La pandemia colocó en el centro de la escena a los fenómenos de la desigualdad y de la riqueza. Con el objetivo de contribuir a profundizar el análisis, desde el Centro de Economía Política Argentina se realizó una investigación que releva 16 casos de ricos del país, sus entramados empresariales y los procesos de valorización patrimonial en pandemia. ¿Cómo funcionan? ¿Hubo enriquecimiento de los que más tienen? Recorremos algunos ejes clave.
En primer lugar, se trata de actores que operan en posiciones estratégicas en cada sector de actividad, lo que les otorga manejo de los precios internos y mayor capacidad de apropiación de la renta. Un ejemplo de ello es Javier Madanes Quintanilla (Aluar) que detenta el monopolio del negocio del aluminio, así como Luis Pagani con Arcor y Carlos Blaquier (Ledesma) con el mercado del azúcar. Además, tienen fuerte inserción exportadora, sobre todo en productos primarios e industria básica, lo que les permite manejo y disposición de divisas, como el caso de Paolo Rocca (Techint).
Se trata de empresas que han desplegado diversas estrategias de integración vertical y de diversificación hacia los sectores más favorecidos en cada una de las etapas: explotación agropecuaria, servicios públicos privatizados, producción de bienes de consumo masivo y producción energética. El caso que mejor refleja esta lógica es el Grupo Clarín, que comenzó siendo un diario, y a lo largo de los años se constituyó en uno de los multimedios más poderosos, con la compra también del paquete accionario de Telecom.
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En un segundo orden y entre los aportes centrales del estudio “Estructura corporativa y riqueza en la Argentina” realizado con el apoyo de la Friedrich Ebert Stiftung (FES) Argentina, se destaca la configuración de entramados empresariales orientados a ocultar y desresponsabilizar a las personas propietarias y sus familias. Cinco de los 16 casos estudiados se estructuran a través de un conjunto de sociedades tipo “cáscaras vacías” cuya finalidad es ser propietarias de otra sociedad, sin desarrollar actividad adicional y mayoritariamente ubicadas en países de baja tributación o de secreto bancario, lo que da cuenta de la voluntad de ocultar la información, lo que en varios casos podría asociarse a la finalidad de evasión tributaria.
En tercer lugar, la cuantificación del patrimonio comercial de los entramados analizados, puntualmente en los periodos de pandemia por Covid-19, muestra que en el primer año las fortunas valorizadas se incrementaron, en promedio, un 6,3 por ciento, y al año siguiente, el incremento ascendió a 29,8 por ciento. Las cotizaciones confirman que el valor patrimonial comercial se redujo en los primeros meses de pandemia, pero con una rápida recuperación que, al año, refleja que ocho de los casos estudiados habían superado el umbral de valores previos, dos se mantuvieron iguales y sólo tres se encontraban por debajo. El segundo año muestra continuidad en el incremento de los valores patrimoniales.
La investigación aporta además una descripción precisa de la offshorización presente en el propio diseño de los entramados. En 13 de los 16 casos se identificó formación de activos externos en 2015-2019, dos de esos casos corresponden a personas humanas mientras en el resto se refiere a empresas del entramado de sus titulares. Entre todos los casos suman USD 2.790.907.201. En relación, se confirmaron vínculos cruzados con la formación de activos externos, la participación en el blanqueo de 2016 (familias Braun, Bulgheroni, Caputo, Coto, Madanes Quntanilla y Rocca) y la aparición en listas de paraísos fiscales.
Respecto a los lugares donde existen sociedades constituidas, el informe releva: dos casos en Islas Bahamas, tres en Delaware, diez casos en Uruguay, cinco en Islas Vírgenes, cuatro en España, cuatro en Liechtenstein, tres casos en Luxemburgo, tres en diferentes estados dentro de Estados Unidos y dos casos en Países Bajos. Se trata de sociedades en lugares que están reconocidos como guaridas o países de baja tributación.
Finalmente, para pensar el desarrollo económico del país resulta fundamental la centralización de la información estatal y contar con mejores bases de datos para el estudio de la riqueza y la configuración del capital, de manera de poder realizar diagnósticos precisos sobre quiénes pueden hacer un aporte diferencial. Mirar hacia dentro de esos grupos, analizar la interrelación entre las sociedades, ponerle nombre a los dueños y porcentaje a sus participaciones es un punto de partida diferencial.
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