a los vecinos de la ciudad”, se preguntó.
Aparece en escena la cada vez mayor dolarización de la oferta de propiedades sumado al boom de alquileres temporarios que afecta la disponibilidad de viviendas para habitar para las familias. “El uso de la construcción como resguardo de valor es evidente, otro argumento que utilizan oficialmente es que se trata de un tema de oferta y demanda porque la gente necesita resguardar el valor de sus ahorros pero sabemos que no son las familias que están poniendo sus ahorros para construir un departamentito, son unas pocas firmas dueñas de todo y esos edificios van a quedar vacíos”, detalló Herrera sobre el tema.
En mayo pasado la legislatura porteña aprobó el proyecto del oficialismo que eximió del pago del 80% de la plusvalía urbana a los desarrollos inmobiliarios de siete Comunas. Desde el gobierno de Rodríguez Larreta aseguraron que el objetivo es “generar incentivos para que las desarrolladoras construyan nuevas viviendas” en tanto que desde la oposición local expresaron en el rechazo que “se exime sin establecer ningún tipo de condición” y “como si las Comunas fueran homogéneas".
Ausencia estatal
Diferentes barrios presentaron en este tiempo una serie de proyectos en la legislatura para modificar el CUr. Un antecedente favorable se logró en algunas zonas de los barrios Bajo Belgrano y Nuñez donde se limitaron las alturas para construcción en el 2022.
Desde Conciencia Urbana Comuna 11 presentaron un proyecto “para que se modifique el Código Urbanístico y se fijen limitaciones, está toda la investigación hecha del estado de situación, estamos pidiendo una respuesta concreta e inmediata que demuestre que hay intención de que esto realmente se solucione, más de la mitad de la ciudad estamos pidiendo que se nos escuche” valoró Jessica desde ese espacio. En el mismo sentido, desde Palermo Resiste también hicieron un relevamiento de la zona de Palermo Viejo e impulsaron un proyecto de ley que busca "limitar las construcciones medianas y grandes que se están levantando de manera indiscriminada en la zona consolidada de casas bajas” puntualizó Lorena Sánchez. De igual modo desde Amparo Ambiental Chacarita trabajan en una iniciativa para retrotraer las alturas constructivas y que se respete el pulmón de manzana.
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Son varios los proyectos que esperan avanzar en la Legislatura porteña. “Fueron postergando las respuestas mes a mes y recién cuando el tema tomó estado público comenzaron a darnos algunas respuestas tibias e incluso negativas sobre la posibilidad de modificar el Código antes de un nuevo período de gobierno y ni pensar en suspender los permisos de nuevas demoliciones y obras nuevas”, comentaron los vecinos que, ante esa situación, decidieron unificar los reclamos y como Interbarrial exigen actualmente “la suspensión inmediata de otorgamiento de permisos de demolición, de certificados urbanísticos y el otorgamiento de permisos de obra nueva de más de 100m2 para construir edificios hasta revisar el CUr”.
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