Armisticio con el campo y nuevo debate por los precios

La sangre no llegó al río. Luego de la algarada de amenazas, la reunión de las entidades que representan al agro pampeano y el presidente Alberto Fernández terminó en “armisticio”. El presidente concedió y se comprometió a que no habrá suba de retenciones. Palabras más, palabras menos los “hombres de campo” le dijeron a Fernández que ellos son esforzados hombres de trabajo y no los malos de la película, nada nuevo bajo el sol de las autopercepciones. Tras el encuentro todos se fueron contentos, las entidades agropecuarias con la promesa de que no le aumentarán tributos y el Presidente con la promesa del trabajo conjunto para controlar precios.

La última escalada había comenzado por la advertencia de Fernández al agro. En una entrevista del fin de semana había sugerido a los formadores de precios que se autorregulen pues en caso contrario se vería obligado a tomar medidas que no desea tomar, léase aumentar retenciones o establecer algún tipo de cupo a las ventas externas.

Si bien el tono de la entrevista fue político, de lucha contra especuladores malos, el fenómeno de base a combatir fue el derrame de la inflación internacional sobre los precios internos. En un trimestre los precios de las principales commodities agropecuarias se incrementaron más del 60 por ciento, lo que se tradujo en efectos catastróficos sobre los precios locales de los alimentos y, por extensión, sobre la inflación y los ingresos de los trabajadores.

Desde entonces el debate se centré en cómo hacer para “desacoplar” los recios externos de los internos. Las medidas técnicas más directas son conocidas: retenciones o cupos. Rusia, por ejemplo, acaba de establecer retenciones móviles para sus exportaciones de trigo que abastecen el mercado europeo. Finalmente las leyes de la economía son universales, por eso son leyes.

Pero en el contexto local se presentaron otros condimentos. El llamado campo ganó “la guerra” de 2008 contra las retenciones móviles. Su triunfo se coronó con el regreso del neoliberalismo 2016-19, un presente griego que siempre deberá recordársele al sector, en especial cuando toda la sociedad deberá hacerse cargo del endeudamiento pavoroso y acelerado. No obstante aquel triunfo de 2008 es el que le permite al agro mantener en el presente la autoconfianza de los ganadores.

Tras la advertencia de Fernández el fin de semana era previsible que a través de su multitud de voceros mediáticos el agro reaccione explicando que no es formador de precios, que las commodities son apenas una porción de los precios finales de los alimentos (como si eso cambiase el signo de la ecuación) y que los precios ya están desacoplados por las retenciones existentes y el desdoblamiento cambiario. Pero si estos argumentos no son suficientes, el agro también amenazó con que está dispuesto a ir a “una nueva guerra” contra el gobierno.

Debe reconocerse que, para la guerra, sus armas muy poderosas. La clase agraria y sus auxiliares tienen la capacidad de determinar el área sembrada y la liquidación (o no) de divisas. Dicho de manera rápida, tienen la capacidad directa de influir en uno de los principales precios de la economía: el del dólar y, a través de él, en los ingresos de toda la población y en la estabilidad macroeconómica. En paralelo, también tiene el poder de bajar su discurso a través de los medios hegemónicos para conseguir el apoyo político de los sectores medios sin tierra, pero con maceta. Se trata de un poder puro y duro que enfocado contra cualquier gobierno se traduce en una gran capacidad de daño.

El gobierno por su parte autolimitó su capacidad de intervención dado que por la ley de solidaridad social sólo podría aumentar las retenciones de trigo y maíz en 3 puntos hasta 15 por ciento de alícuota. Lo mismo sucede con la soja hasta 33. Quienes al interior del gobierno creen que la suba de retenciones puede ser un instrumento para desacoplar, también creen que 3 puntos de alícuota no moverían el amperímetro de los precios finales. Sostienen que para lograr el efecto buscado se necesitaría una medida más contundente, es decir habría que cambiar la legislación, situación que podría dar lugar a una nueva y demoledora derrota legislativa.

La promesa del Presidente al agro no sorprendió. A esta altura nadie esperaba que el estilo presidencial mute hacia la confrontación directa con una de las alas más combativas y con consciencia de clase del poder económico. A ello se sumó que en un frente político tan heterogéneo como el gobernante también están quienes directamente ya tenían otra receta para contener precios. Es el caso paradigmático del cada vez más ortodoxo y empoderado titular de Economía, Martín Guzmán, quien desde Tucumán llamó este mismo miércoles a “tener cuidado con la emisión monetaria”. El ministro y sus asesores están convencidos que la inflación no es ni de costos ni derrame de los precios internacionales, sino un problema de gasto y que todo gasto va a dólar. En los tradicionales razonamientos del ministro la experiencia 2018-2019 parece no haber existido.

Tanto la decisión del presidente de no confrontar con el agro como la mirada ortodoxa del ministro llevaron a que las áreas económicas del gobierno que deben lidiar con el día a día de los aumentos de precios profundicen la creatividad para buscar nuevos mecanismos de desacoples.

Un ejemplo de estas intervenciones alternativas, que ya está en marcha, fue el acuerdo con los aceiteros para crear un “fideicomiso privado” que subsidie la producción envasada en menos de 5 litros y contener así los precios minoristas. Sin embargo la idea más general es hacer fideicomisos también con aportes públicos. ¿Qué aportes? Los derivados de la mayor recaudación por retenciones emergente de los mayores precios internacionales. No está en juego una cifra menor. Un cálculo rápido sobre la base de las alícuotas actuales, el diferencial de mayores precios y las ventas estimadas para 2021 ronda en una masa cercana a los 2.300 millones de dólares solamente tomando los cuatro principales cultivos. Habría una recaudación extra de 1.900 millones en soja, 240 millones en maíz, 60 en trigo y casi 70 en girasol. Este diferencial está calculado sobre las estimaciones de ingresos del Presupuesto. El debate entonces es a qué se destinará ese ingreso extraordinario, a reducir déficit o a contener los precios de los alimentos.

El ala Guzmán cree que los mayores ingresos no deberían gastarse, sino destinarse a reducir el déficit. Recuérdese que para el ministro, vía demanda última de dólares, esa sería la clave de la inflación. Otra área trabaja para que estos mayores ingresos, dado que no habrá suba de retenciones, se destinen a intervenir en las cadenas de distribución de alimentos para contener los precios finales. Todavía no está claro quién se impondrá.