La idea de que todas las personas reciban una suma mensual de dinero sin condiciones ni destino específico, por el solo hecho de ser ciudadanos, genera polémica. La fenomenal crisis internacional desatada por la pandemia del Covid-19 hizo que vuelva a estar en el centro del debate mundial. Acumula respaldos una iniciativa que ahora muchos consideran viable y necesaria.
Desde el Papa Francisco hasta el Financial Times, diario británico estandarte del pro-mercado, los gobiernos de España, Portugal, Italia y Escocia, políticos y economistas de Europa y Estados Unidos, también multimillonarios como Elon Musk y Mark Zuckerberg, plantearon la necesidad de implementar medidas como una renta básica, un ingreso universal o ingreso ciudadano, según el lugar del mundo en el que se discuta.
La pandemia generó un parate en los negocios. Eso impulsa las presiones permanentes del poder económico para que se levanten las medidas sanitarias que tienen como objetivo contener el avance del virus.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Al mismo tiempo, agiganta y expone las desigualdades. Nunca como hoy se evidenciaron con tanta claridad los niveles de informalidad laboral, inseguridad alimentaria, hacinamiento, falta de acceso al agua potable. Eso también genera que la cuarentena no sea sustentable para los sectores más empobrecidos.
Esa doble situación plantea un problema de gobernabilidad, que preocupa a las mentes del capitalismo financiero, y explica el nivel de consenso que hay sobre la necesidad de instrumentar una universalización de la renta.
En naciones con economías desarrolladas, la noción del ingreso de ciudadanía nace en el marco de la crisis de los estados de bienestar, y el impacto que produce el cambio tecnológico y otros fenómenos que generaron crisis de empleo.
En otros países con mayores urgencias y problemas estructurales, la idea del ingreso universal está asociada a una perspectiva distributiva, garantizar un piso de ingresos para hacer frente a la pobreza extrema.
También son políticas potentes que podrían generar, según argumentan los impulsores de la medida, un impacto inmediato en la estimulación del consumo interno. Es decir, puede ser una motivación en términos redistributivos, pero también como herramienta para reactivar una economía sumergida en años de recesión y asfixia financiera como el caso de la Argentina.
¿Es posible un salario universal en la Argentina?
Hasta ahora, la idea de un salario universal no fue avalada ni respaldada por ningún funcionario del Gobierno nacional. Hay borradores de proyectos que recorren algunos despachos en la Cámara de Diputados, y propuestas de dirigentes políticos, movimientos sociales y algunos economistas heterodoxos.
Hace más de un mes que se puso sobre la mesa la posibilidad de discutir en el Congreso un impuesto a las grandes fortunas personales de la Argentina, que todavía no se presentó. Mientras tanto, la pobreza está en aumento en la Argentina, según reconocen desde el propio Gobierno, a pesar de las medidas destinadas a los sectores vulnerables.
El presidente Alberto Fernández dijo esta semana que "puede haber un aporte excepcional en este momento", que afectaría "a 11.000 argentinos que son poseedores de un patrimonio total de 1.300 millones de dólares". Consideró que "el sistema impositivo argentino es profundamente injusto” y que “ha llegado la hora de revisar estas cosas, de hacer un sistema más progresivo".
Son casi 5 millones las personas que tienen trabajo -formal, informal o por cuenta propia- pero viven en condiciones de pobreza. El 27,5% a fines de 2019, según datos del Indec, número que aumentó por la fuerte recesión y las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Macri. Se descuenta un salto importante por los efectos de la pandemia, sumado las suspensiones, las reducciones salariales acordadas entre la CGT y la Unión Industrial Argentina, y la caída de los ingresos de quienes ya vivían al día.
El ingreso universal se puede pensar como un complemento salarial, que podría tomar como referencia las experiencias exitosas de la Asignación Universal Hijo o el Salario Social Complementario para los trabajadores de la economía informal, o el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia.
Así lo plantea el economista y diputado nacional del Frente de Todos, Itai Hagman. “Lo imaginamos como una universalización de un complemento salarial. Toda la gente que lo recibiría ya tiene un ingreso de algún tipo pero no le alcanza para cubrir un piso básico que le permita satisfacer sus necesidades”.
Considera que el costo fiscal es alto, pero viable. Menciona un estudio que realizaron con datos de 2019 de la Encuesta Permanente de Hogares para establecer una línea de riqueza. “El 0,5% de la población gana casi 700 mil pesos por mes, en promedio, y como mínimo 400 mil pesos por mes. Se podría ampliar el universo de ricos con una escala progresiva en el impuesto a los altos ingresos”.
El Salario Social Complementario, por ejemplo, lo cobran 680 mil personas. Es el 15% del universo de la economía popular que alcanza a 4 millones de trabajadores. “Se puede avanzar en una mayor universalización, tal vez gradualmente. Es viable dar pasos en esa dirección”, calcula el diputado Hagman.
“La única manera es con una reforma tributaria progresiva, en la Argentina es una deuda pendiente”, asegura Hagman en El Destape.
La primera manifestación política en la Argentina fue planteada en una consulta popular previa al estallido del año 2001, cuando el Frente Nacional contra la Pobreza (FreNaPo), impulsado por la CTA, propuso construir un piso básico de ingresos mediante un seguro de empleo y formación para jefes y jefas de hogar desocupados, una asignación universal por hijo, más una jubilación universal.
El economista Claudio Lozano, promotor del FreNaPo, hoy director del Banco Nación, asegura que la necesidad de sostener ingresos en una Argentina con más de la mitad de la población laboral en la informalidad, “obliga a abandonar la idea de superponer instrumentos que tienen algún nivel de condicionalidad, porque en la práctica ocurre que todo deja algo afuera”.
“Hay que discutir todo un replanteo impositivo general y el sistema de políticas públicas”, dice Lozano a El Destape.
Mientras tanto, en la emergencia, Lozano apunta que “lo que se podría hacer es que a todos aquellos que no son asalariados formales, la población activa que está entre 18 y 65 años, darle un salario de emergencia equivalente al salario mínimo. Y al mismo tiempo mantener la AUH y aumentarla 1000 pesos más, hasta los 4000 pesos. Con lo cual una familia tipo quedaría en un piso de 42 mil pesos de ingreso que sería la canasta de pobreza”.
El costo fiscal y la fuente de financiamiento son siempre los obstáculos sobre los que operan quienes se oponen a este tipo de medidas.
Lozano calcula que “hacer esto por los próximos tres meses de pandemia supone un costo neto de 360.000 millones de pesos. Estaría en torno al 3,5% del PBI. Es financiable con un impuesto a la riqueza sobre los patrimonios superiores al millón de dólares”. Asegura que la posibilidad de recurrir a un impuesto a las principales fortunas personales debería ir articulado con la idea de una renta básica.
También los cuadros técnicos del colectivo Los Cayetanos -integrado por la CTEP, la Corriente Clasista y Combativa, el Frente Darío Santillán y Barrios de Pie Somos- elaboraron un plan para salir de la crisis económica. Se lo presentaron al presidente Alberto Fernández en una reunión en Olivos el 23 de abril.
Ahí se incluye la idea de un “salario mínimo complementario universal” con el objetivo puesto en la generación de trabajo. La construcción de mil fábricas, un millón de viviendas y la creación de un millón de chacras, entre otros puntos que caracterizaron como un "gran desafío épico" que requiere la instrumentación de un fondo de 200 mil millones de pesos para sostener una iniciativa que apunta a movilizar la economía en los barrios.
Fue luego de que el Papa Francisco enviara una carta a los movimientos populares, el sábado 11 de abril, en la que dice que "tal vez sea el tiempo de pensar en un salario universal" para quienes "han sido excluidos de los beneficios de la globalización" y "no tienen un salario estable para resistir este momento".
En la misma línea, esta semana los curas villeros plantearon que “tal vez sea (ahora) tiempo de pensar en un salario universal para que ningún trabajador se quede sin derechos”. Fue en un acto encabezado por el obispo auxiliar de Buenos Aires, Gustavo Carrara, en la Villa 31 -Barrio Mugica- en el que advirtieron que el coronavirus “está pegando fuerte" en los barrios y reclamaron una mayor presencia del Estado.
También el Observatorio del Derecho a la Ciudad lanzó en la última semana una campaña para pedir con urgencia “una política de Ingreso Ciudadano Universal e Incondicional para todos los habitantes del país”.
Jonatan Baldiviezo, coordinador del observatorio, considera que “es una medida insoslayable para salir de la crisis” y que “tiene que haber modificaciones económicas de fondo”.
“La discusión de cómo se financia es posterior, primero tiene que estar la voluntad política de entender el sistema y querer cambiarlo para pensar la implementación”, dice Valdiviezo y anticipa en El Destape que trabajan para presentar un proyecto en el Congreso.
Time has come
Los gobiernos de España, Portugal e Italia anticiparon esta semana que propondrán a la Comisión Europea la creación de "un sistema de ingreso mínimo común" a modo de "escudo social europeo" por los devastadores efectos económicos que generó la pandemia. Marcan la necesidad de "asegurar que todo el mundo tenga cubiertas sus necesidades básicas"
Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno español y líder de Unidas Podemos, estima que beneficiaría a los 450 millones de ciudadanos de la Unión Europea.
También la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, aseguró que “el tiempo ha llegado”, al considerar que es momento de una renta básica universal para los escoceses, y anunció que propondrá la discusión en el Reino Unido.
En abril, el diario británico Financial Times sorprendió, por su histórica línea anti-Estado y de desregulación de los mercados, al plantear que “deberán ponerse sobre la mesa reformas radicales que reviertan el rumbo político de las últimas cuatro décadas. La redistribución del ingreso deberá volver a ingresar en la agenda; los privilegios de los más ricos deberán ser cuestionados”. Y agrega: “Políticas públicas consideradas excéntricas hasta hace poco, tales como un ingreso universal básico e impuestos a la riqueza, deberán ser parte del menú”.
Cerrar sesión