El sistema mixto de salud estuvo mal delineado desde el inicio, a partir de la desregulación de los noventa, y su sesgo privatista hizo eclosión con la crisis económica que se desató durante el macrismo y con el arribo de la pandemia. La llegada del COVID-19 encontró una estructura financiera en el sector sanitario al borde del colapso y el Gobierno debió encargarse del grueso de los gastos de prevención y atención, dado que cada vez menos personas puede acceder a las cuotas de las prepagas y las empresas tampoco ofrecen la atención que prometen. "Con un presupuesto total de 1,4 billones de pesos, lo que representa el 3,3 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) estimado para 2021 y el 14,8 por ciento del gasto total proyectado en el año", según las cifras de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
En el subsistema privado también se observa una fuerte concentración: OSDE (en su rol de prepaga), Swiss Medical, Galeno, Omint, Medicus y Paramedic concentran el 80 por ciento del total del negocio. A esto se suma la fuerte concentración de beneficiarios en unas pocas Obras Sociales de gran tamaño como consecuencia de la flexibilidad brindada por diversas normativas para la migración de aportes.
A mediados de año la vicepresidenta Cristina Fernández había deslizado la idea de llevar a cabo una reforma estructural del sistema de salud, lo que permitiría un esquema integral que subsane las diferencias en el acceso a los servicios sanitarios. La atención de la salud se instrumenta actualmente mediante tres subsistemas que abarcan a toda la población del país, aunque ese acceso no sea equitativo e igualitario para todos.
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Estos subsistemas son el público, al cual pueden acceder todas las personas pero que particularmente es utilizado por aproximadamente el 36 por ciento de la población que no posee otro tipo de cobertura; el de la seguridad social obligatoria (Obras Sociales), que cubre a todos los trabajadores formales del país junto a sus familiares directos, abarcando al 61,2 por ciento de la población; y el privado, que cubre a quienes contratan planes de salud mediante gasto de bolsillo o derivación de aportes y contribuciones a la seguridad social, el cual lo compone el 13,6 por ciento, de acuerdo con el informe de la OPC. Existe un 10,4 por ciento de habitantes con más de una cobertura.
Los tres sistemas
En la actualidad, tres de cada cuatro personas cubiertas por la Seguridad Social corresponden a instancias de competencia nacional (al sumar las Obras Sociales Nacionales, el INSSJP-PAMI y otras Obras Sociales), mientras que una de cada cuatro corresponde al ámbito provincial, destacándose asimismo que más de la mitad de la población cubierta por el subsistema de Seguridad Social, corresponde sólo a las Obras Sociales Nacionales.
La prestación de servicios a personas que reciben atención médica en este sector se instrumenta principalmente mediante acuerdos con centros privados de salud, operando las Obras Sociales como gestores y administradores del riesgo.
En este caso aparece el primer problema en el acceso. La vinculación directa entre el acceso a los beneficios de la Seguridad Social y la tenencia de empleo formal dificulta, en contextos de caída de la actividad laboral registrado, la universalización de este tipo de cobertura. "Incluso entre las personas que sí poseen trabajo formal y consecuentemente cobertura de la Seguridad Social existen marcadas asimetrías alejándose aún más de un trato equitativo e igualitario", advierte el documento.
Otro escollo tienen que ver con las políticas complementarias de libre elección de Obra Social y de derivación de aportes al subsector privado amplían, en la práctica, las diferencias entre servicios brindados por las distintas Obras Sociales y afectan su financiamiento.
Siempre paga el Estado
Ante las inequidades del sistema sanitario actual, el Estado nacional asume distintos roles en cada uno de ellos, mediante intentos de homogeneización y asistencia subsidiaria en el caso del Subsistema Público (dado que la responsabilidad primaria recae sobre las provincias), mediante la coordinación general, administración de riesgos, habilitación y control en el caso del Subsistema de la Seguridad Social y mediante la fiscalización y control en el caso del Subsistema Privado.
El informe de la OPC identifica 421 políticas públicas en 34 organismos contribuyentes a la promoción de la salud, con un presupuesto total de 1,4 billones de pesos. Sólo el presupuesto del PAMI, sumando todos sus componentes, representa el 1,1 por ciento del PBI de este año. Entre sus principales políticas se destacan los programas de prevención, que incluyen el mejoramiento y protección del medioambiente, a la promoción del deporte, al desarrollo comunitario, a la vivienda y hábitat, al acceso a la información, al resguardo de la salubridad, a la seguridad ciudadana, al acceso a servicios públicos y a la accesibilidad y transporte.
No obstante, el 63 por ciento de los establecimientos de salud registrados son privados y el 97 por ciento de ellos, comerciales. La Nación ocupa un rol subsidiario en la atención de la salud, lo cual se evidencia, entre otras cosas, en que el 95,7 por ciento de los nosocomios públicos son provinciales o municipales.
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Hay grandes diferencias entre las jurisdicciones en la cantidad y tipos de establecimientos. La provincia que más tiene cuadruplica en número de centros de atención respecto a la que menos tiene. La diferencia de cobertura del subsistema privado es la más marcada: entre la provincia que presenta mayor cobertura y la que menos (respecto a su población total) existe una diferencia de 21,2 veces.
La concentración de beneficiarios entre las distintas obras sociales es notablemente dispar: en las sindicales, la de los empleados de comercio tiene 1.692.600 afiliados, mientras que otras poseen menos de 500. Similar situación se plantea con las obras sociales del personal de dirección: OSDE (en su rol de obra social) concentra el 50 por ciento de socios.
La crema del negocio
Las políticas complementarias de libre elección de obra social y de derivación de aportes al subsector privado amplían, en la práctica, las diferencias entre servicios brindados por las distintas obras sociales y afectan su financiamiento. En la mayoría de las obras sociales y de las empresas de medicina prepaga la cantidad de varones titulares es mayor a la de las mujeres, replicando la realidad evidenciada en el mercado laboral.
Según relevamientos del sector, el 55 por ciento de los usuarios que ya tienen una prepaga consulta opciones para bajarse de plan porque ya no pueden pagar la cuota mensual. Desde 2015 la cuota de los planes de medicina prepaga aumentó un 448 por ciento, según el relevamiento realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Aún así, los empresarios del sector insisten en que el negocio no es viable y exigían entonces, y vuelven a hacerlo ahora, mayores ajustes.
El mes próximo volverán a aumentar las prepagas. En enero será de 9 por ciento y la cuota más barata para un grupo familiar será de 20.000 pesos, pudiendo superar los 150.000 de acuerdo al plan.
Si se analiza el acceso por zona o región, las jurisdicciones del noroeste (NOA) y noreste (NEA) argentino, con excepción de Tucumán y Chaco, poseen mayor cantidad de establecimientos estatales en relación a los no estatales. En cuanto a la cantidad de establecimientos cada 10.000 habitantes, las provincias de Tierra del Fuego y La Pampa son las que más cantidad poseen, ambas con más de veinte establecimientos cada 10.000 habitantes, traccionadas por la amplia presencia de establecimientos privados en ambos casos.
En el otro extremo, la provincia de Buenos Aires es la que tiene menor cantidad de establecimientos cada 10.000 habitantes, con cerca de cinco, y Formosa es la que menor presencia no estatal posee, con poco más de dos establecimientos cada 10.000 habitantes.
La vigencia del PMO
Todo beneficiario del Sistema Nacional del Seguro de Salud tiene derecho a recibir, como mínimo, se creó originalmente mediante Resolución 492/95 del Ministerio de Salud, y en los sucesivos años fue modificado y abordado por diversas normas, ampliando su alcance y contenido.
El otorgamiento de las prestaciones incluidas en el PMO es obligatorio para los agentes del Seguro, por lo que, en caso de que uno de ellos no se encuentre en condiciones de brindarle el PMO a la totalidad de sus beneficiarios, se encuentra prevista su fusión con otro agente a los fines de cumplir con el mismo.
Se establece que todo agente del seguro debe destinar como mínimo el 80 por ciento de sus ingresos a la atención del PMO. El PMO incluye una gran variedad y cantidad de prestaciones, entre las que se destacan: Plan Materno Infantil (PMI), Odontología, Salud mental, sexual y reproductiva y cobertura en medicamentos con el 40 por ciento en general y de 100 por ciento en casos específicos (VIH, cáncer, internación y fibrosis quística).
"Se han observado diferencias entre Obras Sociales en cuestiones como la atención administrativa brindada, la disponibilidad de turnos, la oferta de profesionales y la cercanía de los beneficiarios con los centros de atención, lo que genera que existan distintas calidades de Obras Sociales", destaca el informe.
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