La respuesta redistributiva

La segunda ola marcó un abrupto giro tanto en la política sanitaria como económica. Y es que la decisión de restringir la circulación y la educación presencial, como otros 190 países, para mitigar un colapso sanitario que ya nadie espera eludir, fue implícitamente acompañada por otra, como lo es la de descartar la estrategia de crecimiento por sobre cualquier otra variable, es decir subordinar la generación de riqueza frente a las necesidades sanitarias.

Sucede que si bien por fuera de los sectores de gastronomía, esparcimiento, y turismo no se impusieron limitaciones productivas, resulta lógico que la simple restricción circulatoria provocará una caída en la actividad, lo cual no hace más que agravar el otro factor que, desde hace por lo menos medio año, está deteriorando fuertemente la calidad de vida de las mayorías, como lo es la inflación.

En efecto, la suba de 12 puntos porcentuales del último trimestre del año anterior no fueron compensados por los 10 puntos de actualización que arrojo el Índice de Salarios del Indec, y mucho menos lo serán los 13 puntos de este trimestre, más allá de que el Indec solo publicó la información salarial de enero (suba del 3,3 por ciento). Justamente la suba de precios, sobre todo en alimentos, es una de las razones por la que la incipiente, aunque heterogénea, reactivación comenzada en octubre pasado, solo haya sido percibida por quienes pudieron recuperar su empleo, fundamentalmente en la industria y la construcción, pero no por trabajadores y jubilados que ven mes a mes descender sus ingresos reales, lo que se profundizará a partir de las nuevas restricciones debido a la caída de la actividad económica, el empleo, y el consumo.  

La hora de la distribución.

La segunda ola de la pandemia, con su consecuente limitación a la generación de riqueza, y la inflación, con su horadamiento a los ingresos disponibles, parecen ser el límite para la recuperación de los ingresos del grueso de la sociedad. Por eso, aunque tímidamente, desde el gobierno pareciera volver la idea de apuntalar a una redistribución del ingreso y la riqueza, en un país que, lejos de las naciones más pobres del planeta, cuenta con capacidad para alimentar a 400 millones de personas, y posee 400.000 millones de dólares fuera del sistema, es decir un PBI completo. 

Esta política fue de hecho inicialmente puesta en práctica mediante la ya olvidada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva de diciembre de 2019, que buscaba que jubilados, trabajadores, y beneficiarios de planes sociales, mejoren su deteriorarada calidad de vida con un monto que era en gran parte financiado por los ganadores del macrismo, es decir agroexportadores, energéticas, y financieras.
La llegada de la pandemia, llevó al gobierno a abandonar cualquier proyecto original para concentrarse primero en el aspecto sanitario y asistencial, y una vez superada la primer ola, promover la reactivación económica. Para esto último, la política de confrontación/negociación, estuvo orientada al poder financiero, con el fin de derivar los recursos que el macrismo había comprometido otorgarles durante los próximos años, para el fomento de la actividad económica.
Así, frente a la necesidad, y la decisión, del gobierno de ponerle un freno de mano a esta reactivación, la idea de la redistribución pareciera volver a escena. Es por eso que en los últimos tiempos se profundizaron dos medidas, que, de ser eficientes, beneficiarían a la población mediante una reducción en la caída de sus ingresos reales a través de una disminución de la inflación efectuada a costa de las rentabilidades del capital concentrado. Ellas son una ralentizamiento de la devaluación del peso, -en marzo fue de la mitad que en enero-, que apunta a disminuir la inflación a costa de menores ingresos del sector exportador, así como la extensión hasta julio, y el mayor control, del programa Precios Cuidados, que para contener los precios limita las tasas de rentabilidad de los oligopolios de la producción y distribución de alimentos. Es en este sentido que debe leerse la incorporación de 500 inspectores para fiscalizar el abastecimiento y los precios, así como las imputaciones a empresas como Nestlé o Mondelez por posibles infracciones al programa.

Por cierto, lo limitada de estas medidas impiden pensar que se está en la dirección de lograr la recomposición de ingresos, que perdieron entre 15 y 20 puntos porcentuales desde 2015, pero al igual que el Aporte Solidario y Extraordinario, parten de un mismo concepto, como lo es la redistribución del ingreso, o de la riqueza, antes que la creación de la misma, muy dificultada hoy día por la segunda ola de la pandemia. O bien, de que sea el Estado (todos nosotros) el único responsable de afrontar la crisis. Esto último fue lo que sucedió en gran medida en 2020, lo que implicó que el déficit primario (sin pago contar el pago de vencimiento de la deuda) llegará al récord del 6,5 por ciento del PBI, el cual fue cubierto fundamentalmente con emisión monetaria.
Si bien no son las únicas causas, el déficit y la emisión tienen un fuerte peso en la inflación, y es por eso que la crisis estuvo siendo financiada mayormente por el grueso de trabajadores y jubilados.   Hoy, con menores niveles de riqueza por crear debido a la decisión política de privilegiar el aspecto sanitario, y con menor tolerancia y posibilidad por parte del Estado y de la sociedad para seguir afrontando el costo de esta crisis, la redistribución de la riqueza pareciera volver, aunque muy lentamente, a la agenda del gobierno.