La ministra de Economía, Silvina Batakis, confirmó este lunes que “se va a migrar el organismo fiscal de valuaciones inmobiliarias” a la órbita del Palacio de Hacienda, con el objetivo de homogeneizar los criterios a nivel nacional. Tal como en otros puntos que fueron dados a conocer este lunes, el objetivo de un revalúo inmobiliario es parte de las actas de compromiso firmados entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde se emplazaba a iniciar un trabajo con los estados sub-nacionales para actualizar los valores, lo que impactará en la recaudación en concepto impuesto inmobiliario de las provincias y de Bienes Personales por parte de la AFIP. En la práctica será además desandar parte del Consenso Fiscal del 2017.
Según el primer borrador del memorando de entendimiento, la tarea de articulación con las provincias debería culminar en septiembre de este año, para que las nuevas valuaciones impacten en el ejercicio fiscal 2022. Sin embargo, desde que asumió en 2019, el gobierno nacional tiene como objetivo actualizar las valuaciones fiscales de las propiedades en las provincias de manera uniforme; en particular de los terrenos rurales. Sin embargo, no había habido grandes avances y se mantiene lo pactado durante el macrismo en materia impositiva.
En muchas jurisdicciones las valuaciones apenas representan 10 por ciento del valor real de los inmuebles, y en promedio rondan el 25 por ciento. El objetivo es llevar ese valor a un “ideal teórico” del 80 por ciento del de mercado, siendo que en muchas provincias no se actualizan esos precios desde hace décadas. Sobre ese número se cobra el Inmobiliario (en combinación con la alícuota fijada) y todo el resto de los tributos patrimoniales.
Cuánto se prevé recaudar
Esta homogeneización se estaba trabajando muy lentamente desde el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles (OFEVI), que presidía la actual ministra de Economía pero en su gestión hasta la semana pasada al frente de la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior. Ahora el OFEVI pasará a Economía.
En declaraciones a El Destape Radio, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, sostuvo este lunes que “la revisión sobre las valuaciones de los inmuebles nos permite avanzar en la homogeneización de los valores a nivel país para terminar con situaciones inequitativas”. “Trabajamos de manera muy coordinada en todos los ámbitos del Estado nacional para mejorar la recaudación de la Nación y las provincias”, agregó Marcó del Pont.
De acuerdo con el informe realizado en marzo, previo a sellarse el acuerdo con el FMI, el Ejecutivo proyectaba que “los rendimientos de esta iniciativa (revalúo inmobiliario), descontada la coparticipación, podrían ascender a 0,1 por ciento del PBI en el ejercicio fiscal 2022 (equivalente a 500 millones de dólares) y a un 0,2 por ciento del PIB adicional en los próximos años”. “Esperamos que este proceso pueda alcanzar 400.000 contribuyentes, o cerca de 597.000 propiedades urbanas sujetas al impuesto anual sobre los bienes personales”, menciona el documento técnico girado al Congreso, el cual quedó fuera de la votación del acuerdo con el Fondo.
La medida hace foco además en los terrenos rurales, donde se encuentra el principal negocio del sector agroexportador: el arrendamiento de campos. Los ingresos por arrendamiento de grandes superficies rurales superan ampliamente los márgenes por hectárea de los productores que tienen que alquilar la tierra para trabajarla. Entre marzo de este año e igual mes del 2020, el costo de arrendamiento por hectárea se disparó 135 por ciento, pasando de 204 a 480 dólares.
Sin Consenso Fiscal
Para el Gobierno, aumentar la recaudación forma parte de un plan para reducir el déficit aplicar un ajuste clásico y de manera más progresiva, dado que pagarán quienes detenten bienes de mayor valor de mercado. Actualmente, cada jurisdicción define su propia estrategia de valuación, por eso son tan heterogéneas en todo el país.
En 2017 se había buscado también homogeneizar este impuesto a través de un pacto entre Nación y las provincias, lo que se conoció como el Consenso Fiscal. En ese acuerdo, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires asumían el compromiso de “adoptar para el cálculo de determinación de las valuaciones fiscales de los inmuebles los procedimientos y metodologías de valuación uniformes establecidas por el organismo federal”. Es decir, todas utilizarían el mismo criterio para fijar las alícuotas y cada jurisdicción aplicaría la valuación correspondiente.
Para evaluar el éxito de la medida basta con comparar la recaudación tomando como referencia el cuarto trimestre de 2017 (último antes del ingreso en vigor del Consenso Fiscal). Hasta 2019, último año de la gestión Cambiemos, se observa que el impuesto sobre los Ingresos Brutos acumula entre las provincias que adhirieron al consenso fiscal un crecimiento de 10,2 puntos porcentuales al de aquellas que no lo hicieron, mientras que la recaudación por Sellos e Inmobiliario se desplomaron 15,2 y 26,9 por ciento respectivamente, de acuerdo con el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
El diagnóstico oficial de principio de este año daba cuenta de que el valor fiscal al que se tasaban los impuestos cubría el 20 por ciento del valor de mercado de los inmuebles, en promedio, y que lo deseable era llevarlo a entre 70 y 80 por ciento. De acuerdo con el relevamiento realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), “en 1984 el impuesto inmobiliario aportaba el 26 por ciento de toda la recaudación propia de las provincias, en 1996 lo hizo con un 17 por ciento y en 2021 generó solamente el 9 por ciento".
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