Se profundiza el debate para la industrialización del litio

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales -precandidato a Vicepresidente en la lista de Horacio Rodríguez Larreta- ordenó aprobar una reforma constitucional a espaldas de la población con el objetivo de colar dos artículos para privilegiar a las mineras productoras de litio. Por un lado, la modificación le otorga un mayor manejo discrecional sobre las tierras fiscales para beneficiar exclusivamente a las productoras de litio y con otro inciso habilitó la represión de la protesta social, muchas veces asociada a conflictos de tierra. La aprobación se logró con los votos del radicalismo y el peronismo local. La represión hacia los miles manifestantes que se oponen a esta reforma resultó ser una expresión más del autoritarismo que caracteriza a los integrantes de Juntos por el Cambio.

La modificación que avanza sobre los posibles usos y restricciones para las tierras fiscales institucionalizó la entrega de miles de hectáreas, mayormente para la extracción de litio, al sector privado en detrimento de las comunidades originarias que persisten en sus reclamos históricos. Esta fue la denuncia gritada en las calles por los integrantes de las diferentes comunidades, docentes y otras organizaciones gremiales y políticas. Tal avasallamiento sobre los derechos de un conjunto de la población puso en evidencia, a su vez, la necesidad de discutir un nuevo régimen normativo sobre la minería, que hoy deja en desventaja a las provincias y al Estado nacional en cuanto al cobro de tributos, regalías y derechos de exportación, e incluso cercena herramientas para potenciar el agregado de valor en origen frente a los grandes conglomerados privados que tienen todo servido para la subfacturación de exportaciones. El caso Livent y una subfacturación planificada por 13 millones de dólares.

A su vez, los debates sobre una posible industrialización del litio podrían ser el puntapié para desarmar y modificar un modelo de negocios pergeñado en la década de 1990, momento en que las empresas privadas extranjeras llegaron a tener más poder de acción que las provincias.

Las preguntas en danza son varias: ¿Se debe nacionalizar el litio? ¿Puede crearse una empresa estatal con peso para participar del mercado litero junto a las provincias? ¿Cómo podrían los estados provinciales y el Nacional incrementar la captación de la rentabilidad de este sector? Preguntas claves, teniendo en cuenta que este mineral es central para la transición energética y la generación de divisas. El litio podría ubicarse entre los primeros complejos exportadores del país en tan sólo 5 años: un escenario de exportación anual de USD 5.120 millones hacia 2026.

El debate está abierto.

La tierra es mucho más

Morales introdujo en su Constitución un artículo específico sobre el manejo de las tierras fiscales, en un escenario donde proliferan los proyectos de extracción de litio, cartelizados por un puñado de empresas.  "La tierra es un bien de trabajo y de producción", quedó definido en el artículo 74 de la nueva carta magna provincial.

"La ley regulará la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo, estableciendo al efecto regímenes de fomento que promuevan el desarrollo territorial y el interés socioeconómico de la Provincia", concluyó el articulado.

Para las comunidades originarias, se trató de una “excusa para apropiarse de sus tierras, dado que muchos de sus territorios no son reconocidos como tales y figuran como fiscales". En la Corte Suprema de Justicia ya existe un expediente donde se denuncia el avance de varios proyectos literos sobre los territorios de las comunidades. Lo dictado por Morales choca con la Constitución Nacional y normas internacionales adoptadas por el país donde se les garantiza a las comunidades el acceso a títulos comunitarios de sus territorios ancestrales. No toda tierra posee un fin económico y productivo a gran escala.

El otro artículo que cierra el círculo tiene que ver con la posibilidad de reprimir las protestas sociales que se realicen en rutas o espacios públicos, justamente en defensa de los posibles derechos cercenados vinculados al acceso a la tierra.

En el debate público permite añadir otro elemento para contextualizar la jugada de Morales. Si bien las provincias son dueñas de los recursos, ¿el Estado nacional no debería tener una mayor incidencia en la gestión de dichos recursos y en la distribución de la rentabilidad del sector? El caso Jujuy es un prisma para entender la facilidad con que las empresas privadas mineras consiguen legislaciones y beneficios ad hoc.

Subfacturación planificada

Otro caso para visualizar la discrecionalidad con la que se manejan algunas empresas se encuentra  en Catamarca. La sociedad Livent, que acaba de fusionarse con la australiana Allkem, subfacturó exportaciones por 13 millones de dólares. Así lo determinó una investigación de la AFIP. No hubo error de cálculo sino que la minera aprovechó los grises en las normas de control tanto provinciales como nacional.  

“Los valores exportados no fueron congruentes con la variación del precio internacional. Esos valores podrían encontrarse influidos por la vinculación probada entre el vendedor argentino y el comprador cliente en el extranjero”, explicó la AFIP en un informe fechado el pasado 11 de marzo.

El modus operandi era el siguiente. La totalidad de las exportaciones efectuadas por la filial de Livent, Minera del Altiplano SA, tuvieron como destino los Estados Unidos. El único comprador fue la firma FMC Corporation Lithium, la cual mantiene una vinculación declarada con el exportador argentino”, concluyó la AFIP.

Esto sucedió por dos motivos. Por un lado, el Código Minero les permite a las empresas declarar ventas con un precio diferente al valor internacional del commodity, es decir que declaran un precio del mineral en boca de pozo y no lo que vale al momento de exportarse. Y como en el caso del litio no existe ninguna normativa local que permita fijar valores FOB y FAS (antes y después del pago de derechos de exportación y con el valor del mineral ya puesto en los puertos), tal como ocurre en el sector agropecuario, puede suceder que una misma empresa declare dos valores diferentes según la provincia en la que se encuentre.

Livent declaró un valor exportable del litio que resultó ser muy inferior al mismo mineral exportado desde Chile. En el país vecino, el precio de exportación resultó ser 80 veces mayor que el valor puesto en el proyecto de Catamarca. La provincia también resultó damnificada ya que la empresa paga el 3 por ciento de regalías en base al valor internacional declarado.

A este escenario se le suma otro dato. En materia impositiva, las provincias argentinas cobran menos que otros países que explotan este recurso. Por ejemplo, Chile cobra un 42 por ciento de regalías.

Una estrategia que llegó a discutirse en la Mesa del Litio contemplaba una intervención en la cadena, a partir de componentes recaudatorios, como retenciones y regalías. Desde Y -TEC, la empresa tecnológica de la petrolera de bandera YPF, apuestan al establecimiento de un cupo de procesamiento local del 20%, como un primer paso para mejorar la captación de la renta de este sector y desarrollar, al mismo tiempo, su cadena de valor.

“Las provincias están de acuerdo con aumentar las regalías en el caso del litio pero no a través de la modificación de la ley de inversiones que fijó un límite del 3,5%. Hay que buscar otros mecanismos”, enfatizaron desde YPF. Si la rama tecnológica de la petrolera de bandera produjera el 60 por ciento del litio, la discusión sería otra.

YPF podría ser el caso modelo para avanzar sobre una mayor participación del Estado nacional en el manejo de estos recursos, sin avasallar los derechos de las provincias consagrados en la CN de 1994.

Industrialización

El mismo viernes en que Massa pergeñaba su estrategia para coronarse como candidato a presidente con Alberto Fernández, en la Casa Rosada se avanzaba con la discusión para la industrialización del litio.

“El objetivo del proyecto de ley que proponemos es torcer la inercia de las reglas de juego vigentes. De lo contrario se cristalizará un extractivismo que profundizará la primarización de las exportaciones”, afirmaba Mercedes Marcó del Pont, secretaria de Asuntos Estratégicos luego de mantener un encuentro de trabajo vinculado a la elaboración de los lineamientos de dicho proyecto.

El Código Minero de 1997 fue pensado para una actividad extractiva a gran escala, en el contexto de las privatizaciones. Por eso se busca un marco regulatorio diferente para el litio. El Código vigente exige el pago de una módica regalía del 3 por ciento del valor declarado por la minera en la boca de pozo, ni siquiera sobre el precio de venta del mineral en el mercado internacional.

“No podemos perder claridad frente a lo que sucede a nivel global, el litio es un recurso natural crítico que el mundo demanda con avidez por las necesidades que impone la transición energética. La forma de pararnos frente a esta situación no son más que dos: extractivismo o industrialización, esos son los dos proyectos que están en discusión en nuestro país”, concluyó Marcó del Pont.