El hombre clave de Gerardo Morales en el golpe a Evo y la represión en Jujuy

Normando Álvarez García, el actual ministro de Gobierno y Justicia de Gerardo Morales en Jujuy, tuvo la particularidad de estar en dos momentos determinantes en que se avanzó sobre los derechos del pueblo a puro disparo castrense-policial: fue un hombre importante en el golpe coordinado contra Evo Morales en Bolivia, ya que era el embajador de Mauricio Macri en La Paz y tenía contacto con los golpistas, y ahora jugó un rol estelar en la represión que desató su jefe político en la provincia. Es un hombre de extrema confianza de quien es el carcelero de Milagro Sala y será precandidato a vicepresidente de la Nación de Horacio Rodríguez Larreta.

Álvarez García fue uno de los integrantes de la comitiva gubernamental que el 17 de junio pasado, en Purmamarca, se acercó a los manifestantes para intentar persuadirlos de que levantaran la protesta. Concurrió junto al fiscal que ordenó la represión minutos más tarde, Walter Rondón. Tal como consta en grabaciones de la prensa, entregó junto a otros funcionarios del gobierno provincial fotocopias con la letra de los artículos de la reformada Constitución jujeña que hacían referencia a las tierras donde se encuentran los Pueblos Originarios. Álvarez García estaba acompañado por dos convencionales constituyentes, Julio Alarcón y Yolanda Cruz, que querían “explicarles” los artículos aprobados por la Convención a quienes protestaban. “¿Por qué la necesidad de explicarnos?”, preguntaron los manifestantes, según surge de los videos de esos intercambios. “Porque no se han entendido muy bien”, respondieron. Minutos después, tras el fracaso de la comitiva, se inició la represión.

Hay videos y fotografías que muestran en el lugar de los hechos al exembajador con el fiscal que dispuso el avance de las fuerzas de seguridad estatales. Esto motivó que el abogado Luis Paz, que representa a María Fabiola Suarez, detenida durante la represión, recusara al fiscal Rondón en el caso: “El señor Fiscal integró la comitiva oficial del Poder Ejecutivo para convencer a las comunidades de las bondades de la reforma constitucional y como, en conjunto con los ministros, no lograron convencer a los manifestantes ordenó la represión en menos de una hora de que todos los funcionarios se retiraran del lugar. Y después los detiene! Y entre ellos a mi defendida”, cuestionó Paz. “No se comprende ni se entiende qué hacía el Sr Fiscal en un acto eminentemente político”, agregó el abogado. El planteo del letrado, que apunta a la falta de objetividad y decoro del fiscal, al cierre de esta nota no había sido respondido.

En la misma línea, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) entregó al fiscal general de Jujuy, Sergio Lello Sanchez, un planteo de medidas urgentes luego de constatar que los fiscales provinciales que actuaron en los sucesos cometieron "graves irregularidades durante la represión de las protestas".

El CELS remarcó "la deficiente actuación de los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación en el marco de las protestas contra la reforma constitucional" y reclamaron una reacción urgente. Resaltaron que hubo desde "falta de control" a "convalidación" de "detenciones policiales arbitrarias y generalizadas contra personas que ejercen su derecho a protestar". Constataron "la falta de medidas para resguardar la protesta en el marco de sus competencias", el "afán por perseguir a manifestantes" y "la absoluta falta de iniciativa para investigar los hechos de violencia policial ocurridos durante las últimas jornadas de movilizaciones" que "incluyeron razzias policiales y heridos producto del uso desproporcionado de la fuerza".

Al cierre de esta edición se habían terminado de liberar a las 8 personas de las  57 que hubo detenidas producto de la feroz represión desatada en Purmamarca y en San Salvador. Según los distintos abogados consultados para esta nota y que defienden a quienes fueron apresados, sus clientes fueron golpeados durante los operativos policiales e incluso durante el posterior traslado a los calabozos. También se dio cuenta de que hubo agentes no identificados. Esto fue constatado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura cuyos integrantes viajaron a Jujuy.

En un comunicado difundido este viernes, el Comité informó: “El Comité entrevistó a la totalidad de las personas que se encontraban privadas de su libertad en el penal de Alto Comedero el día 21 de junio, que en ese momento ascendía a 60 personas (46 varones, 9 mujeres y 5 jóvenes adultos). Al finalizar la visita del Comité, se dispuso la libertad de todas ellas”. “Durante el monitoreo, se recibieron alegaciones de golpes y malos tratos por parte del personal policial al momento de la detención y durante el traslado a dicho penal. En su mayoría, las personas entrevistadas relataron que el personal policial no se encontraba identificado. A su vez, se registraron personas con heridas provocadas por el impacto de balas de goma, tanto en el rostro, como en el torso y piernas”, se añadió. Un dato que debiera ser dramático para una persona como Álvarez García que tiene un hermano desaparecido por la última dictadura cívico-militar.

Luego de la represión y las críticas que provocó (se manifestaron en contra hasta organismos internacionales), Álvarez García llamó al diálogo y la paz. Lo hizo de una forma particular: defendió la reforma constitucional y aseguró que “garantiza y amplía derechos”. “Como ninguna otra provincia de la República Argentina, Jujuy consagra en su Constitución los derechos indígenas”, remarcó. 

En una secuencia que lo muestra como un ministro todoterreno del carcelero de Milagro Sala, Normando Álvarez García también estuvo siguiendo la negociación paritaria con el gremio docente, que fue reprimido junto a los pueblos originarios en las inmediaciones de la Legislatura jujeña, en San Salvador, cuando protestaban contra la aprobación de la reforma constitucional. La negociación paritaria docente es otro de los frentes en conflicto que tiene la administración jujeña. Los docentes jujeños están entre los peores pagos del país. El gobierno de Morales realizó una propuesta que está siendo analizada por los sindicatos.

Si bien Normando Álvarez García es ministro de Justicia y apareció como la cara visible del gobierno local en la defensa de la reforma constitucional, en Jujuy circulaba la versión de que detrás de la nueva Constitución había estado trabajando el estudio de Ricardo Gil Lavedra, algo que el exjuez desmintió ante la consulta de El Destape.

Entre otras cosas, para alimentar las sospechas se recordaban en Jujuy los vínculos del estudio Gil Lavedra con el gobierno de Morales. Por ejemplo, según surge del Boletín Oficial local, el 30 de noviembre de 2018 Gil Lavedra fue designado para actuar “en nombre y representación de JUJUY ENERGIA Y MINERIA SOCIEDAD DEL ESTADO -JEMSE-”. ¿Qué es JEMSE? Según lo explica la página del organismo, es “una empresa del estado que tiene el objetivo de promover el crecimiento económico, social y medioambiental de la provincia de Jujuy a través de alianzas público-privadas para el desarrollo de energías renovables, minería y sus actividades complementarias”. En la provincia también se agregaba que un hombre del estudio del exjuez y exdiputado radical, Federico Wagner, fue querellante de Morales en el llamado “juicio de los huevos” contra Milagro Sala. El mismo Wagner, tal como publicó Horacio Verbitksy en Página 12 en 2017, “dirigió un amistoso correo electrónico al Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda” para “diseñar la estrategia para recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” que visitaría el país en plena persecución a Milagro Sala. ¿La razón? “Poner a los comisionados en contacto con las personas que dicen haber sido amenazadas por la líder de la organización barrial Túpac Amaru, a quienes sugiere que represente el Defensor del Pueblo”.

Consultado para este artículo, Gil Lavedra desmintió haber trabajado en la reforma constitucional: “Es absolutamente falso, no he intervenido en nada del proceso de reforma, ni en la gestación, ni en los temas y menos aún en la redacción de ninguna norma. Todos los textos fueron elaborados por los convencionales elegidos por el pueblo de Jujuy”, dijo.

El golpe en Bolivia y el rol de la embajada argentina

Junto con Mauricio Macri y otros funcionarios nacionales, Normando Álvarez García es uno de los imputados que tiene la causa en que se investiga el envío de armas a Bolivia por parte del gobierno de Cambiemos para respaldar el golpe de Estado contra Evo Morales, en 2019. Esa causa se abrió a partir de una denuncia de la administración de Alberto Fernández y cuenta con mucha documentación comprometedora para los acusados.

En julio de 2021, cuando se empezaron a conocer detalles del accionar del entonces embajador argentino en La Paz, que lo mostraban como un engranaje importante en el derrocamiento del presidente boliviano, Morales decidió premiarlo: lo declaró “Ciudadano Ilustre y Personalidad Destacada de la Provincia de Jujuy” y le entregó “la condecoración Medalla Orden del General Manuel Belgrano” por “su desempeño de alto valor humanitario” durante su estadía en Bolivia. En aquella ceremonia, Morales criticó la denuncia por la entrega de armas y sostuvo que  Álvarez García ayudó a salvar vidas durante aquellos convulsionados días en Bolivia. Ese respaldo da cuenta del vínculo estrecho que une al exembajador con el carcelero de Milagro Sala.

La documentación que compromete a Álvarez García en el caso del envío de armas es variada. Se halló en la embajada una nota dirigida hacia él en agradecimiento por el armamento entregado, hay testimonios que lo ubican en el aeropuerto cuando llegó y se entregó el material bélico de la Gendarmería a los golpistas, hay un documento reservado que publicó este medio que expone el rol que tuvo la sede diplomática argentina en La Paz en la “operación fraude” y hasta fotografías que muestran al actual ministro de Gerardo Morales con quienes derrocaron a Evo en un agasajo en la embajada argentina en los días posteriores a la entrega del armamento.

La nota dirigida al entonces embajador argentino en Bolivia en agradecimiento por las armas enviadas está firmada el 13 de noviembre de 2019 por el Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros Lara. En el escrito, dirigido al "Sr. Dr. Normando Álvarez García", se agradece “la colaboración prestada a esta institución armada, en el marco del apoyo internacional entre nuestros países, debido a la situación conflictiva que vive Bolivia”. Terceros Lara detalló que recibió por parte del gobierno argentino 40.000 cartuchos AT12/70, gases lacrimógenos y distintos tipos de granadas.

Tal como publicó este medio, 16 días después de esa nota, el 29 de noviembre de 2019, Álvarez García agasajó en la embajada argentina al alto mando militar que apoyó a la dictadora Jeanine Áñez y al ministro de Defensa golpista Fernando López Julio. ¿Cuál fue la razón del encuentro? La despedida del capitán Miguel Alonso de la agregaduría militar argentina. Alonso fue “Agregado Naval a la Embajada Argentina y Jefe de la Misión Naval en el Estado Boliviano” entre noviembre de 2017 y diciembre de 2019. Si bien son habituales estas despedidas en las embajadas, la del 29 de noviembre tuvo varias particularidades: la embajada argentina reunió a militares golpistas en un clima de fiesta y lo hizo en una fecha clave: apenas 16 días después del envío de las armas por parte de Macri, es decir, a 17 días de la asunción del régimen de facto de Áñez y a 10 días de la masacre de Senkata.

Coincidencias de la geopolítica, tanto en el golpe a Evo como en la nueva Constitución jujeña, que derivó en las protestas y la represión, sobrevuelan los intereses -en especial de potencias extranjeras- sobre los recursos naturales estratégicos como el litio que se encuentran en los territorios donde se dieron los conflictos político-sociales.