Las prepagas ya pueden cobrar lo que deseen y el golpe a la clase media es inmediato

Con la puesta en marcha del decreto de necesidad y urgencia, la Salud será más un privilegio que un derecho y los que lo sentirán más fuerte y más rápido son los argentinos de clase media. Hasta ahora, las prepagas aumentaban cuando lo estipulaba el Ministerio de Salud o la Superintendencia y con aumentos tope según cada caso. Todo esto se terminó. Ahora aumentan lo que quieran, cuando quieran y sin ningún tope ni control. Este enero ya empezaron: las principales empresas anunciaron incrementos de alrededor del 40% y ya proyectan otro de cerca del 30% para febrero. 

Sin límites ni controles

El cambio más oneroso para el bolsillo de los hogares es la derogación del topeo de aumentos para quienes cobran hasta seis salarios mínimos y de obligación de prepagas de ofrecer planes más baratos con copagos. El Ministerio de Salud ya no podrá acceder a las estructuras de costos de las empresas, ya no podrá poner precios máximos a las cuotas ni topes de aumentos. Asimismo, deroga aranceles mínimos para prestadores.

También reduce el control del Estado sobre el equipamiento médico tecnológico, tomógrafos, resonadores: puede auditarlos pero ya no debe habilitarlos. "Los cambios introducidos en este título tienden a desregular los precios de la medicina prepaga favoreciendo a éstas en detrimento de los usuarios, pero también afectando a los prestadores que ya no tendrán un arancel mínimo garantizado (por ejemplo, los médicos)", señala un informe de CEPA.

No habrá libre competencia de prepagas. Se ha demostrado en la práctica que la estructura oligopólica de este sector de actividad termina perjudicando a los usuarios. Por caso, sin estar vigente aún el DNU, la mayoría de las empresas les anunciaron a sus afiliados el aumento a partir de enero: casualmente todas informaron un mismo porcentaje de entre 40 y 50 por ciento. Además, hace unos días el presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, adelantó que en febrero el nuevo incremento sería de alrededor del 30%.

Las prepagas pueden establecer precios diferenciales para los distintos rangos etarios, al momento de la contratación del plan, con una variación máxima de tres veces entre el precio de la primera y la última franja etaria. Tiene que estar detallado en el contrato de afiliación: las edades y los porcentajes de aumento.

Clase media más débil, prepagas más fuertes

Este encarecimiento de las prepagas impactará en la mayor dificultad de las familias para poder afrontar los aumentos. A su vez, desprotege al usuario en caso de que su prepaga quiebre: ya no serán transferidos a otra sino que deberán resolverlo por su cuenta. Esto perjudica especialmente a los usuarios “indeseados” por las prepagas, ya sea por edad o por historial médico.

A su vez, favorece a las prepagas en detrimento de las obras sociales ya que habilita que los trabajadores escojan prepagas sin que los fondos pasen por las obras sociales y sin que haya un tiempo mínimo de permanencia, desfinanciando a las obras sociales y quitándole el carácter solidario al sistema.

También desincentiva la producción pública de medicamentos, perjudicando tanto a los usuarios como al Estado y a las obras sociales que deberán pagar más caros esos medicamentos allí producidos. Los laboratorios públicos son esenciales para garantizar el acceso a medicamentos de los más de 8.000 centros del primer nivel de atención a través del programa REMEDIAR. La población pagará más caros los medicamentos.

Se estiman que existen más de 700 empresas de medicina prepaga en todo el país y que brindan cobertura a poco más de 6 millones de personas. De las cuales aproximadamente sólo 2 millones se encuentran en carácter de beneficiarios directos (que abonan una cuota mensual), mientras que los 4 millones restantes poseen afiliación a una Obra Social Nacional a través de la cual “desregulan” sus aportes hacia el sector privado.

Obras sociales a punto desaparecer

A contramano de lo que se intentó discutir hasta hace unos años, particularmente a partir de una propuesta de Cristina Fernández, de un esquema unificado público-privado de alcance universal, el decreto de necesidad y urgencia que dispuso el presidente Javier Milei incorpora al Régimen del Sistema Nacional de Salud las empresas de medicina prepaga. El decreto establece una serie de derogaciones y modificaciones del sistema de obras sociales y prepagas. 

Gran parte del estructurado de su contenido se limita a actualizar cuestiones semánticas en la normativa de base, debido a que a lo largo del tiempo han sufrido transformaciones por normativas complementarias. De esta manera, un trabajador en relación de dependencia puede decidir dónde van a ir el 3 por ciento de los aportes y el 6 por ciento que le contribuye el empleador de su sueldo bruto. En el caso de elegir una medicina prepaga o elegir una obra social diferente a la de su convenio colectivo de trabajo de actividad, va a poder hacerlo y los aportes que le retiene el empleador y las contribuciones que este hace, ya no pasan más por el sindicato de actividad, van directo a la medicina de salud que eligió.

El DNU tiene dos puntos centrales en lo referente a la estructura y funcionamiento del Sistema de Salud: la desregulación de precios de las Empresas de Medicina Prepaga y la incorporación de las mismas a las disposiciones de la Ley de Obras Sociales 23.660. "De esta forma, el decreto convalida y profundiza la trayectoria de reformas regresivas del sistema de obras sociales realizada por el neoliberalismo durante la década de 1990", señaló un informe de la Fundación Argentina Soberana.

A modo de ejemplo, para la cobertura de prestaciones de alto impacto económico (ya sea por su alto precio o por su cobertura a lo largo del tiempo) y las establecidas en el Nomenclador Nacional de Discapacidad. El espíritu del FSR es justamente mantener la solidaridad en el sistema, ya que intenta compensar las asimetrías existentes en la distribución de la carga de enfermedad entre las Obras Sociales y, por el lado del financiamiento, las diferencias de ingresos a causa de la rama o jerarquía de la actividad central. 

Respecto a la convivencia de ambos regímenes es necesario señalar que las reformas de carácter neoliberal iniciadas en los años 90, generaron una paulatina desfinanciación de las Obras Sociales Nacionales. "Es así que muchas obras sociales en la actualidad funcionan como meras instancias administrativas para la transferencia de fondos al sector privado, dado que no poseen capacidad ni infraestructura propia para brindar y garantizar las prestaciones, detalló el informe. 

Este desfinanciación y transferencia de recursos al sector privado se originó por cambios normativos, pero principalmente por la implementación de la “libre opción de cambio”: a partir de la cual las personas pueden elegir una Obra Social Nacional que posea convenio con la Empresa de Medicina Prepaga deseada para la cobertura en salud. Por ejemplo, un trabajador que por su rama de actividad se encuentra afiliado a la Obra Social de Choferes de Camiones puede, mediante un sencillo trámite, traspasar sus aportes a la Obra Social de Comisarios Navales. Esta última posee el gerenciamiento de sus prestaciones con OSDE.