La batalla judicial con el Grupo Clarín por los servicios de telecomunicación sumará un nuevo capítulo cuando el Gobierno suspenda aumentos previstos para el 2022. Como las empresas que aglutinan el mercado cuentan con el guiño judicial para aumentar las tarifas sin ningún tipo de argumento, desde el Ente Nacional de Comunicación (Enacom) se podrían cancelar las reuniones para definir los incrementos del mercado, estipuladas en el decreto 690 que firmó el presidente Alberto Fernández en 2020.
Con la cobija del poder judicial, el Grupo Clarín y el resto de las grandes empresas dedicadas al negocio de la telecomunicación aumentaron las tarifas hasta un triple del valor autorizado por el Enacom. La dinámica desregulacionista seguirá al menos 6 meses más luego de que Héctor Magnetto y sus socios obtuvieran una prórroga de la medida cautelar que suspende la aplicación del decreto del presidente Alberto Fernández que declaró a las telecomunicaciones como servicio público esencial, lo que habilita al Estado a fijar límites en las tarifas.
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Este nuevo favor a Clarín llega a través de una resolución que beneficia a Telecom, la firma del Grupo que agrupa sus negocios en las telecomunicaciones. Prorroga por 6 meses la decisión de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal de mayo pasado, que le otorgó una medida cautelar a Telecom con las firmas de los jueces Luis María Márquez y José Luis López Castiñeira. La jueza María Claudia Caputi votó en disidencia. La propia empresa informó esta resolución que los beneficia a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El decreto suspendido por estos jueces es el 690 del 21 de agosto del 2020, con el cuál el Gobierno estableció que el cable, internet y la telefonía fija y celular son servicios públicos en competencia por lo que los precios son regulados por el Estado. El organismo a cargo de autorizar los aumentos de precios es el Enacom, que apeló el fallo, pero la Cámara no aceptó el recurso extraordinario para que el expediente llegue a la Corte. El Gobierno tuvo que ir en queja al máximo tribunal, que aún no se expidió.
En condiciones normales, de acuerdo al DNU, el directorio del Enacom debería reunirse con Jefatura de Gabinete a mediados de diciembre para discutir el incremento de tarifas para 2022. Sin embargo, según pudo saber El Destape, ese encuentro no se realizará. La estrategia del Gobierno es la siguiente: si el Poder Judicial avala aumentos por fuera de la normativa, no tiene sentido autorizar subas futuras.
De cuánto fueron los aumentos este año
De acuerdo a un informe al que accedió este medio, en lo que va del año, las empresas se aprovecharon de la medida cautelar que otorgó el poder judicial para aplicaron aumentos que hasta casi triplican las subas que autorizó el Enacom. Tanto las tarifas de televisión paga, el servicio de internet y la telefonía móvil muestran la voracidad de las compañías contra los usuarios.
Por ejemplo, para el servicio móvil postpago, el organismo autorizó incrementos del 21%, pero Claro aumentó un 45%, Movistar un 44% y Personal un 49%. Los paquetes que representan el plan prepago son más diversos pero las subas que fijaron las firmas fueron igualmente altos y llegaron hasta un 50%. Asimismo, para el servicio móvil mixto, Claro aumentó la tarifa un 33%, Movistar un 44% y Personal un 49%.
En cambio, para el servicio básico telefónico, Enacom autorizó un incremento del 16%. Sin embargo, Telefónica subió la tarifa un 44% y Telecom un 27%. Respecto al servicio de Internet al hogar, las autoridades habían estipulado una suba anual del 19%, pero los prestadores siguieron otros planes. En detalle, Claro elevó el costo de la tarifa un 53%, Telefónica un 41% y Telecom un 43%.
Por último, el ente había autorizado un incremento del 16% para la televisión paga. Mientras Telecentro aplicó un aumento del 10%, DirecTV lo hizo en un 19% y Cablevisión fue hacia un extremo: elevó el precio un 43%.
Se enfriaron los avances en el Congreso
El Senado había iniciado un debate sobre seis proyectos de ley que buscan declarar a las telecomunicaciones como servicios públicos, los cuales fueron unificados en un texto escrito por el legislador del Frente de Todos, Alfredo Luenzo. La comisión que trata esta idea se encuentra en cuarto intermedio, pero el acaparamiento de las negociaciones con el Fondo opacaron la discusión. Dependiendo de las consecuencias que pueda desencadenar el acuerdo y la agenda parlamentaria, quedará en el Gobierno la ambición de avanzar -o no- de cara a las sesiones legislativas de 2022.
Según pudo averiguar este medio, a través de la ley "se busca establecer con claridad la distinción entre los mercados de generación de contenidos y de transporte y distribución de manera que la influencia en uno de esos mercados no genere prácticas que impliquen distorsiones en el otro". En la ejecución, se "garantizará el desarrollo de las economías regionales, procurando el fortalecimiento de los actores locales existentes, tales como cooperativas, entidades sin fines de lucro y pymes, propendiendo a la generación de nuevos actores que en forma individual o colectiva garanticen la prestación de los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones".
Por otra parte, también se prevé un Plan Nacional de Conectividad. El objetivo será alcanzar mecanismos de evaluación de los mismos con respecto a la disponibilidad de estos servicios, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. El plan deberá actualizarse sucesivamente en un período no mayor a dos años.
"Los licenciatarios y las licenciatarias de los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación", señala el borrador que circula en el Congreso. A su vez, se estipula que "podrán establecerse a título precario exenciones o reducciones de tasas, tarifas y gravámenes" por motivos puntuales que tengan en cuenta a aquellos prestadores que brinden acceso a contenidos educativos y de salud.
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