(Por Marcelo Bátiz) La reducción del gasto en términos reales que se viene llevando a cabo en el segundo semestre de 2022 constituye una plataforma favorable para que el Gobierno alcance en 2023 la meta de un déficit primario equivalente al 1,9% del Producto Bruto Interno (PBI), de acuerdo con la opinión de diferentes economistas.
Luego de una primera mitad con un incremento de las erogaciones a un nivel superior a la inflación acumulada respecto del mismo período de 2021, los recambios en el Ministerio de Economía -primero con la asunción de Silvina Batakis y desde agosto con Sergio Massa- permitieron alcanzar un ordenamiento fiscal y una moderación en el gasto.
Eso no solo se tradujo en una alta probabilidad para lograr cerrar el año con el cumplimiento de la meta de déficit primario del 2,5% acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino en contar en noviembre con una reducción real del gasto primario acumulado por primera vez en once meses.
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La evolución interanual del gasto descontada la inflación muestra una abrupta reversión a partir de julio, al pasarse de crecimientos reales de hasta tres dígitos entre febrero y mayo a una disminución en la tasa de incremento que en noviembre se convirtió en una caída del 7,7% en la comparación de los primeros once meses de 2022 contra el mismo período del año anterior, de acuerdo con mediciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Para el director ejecutivo de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo, "eso genera un aspecto positivo para los primeros seis meses del año que viene, porque si el Gobierno sostiene esta caída del gasto que comenzó en esta segunda mitad de 2022, va a poder seguir mostrando buenos resultados para el primer semestre de 2023, al confrontarse con una base de comparación alta como es la primera mitad de este año".
En declaraciones a Télam, Caprarulo consideró que "no es que el gasto público sea bueno o mal 'per se', pero antes que nada tiene que ser financiable. Y es ahí es donde esta uno de los principales problemas y desafíos que el Gobierno va a tener que atravesar el año que viene, que es seguir consiguiendo recursos por mercado", indicó.
Asimismo subrayó que "tanto por una cuestión de estabilidad macroeconómica como por el acuerdo con el FMI, el financiamiento a través del Banco Central está restringido, cayó este año y tiene que seguir cayendo el año que viene".
De todos modos, la mayoría de los análisis coincide en que la continuidad de la reducción del gasto en términos reales tiene un límite o, al menos, no podrá seguir dándose en las proporciones de los últimos meses.
Al respecto, Nicolás Pertierra, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), advirtió como condicionantes que "por el lado de los ingresos, la sequía va a impactar también en una menor recaudación y la política de promoción social va a seguir siendo importante, sobre todo teniendo en cuenta el contexto electoral".
"La fuerte reducción de los últimos meses se explica porque en el primer semestre el gasto venía creciendo muy fuerte, a pesar de que algunos sectores señalaban una política supuestamente conservadora", agregó.
El incremento del gasto en el primer semestre queda puesto de manifiesto al observar el crecimiento interanual en términos reales en forma acumulativa: si en enero era un 85,1% superior al del mismo mes de 2021, en el primer bimestre ascendió al 210,4% y en enero-marzo al 409,3%.
Si bien a partir de abril hubo una atenuación del incremento a valores constantes, los porcentajes siguieron manteniéndose altos, un comportamiento que mostró un viraje a partir de agosto.
En el mismo sentido que Pertierra, el economista y consultor Rafael Flores, ex presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), advirtió que "prácticamente la mitad del gasto no se puede ajustar", al tratarse de "jubilaciones y salarios públicos, en el primer caso indexadas por ley y en el segundo más o menos en línea con la inflación".
"Inclusive, si hubiera una baja de la inflación, como las jubilaciones se actualizan respecto a lo que ocurrió en meses anteriores, habría un mayor peso de las jubilaciones en el gasto total; en la medida que la inflación vaya subiendo, los jubilados pierden, pero si la inflación baja, pasan a ganar, y eso impactaría en el gasto porque es la partida más importante del Presupuesto", subrayó.
El año electoral no pasó por alto en el análisis de Flores, que sostuvo que "los gobernadores presionarán para que la obra pública no se frene sino todo lo contrario, que hay un incremento en esos gastos en infraestructura".
En tercer término, planteó como una incógnita "cómo se maneja el tema tarifas, si la idea es mantener el nivel actual y que vayan subiendo al ritmo de la inflación o que se vayan licuando a medida que pasa el tiempo".
Caprarulo, por su parte, puso el acento en las tensiones financieras en el contexto de un año marcado por las elecciones: "para que el mercado le quiera seguir financiando el déficit, el Gobierno tiene que mostrarle que lo va a poder pagar, sobre todo en un año en el que los inversores suelen ser mucho más conservadores".
Es por ello que, si el panorama financiero se complica y "se necesita dar una señal más fuerte a los inversores", podría darse la posibilidad de un sobrecumplimiento de la meta, es decir un déficit financiero menor al 1,9%, aunque para el director de Analytica esa opción es "poco probable en un año tan particular".
Con información de Télam
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