Confirmados ya los principales nombres de quienes se harán cargo de las diferentes áreas del gobierno entrante, comienzan a definirse los lineamientos centrales de, al menos, los primeros meses de la política económica del presidente electo, Javier Milei. En materia de Seguridad Social, en la campaña electoral del libertario se hizo foco en una posible reforma previsional que implicaría, por ejemplo, la eliminación de la política de moratorias y hasta el paso a un sistema de capitalización privado, de la mano de un proyecto de flexibilización laboral, todo dentro del ya conocido recetario neoliberal. Más cerca en el tiempo un informe privado analizó la necesidad de modificar "las reglas previsionales actuales" ya que generan que "el gasto previsional tienda a crecer”.
El diagnóstico corresponde a la consultora IDESA vinculada a Osvaldo Giordano, quien asumirá al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) desde este 10 de diciembre. A dicho análisis se agregó que las soluciones posibles se vinculan con “no seguir renovando las moratorias y en su lugar mejorar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)” así como “establecer un mecanismo gradual para que todos los tratamientos especiales converjan a las reglas generales”.
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Sobre este punto, crece la alarma por el impacto que podría tener el fin de las moratorias en un gran porcentaje de trabajadores ya que, según datos oficiales, más de la mitad del total de quienes acceden a una jubilación (65%) lo hacen a partir de la moratoria previsional, y en particular en las trabajadoras ya que sin esta herramienta previsional solo se podría jubilar el 10% de las mujeres del país debido a que padecen tasas de informalidad cinco puntos por arriba de los varones, con salarios más bajos y una mayor carga en tareas domésticas no remuneradas, todo lo que resta tiempo para el trabajo formal y con aportes, fuera del hogar.
Qué puede pasar con las moratorias
Tal como lo anticipó este medio, en la plataforma de campaña electoral el candidato libertario asegura ya que su gestión se enfocaría en “recortar el gasto del Estado” y, en esa línea, “alentar un sistema de capitalización privado para jubilaciones y pensiones” en tanto que en varias oportunidades el propio presidente electo calificó a las moratorias como “una estafa inmoral” que se debería eliminar. Luego de resultar ganador del balotaje del 19 de noviembre, el mandatario ratificó que aplicará un fuerte ajuste en el gasto fiscal.
“Agradezco al presidente electo Javier Milei por la oportunidad de conducir la ANSES. Comparto con el presidente electo la necesidad de hacer cambios en el sistema previsional para que sea más justo y sustentable”, señaló Osvaldo Giordano en su cuenta de X, tras la confirmación de su cargo a la prensa. El nuevo director del organismo es licenciado en economía, autor del libro “Una vacuna contra la decadencia” y en sus antecedentes figura haber ocupado cargos nacionales durante los ´90, por ejemplo, fue subsecretario de Empleo con Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía, también estuvo al frente de la Caja de Jubilaciones de Córdoba y actualmente es el ministro de Finanzas de esa provincia. ¿Qué se conoce al momento de la política que pondría en marcha?
Los lineamientos del funcionario van en sintonía con los planteos del centro de estudios que fundó hace años atrás y que, dos días después de conocerse su designación en el cargo, difundió un informe donde se resaltó la necesidad de "un ordenamiento del sistema previsional" a fin de "mostrar mejores resultados". El análisis que realizaron desde el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) sostuvo que “la previsión social en Argentina no constituye un sistema” ya que “está concebido como régimen general pero en su interior operan regímenes especiales con beneficios superiores y regímenes diferenciales con menor edad de retiro, la fragmentación produce información dispersa e insuficiente, tratamientos diferentes para personas en iguales situaciones, arbitrariedades y litigiosidad masiva”. Además, en la previa del arribo del funcionario cordobés al organismo de Seguridad Social, aseguraron que “si se mantienen las actuales reglas jubilatorias, gasto previsional en el 2035 aumentaría al 7,5% del PBI y en el 2045 llegaría a 8,5% del PBI”, al mismo tiempo que sostuvieron que “cambiar la tendencia es un tema estratégico”.
Puntualmente las políticas que proponen implementar para un mayor “ordenamiento previsional” apuntan “no seguir renovando las moratorias y en su lugar mejorar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), revisar el régimen de pensiones para los convivientes, establecer un mecanismo gradual para que todos los tratamientos especiales converjan a las reglas generales y contemplar la actualización automática y periódica de los parámetros del sistema a la dinámica demográfica”.
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Sobre las PUAM vale recordar que el sistema fue creado en el marco de la Ley de Reparación Histórica que impulsó el gobierno de Mauricio Macri en 2016 y que implicó una división entre quienes logran alcanzar los aportes suficientes para el acceso a una jubilación, y quienes por el contrario deben tramitar esta pensión por no contar con los aportes que exige la ley, aunque rara vez se pone el ojo en las causas de la informalidad y en los empleadores que no realizan los aportes correspondientes. De esa manera, esta herramienta busca reemplazar a las moratorias aunque sin poner en igualdad de condiciones de acceso a las y los trabajadores, en línea con los planteos de los programas del FMI.
Respecto de la sustentabilidad del sistema previsional y la política de moratorias, un informe del centro CEPA indicó que “la moratoria jubilatoria (2005) fue acompañada de una sensible mejora en cobertura del gasto previsional por Aportes y Contribuciones, es decir, la expansión de la cantidad de personas con acceso a la jubilación se dio al mismo tiempo que mejoró la cobertura del sistema previsional con aportes propios”. De acuerdo a los datos relevados, “los salarios registrados privados se incrementaron significativamente entre 2003 y 2015, a la par se produjo un crecimiento significativo del empleo, que fue acompañado de una mejora en la calidad de los trabajos existentes y nuevos, también se redujo fuertemente la informalidad entre 2003 y 2015, y no se promovió reducción de contribuciones ni aportes que afectaran la recaudación del sistema”, a diferencia de lo ocurrido entre 2016 y 2019 “allí se redujo sensiblemente la cantidad de trabajadores activos, el salario real y se promovió la reducción de contribuciones patronales a través de la aplicación de un mínimo no imponible sobre el que no se paga, y en esa etapa se redujo significativamente el porcentaje de Aportes y Contribuciones en relación con el gasto en Seguridad Social”.
En relación, estas propuestas no son recientes, ya se aplicaron en el menemismo y derivaron en la crisis del sistema previsional y el posterior rescate en 2008. En 1994 el gobierno de Menem realizó una reforma del sistema previsional que, bajo el argumento actualmente repetido de “ineficiencia” del régimen vigente, modificó el sistema basado en la lógica de solidaridad intergeneracional entre trabajadores activos y pasivos, incorporando un sistema mixto con capitalización individual que funcionaba a través de las AFJP y las Compañías de Seguros. Si bien se presentó como incentivo para hacer que la rueda gire, los datos reflejan una caída en los contribuyentes en porcentaje de la población económicamente activa, para los hombres el descenso fue de 9,8 puntos (de 46,7 a 36,9%) y para las mujeres de 11,1 puntos (de 43,5 a 32,4%) entre 1994 y 2004, según un informe del centro CIFRA-CTA. En tanto que la relación entre afiliados y aportantes bajó un 21% en un contexto donde crecía el desempleo (de 8,6% a 21,5%) y la precarización laboral.
Entre las consecuencias de este modelo se destacó el desfinanciamiento del Estado por el traspaso de los fondos a los privados financieros que se beneficiaron con los negocios a partir de la plata de los trabajadores. Para el 2001 la crisis ya era más que evidente, las jubilaciones de reparto sufrieron un recorte del 13% -con Patricia Bullrich como ministra de Trabajo- y las AFJP una contracción en sus fondos, crecieron los juicios y se profundizó la brecha entre trabajadores registrados, informales y desempleados. Al observar los datos de dicho período se observa que entre 1990-2002 en el marco de la aplicación de dichas medidas que incluyeron también una reducción de las Contribuciones Patronales y la privatización de la Seguridad Social, la desocupación pasó del 7,7% al 19,7% y la informalidad llegó al 43%. Lo mismo ocurrió entre 2016-2019, cuando la destrucción aparato productivo y la pérdida de más de 200 mil puestos de trabajo registrados privado duplicó el desempleo en el país, pasó de 5,9% a 10%.
En 2008 la gestión de Cristina Fernández de Kirchner promovió la re-estatización del sistema previsional y los fondos en manos de las privadas fueron trasladados a la ANSES, además se sancionó una ley de Movilidad Jubilatoria, cuya última modificación fue en 2020. Una incorporación no menor fue el Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado que reconoce la incidencia de las tareas de cuidados en la vida laboral de las mujeres, computando un año de aportes por cada hijo. Según ANSES, ya accedieron a este beneficio unas 400.000 mujeres y el 90% se pudo jubilar gracias a la moratoria jubilatoria y el reconocimiento de las tareas de cuidado
En la actualidad, solo una de cada diez mujeres en edad de jubilarse tiene más de 20 años de aportes y por lo tanto está en condiciones de poder acceder a una jubilación, de acuerdo con datos de la ANSES. En relación, las dos barreras principales tienen que ver con las tareas de cuidado que hacen las mujeres y que en general las dejan fuera del mercado laboral y con que acceden a trabajos más precarios y eso hace que tampoco estén aportando lo suficiente al sistema.
Cómo impactará en las jubilaciones en general
El presidente electo, Javier Milei, anticipó un periodo de estancamiento de la actividad económica con fuerte suba inflacionaria y consideró que habrá “caídos” que sufrirán los efectos concretos del programa económico que se pondrá en marcha. Al respecto, las políticas sobre las que el gobierno pretende hacer foco pasan por un fuerte ajuste fiscal con caída en el gasto social de jubilaciones, asignaciones y obra pública, sumado a la desregulación y devaluación de precios.
Sobre esto, desde la Fundación de investigaciones para el desarrollo (FIDE) evaluaron en un informe previo a la asunción presidencial que “en reiteradas ocasiones los referentes de LLA han manifestado la necesidad de llevar adelante un profundo ajuste del gasto público, y si bien en las condiciones actuales es necesario reducir el déficit primario, el mismo es menor al de la mayoría de los países de la región” en tanto que “las afirmaciones de que el ajuste lo pagará la ‘casta política’ son inconsistentes, el gasto en salarios del sector público ronda el 2% del PIB, aún con la eliminación de ministerios enteros y una reducción de los salarios reales de los funcionarios públicos el ahorro en esta partida del gasto es limitado”.
En este escenario, los especialistas consideraron que sobre las prestaciones sociales que “en su conjunto representan cerca del 10% del PIB, siendo la partida del gasto que más recursos del Estado insume” no obtente “la capacidad de ajuste es limitada debido a que algunos de los gastos más importantes, como jubilaciones, ajustan por ley”. Sin embargo advirtieron también que “el programa económico de shock generará indefectiblemente una caída de los ingresos en el corto plazo”, lo que incidirá en una contracción en el nivel de consumo interno, en el de producción, con cierre de empresas y caída del crecimiento económico, dando lugar a un aumento del desempleo, de la informalidad y precarización laboral, todo lo que afecta directamente el sostenimiento de la Seguridad Social.
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