Pérdida de recursos por RIGI: pese a insistir con el equilibrio fiscal, el Gobierno no analizó el impacto en las arcas públicas

El presidente Javier Milei declaró públicamente que vetará cualquier ley que “atente contra el equilibrio fiscal”. Sin embargo, el propio Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que promueve en la “Ley Bases” podría afectar los recursos disponibles y dar lugar a una mayor inestabilidad fiscal tanto a nivel nacional como provincial. La quita de capacidades tributarias a las provincias, la destrucción del entramado productivo local (clave para la tributación provincial y municipal) y una mayor concentración de lo poco que se recauda en manos del Ejecutivo nacional, aparecen entre las consecuencias centrales de este régimen que sigue cosechando cuestionamientos. 

“No existen estudios de evaluación de política pública que calculen el impacto económico que significará el excesivo gasto tributario por los beneficios que se otorgan a grandes empresas”, alertaron desde el centro de estudios Surplus en el marco de la presentación de un informe que pone el ojo en el impacto fiscal de este proyecto de ley. En los hechos, las grandes empresas abonarán bajos o nulos impuestos pero, pese a ello, poco se habla de cuánto costará a las arcas públicas y cómo, además, se afectará la relación con las provincias. “Hay un claro avasallamiento sobre las facultades provinciales para recaudar impuestos, con esta ley se pierden capacidades tributarias y regulatorias. El Estado Nacional excluye unilateralmente tributos existentes en la provincia para las empresas que adhieran al RIGI”, agregaron. 

Otro aspecto no menor tiene que ver con que se habilita a grandes empresas a “inscribir como inversión la compra de empresas ya existentes, por lo que los beneficios otorgados no redituarían en ninguna ampliación de capacidades productivas, empleo y exportaciones del país. Es decir, no sería una inversión verdadera”. Asimismo, no existe en todo el proyecto del gobierno “regulación cruzada que prohíba conectar los capitales que ingresen al “blanqueo” y el RIGI” lo que posibilitaría “el lavado de activos de actividades delictivas”.

Tales condiciones podrían agravar un escenario marcado por la tendencia contractiva de la actividad industrial nacional. Según el último dato difundido por el INDEC, el uso de capacidad instalada de la industria se ubicó en marzo en 53,4%, dando cuenta de una fuerte caída de la actividad (hace un año atrás era de 67,3%), solo por detrás de la pandemia de 2020. A su vez, esta semana se conoció el Índice de producción industrial manufacturero (IPI-INDEC) que mostró para abril una caída interanual del 16,6%. La actividad viene en franca caída en esta comparación desde mediados del 2023 y desde diciembre registró dos dígitos de contracción (-12,8% en dic/23; -12,2% en ene/24, -9,8 en feb/24 y -21,4% en mar/24). En el acumulado del primer cuatrimestre del año la baja alcanzó el 15,4%.

Conflicto fiscal entre provincias y Nación

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es uno de los puntos centrales de la llamada “Ley Bases” o “Ley Ómnibus” que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, y la próxima semana sería tratada en el Senado. Se trata de un programa de beneficios a 30 años para extranjeros o locales que inviertan más de 200 millones de dólares en el país, que recibirán exenciones fiscales, aduaneras y monetarias, entre otros y que -alertan desde distintos sectores- podría afectar el desarrollo del entramado productivo nacional y poner en jaque el rol de la industria nacional en el proceso económico, pero también complicar los recursos del propio Estado nacional y a las ya golpeadas arcas de las provincias, al interferir en la recaudación local. 

“El RIGI podría generar volatilidad en la macroeconomía y, por ende, resultar insostenible en el largo plazo”, alertó un informe elaborado por el espacio Surplus, vinculado a la Facultad de Ciencias Económicas de Rosario, y que aporta nuevos elementos respecto del impacto fiscal de este proyecto de ley. Al respecto, aseguraron que “no se ha realizado ningún estudio de evaluación de políticas públicas para medir su posible impacto en la economía argentina, por lo que el régimen podría generar efectos adversos en términos tributarios y cambiarios, y hasta agravar aún más la escasez de divisas que sufre nuestra economía”.

En cuanto al impacto fiscal, y pese a que el gobierno remarca que no “entregará” el déficit cero y hasta que cuidará "la caja a puro veto" frente a propuestas del Congreso como la actualización de las jubilaciones, paradójicamente con el RIGI el Estado podría perder recaudación por el excesivo gasto tributario que implica el régimen. En lo concreto, los economistas que realizaron el informe marcaron que “no se ha presentado ningún cálculo sobre el gasto tributario que implica la renuncia en el cobro de tributos. Además, las grandes empresas se verán estimuladas a inscribirse en el RIGI para abonar menos impuestos afectando las arcas nacionales e incluso sin comprometer grandes inversiones productivas”.

De esta manera se profundizaría la presión fiscal desigual entre las grandes empresas y las PYMES, “las primeras tendrán una presión fiscal muy reducida en comparación a las pequeñas y medianas locales, ya de por sí las grandes empresas internacionalizadas suelen realizar planeación fiscal a partir de transacciones con empresas relacionadas radicadas en guaridas fiscales para abonar menos impuesto”. Asimismo, el documento elaborado también por la Fundación Pueblos del Sur, detalló que “si bien el Impuesto a las Ganancias es el único tributo nacional que se espera recaudar dado que se renuncia al cobro de las demás obligaciones tributarias, lo cierto es que se verá afectado ya que se reduce la alícuota en 10 puntos porcentuales respecto a la tasa estándar, se implementan las denominadas amortizaciones aceleradas que permiten incrementar los costos de las empresas en forma significativa y, en consecuencia, reducir las respectivas ganancias corporativas, y por los créditos fiscales sobre el IVA y el impuesto a los débitos y créditos que podrán ser cancelados sobre las obligaciones en el impuesto a las ganancias”. 

Por lo tanto, como resultado de estos beneficios fiscales y prácticas contables, en los hechos las grandes empresas abonarán pocos o nulos impuestos. Vale recordar que tanto el impuesto a las Ganancias como el IVA son coparticipables por lo que incluso las provincias verán comprometida su estabilidad fiscal. Sobre este punto el informe al que accedió este medio remarcó que el proyecto el gobierno “prohíbe establecer gravámenes a provincias y municipios, atentando contra la soberanía provincial y el federalismo” y generando conflictos entre los Estados provinciales y el Estado nacional. En diálogo con El Destape, Ezequiel Orso, economista especializado en Desarrollo Económico y coordinador del espacio Surplus, explicó que "las provincias dejan de tener la posibilidad de recaudar si se destruye el entramado productivo local y si desaparecen las empresas pyme, y por otro lado se ven afectadas si se recentraliza la tributación. Esto da lugar a una reestructuración del equilibrio de poder entre las provincias y la Nación que hace que ésta tenga mucho más poder sobre las provincias y que, por lo tanto, el conflicto de distribución de recursos sea un conflicto que siempre está latente. Es decir que este régimen genera una re-centralización de la tributación que implica a su vez una re-centralización del poder político y, por lo tanto, un enflaquecimiento de las capacidades políticas y de la propia democracia en sí misma". 

Lo anterior es importante en la medida en que cambiaría la relación estructural entre los poderes ejecutivos y legislativos provinciales y el Poder Ejecutivo nacional. “El Art. 162 del proyecto entra en conflicto con garantizar los derechos constitucionales indelegables de las provincias al enunciar que no pueden no adherir al RIGI sancionada la ley, y que las provincias no pueden establecer reglamentaciones complementarias que se adecúen a sus necesidades locales, esto podría llevar a incontables conflictos dado que las provincias son preexistentes al Estado Nacional”, remarcaron.

Maniobras empresariales y menos recaudación

El RIGI no solo podría dar paso a la reprimarización de la economía ante la llegada de capitales a sectores sensibles para proveer divisas (petróleo, minería, producción primaria de alimentos) sino que también podría fomentar un amplio proceso de fusiones y adquisiciones de empresas, cuyo resultado sería mantener sin cambios la inversión global a corto plazo y reducirla en el largo, afectando la recaudación del Estado, vía maniobras de transferencia de activos.

“Se habilita explícitamente la posibilidad de que inversores nacionales o extranjeros inscriban como inversión la compra de empresas ya existentes. La mayor parte de la Inversión Extranjera Directa (IED) a nivel mundial es destinada a fusiones y adquisiciones de empresas ya existentes, entre el 40% y el 60%”, mencionaron los especialistas y agregaron que “posiblemente las grandes empresas desarrollarán las habituales estrategias de planeación fiscal para inflar contablemente las ganancias de las empresas del grupo económico que se encuentren inscriptas en el RIGI”. 

En esa misma línea, un aspecto no menor del texto que el centro de investigación hizo llegar a legisladores es el “riesgo de transformar a la Argentina en una guarida fiscal”. Esto porque “las empresas inscriptas podrán convertirse en vehículos del traslado de ganancias hacia la Argentina para pagar menos impuestos en forma global. Incluso, por poner un ejemplo, dos empresas del mismo grupo económico radicadas en Argentina podrán desarrollar transacciones entre sí para inflar artificialmente las ganancias de aquella firma inscripta al RIGI”. Se suma que “a partir de esta ley el Estado se encuentra inhabilitado de realizar cuestionamientos en lo que respecta a los desvíos de precios de transferencia que se realicen sobre la base de subfacturar exportaciones y sobrefacturar importaciones” y también hay que considerar que “no existe una regulación que prohíba conectar los capitales provenientes del denominado ‘blanqueo’ que se encuentra también en la ley Bases y el RIGI, lo que posibilitaría el lavado de activos de actividades delictivas”. 

Sobre esto Orso analizó que "al no haber una regulación cruzada, podría darse la situación de que capitales asociados al terrorismo internacional vengan a la Argentina, por ejemplo, y compren una empresa ya existente, y que esa empresa les interese como plataforma para blanquear dinero para sus actividades ilícitas". La otra cuestión muy importante al entender del economista es que "podría suceder, de aprobarse este capítulo tal como está, que haya una migración del sistema productivo actual a un sistema productivo paralelo regulado por el RIGI, en la medida en que podría darse el caso de que, por ejemplo, una automotriz cree una sociedad anónima simplificada (SAS) y dentro de la misma cree una SRL, y la inscriba en el RIGI, y la automotriz traslade todo su capital, todos sus recursos, a esa otra empresa para acceder a los beneficios que se ofrecen. Hay una tendencia muy clara de generar una migración de la estructura productiva actual de las grandes firmas hacia un sistema tributario diferente"

Qué pasa con las Pymes

Una de los sectores más afectadas con este proyecto serían las pequeñas y medianas empresas, así como las economías regionales que se desarrollan en torno a las mismas. “En estas economías sus auges y crisis dependieron siempre del ciclo económico nacional por lo que la destrucción de políticas destinadas al desarrollo del mercado interno y la industria nacional son su crisis. Además, la concentración y extranjerización del capital disminuye los efectos multiplicadores del empleo local a través de las Pymes”, resaltaron desde Fundación Pueblos del Sur.

Por su parte, un grupo de industriales santafesinos dio a conocer en el marco del actual debate, cinco propuestas para “un nuevo RIGI”. Desde la Federación de Industriales de Santa Fe (FISFE), proponen limitar el tiempo de beneficios para quienes realizan las inversiones, proteger los insumos de producción nacional, regular exportaciones e importaciones, y hasta una “Ley PYME” que “contemple la exención del Impuesto a las Ganancias de las utilidades líquidas reinvertidas, la amortización acelerada de inversiones productivas, la eliminación de retenciones para las exportaciones incrementales, entre otros aspectos”, destacaron. 

En sintonía, esta semana la Unión Industrial Argentina (UIA) al mismo tiempo que volvió a manifestar el visto bueno a la ley del oficialismo y presiona para lograr el apoyo generalizado del sector a la norma, anunció que convocará a cámaras y empresas para “elaborar una propuesta de proyecto de ley para la creación de un régimen de incentivos a la inversión de las pequeñas y medianas industrias, junto con el lanzamiento de una nueva Ley PyME”.