La política salarial se mantuvo y profundizó en septiembre, como así también los refuerzos a las jubilaciones, con lo cual gasto público en esos rubros exhibió un alza real –descontada la inflación—interanual. Las remuneraciones, que explican el 11,6 por ciento del gasto primario, aumentaron 7,4 por ciento en el cotejo interanual y ajustado por el índice de precios al consumidor (IPC). “La suba se explica por la incidencia de las medidas de política salarial durante 2022 y durante 2023”, señaló el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
Según el documento del organismo no gubernamental, realizado sobre la base del Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Economía, las transferencias corrientes arrojan un incremento interanual, ajustado por inflación, de 70,1 por ciento, siendo que en términos nominales la asignación de recursos se elevó en 305,3 por ciento, destacándose las partidas de complemento a prestaciones previsionales (ANSES), con un alza real de 92,7 por ciento, seguidas transferencias a provincias (70,3 por ciento), políticas alimentarias (17,3 por ciento) y Potenciar Trabajo (4,9 por ciento).
En simultáneo, se destacan también las transferencias a universidades, destinadas fundamentalmente al pago de salarios, que acumulan en los primeros nueve meses (pese a la reducción de septiembre) un aumento ajustado por IPC del 9,3 por ciento, superior al incremento observado en la partida remuneraciones de la administración pública nacional.
En los últimos meses se intensificaron en los últimos meses los refuerzos en el ingreso de los hogares, castigados por una inflación que llegó a ubicarse en dos dígitos mensuales, exacerbada por la devaluación que aplicó el Gobierno por imposición del Fondo Monetario el día siguiente a las PASO. El plus salarial y los distintos refuerzos de ingresos lanzados en la previa a las elecciones presidenciales generales tuvieron como objetivo morigerar el impacto inflacionario que generó el salto devaluatorio. Estos reajustes en partidas amortiguaron la baja en el gasto público a la que lleva una inflación que a septiembre arroja una escalada interanual del 138,3 por ciento.
Administrar recursos escasos
En plena discusión electoral sobre el rol de los programas de protección a los hogares, los cuales el candidato que llegó a la segunda vuelta por la oposición, el libertario Javier Milei, propone eliminar, el Gobierno contrarrestó con una mayor asignación de partidas para esos fines, aun cuando los ingresos fiscales sufrieron una poda por culpa de la sequía que afecto a la producción agropecuaria. De hecho, el ministro de Economía y candidato presidencial avanzó en la idea de llegar a un equilibrio presupuestario sin ahondar en ajustes del gasto sino en mayores ingresos.
Por pedido del ministro, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados realizará este miércoles una reunión informativa para comenzar a considerar una parte del proyecto de Presupuesto Nacional 2024 enviado al Congreso el pasado 15 de agosto. Tal como hizo en la presentación de la Ley de leyes, el equipo económico incluyó como anexo una separata en la que se detalla el gasto tributario del Estado. Es decir, cuánto se deja de recaudar debido a los diferentes beneficios impositivos actualmente existentes. De eliminarse algunos de estos beneficios pueda alcanzarse en 2024 el equilibrio fiscal o incluso un 1 por ciento de superávit.
A partir de octubre de 2022 la evolución de los ingresos fue claramente superior a la experimentada por los gastos, lo que permitió poner un freno al deterioro del resultado fiscal que se venía manifestando en el primer tramo de ese año. Sin embargo, en el período febrero-marzo de 2023 esa situación se revirtió, verificándose una caída de los ingresos superior a la sufrida por los gastos. A partir de abril de 2023 se retornó al sendero de reducción del déficit fiscal.
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El déficit financiero acumulado en los primeros nueve meses ascendió a 5.157.689 millones (3 por ciento del PBI), mientras que el déficit primario fue de 2.859.740 millones (1,7 por ciento del PBI). En ambos casos se verificó una reducción del rojo presupuestario respecto a los niveles de 2022, cuando representaron 3,2 y 2,1 por ciento respectivamente.
En septiembre, los ingresos totales de la administración pública ajustados por inflación registraron una caída de 14,4 por ciento en la comparación interanual, mostrando una desmejora relativa respecto a los meses previos. “En este desempeño incidió negativamente la evolución de los Derechos de Exportación por la sequía y por una alta base de comparación debido a la liquidación récord de septiembre 2022, en el marco del Programa de Incremento Exportador”, señala el informe de ASAP.
Si se excluyen los recursos que genera el agro, el desempeño real de los recursos totales resulta positiva, con un crecimiento del 2,2 por ciento, destacándose el crecimiento del IVA neto de reintegros (23,2 por ciento interanual). En el acumulado de los primeros nueve meses del año, los ingresos públicos experimentaron una contracción del 3,1 por ciento interanual. “El aumento por encima del IPC de las Contribuciones a la Seguridad social y las Rentas de la Propiedad (principalmente por Utilidades del BCRA) compensaron parcialmente la reducción del resto de ingresos totales”, detalla el análisis presupuestario.
Los gastos mejor dirigidos
Si se excluye el pago en concepto de intereses de la deuda, se observa que los gastos primarios en septiembre experimentaron una variación en línea con el IPC, pero en términos acumulados en lo que va del año, tuvieron una disminución del 6,6 por ciento interanual. Dentro de los gastos corrientes, y siempre en términos reales, resultó determinante el comportamiento contractivo de las jubilaciones y pensiones, con una contracción de 11,8 por ciento en términos interanuales en septiembre, que representan aproximadamente el 40 por ciento del gasto primario.
En este resultado tiene una incidencia central el rezago del índice de la fórmula de movilidad jubilatoria respecto a la inflación. Por la fórmula de movilidad vigente, la movilidad surge de la sumatoria del 50 por ciento del aumento trimestral en la recaudación de ANSES y un 50 por ciento por la variación salarial del mismo período. El cálculo se realiza sobre el trimestre anterior, lo cual en un contexto de aceleración del índice de precios, implica que los haberes “corran por detrás” de la inflación.
“Debe tenerse en cuenta que, a fin de aminorar esta pérdida, el Poder Ejecutivo otorgó bonos a las jubilaciones de menores ingresos. Estas partidas se encuentran incluidas dentro de las transferencias corrientes, programa ‘Complementos a las Prestaciones Previsionales’ (crecieron 92,7 por ciento en términos reales)”, de acuerdo con el informe realizado por ASAP. Por su parte, las remuneraciones de la administración pública, que explican el 11,6 por ciento del gasto primario, aumentaron 7,4 por ciento interanual ajustadas por inflación.
El resto de las transferencias corrientes se concentra fundamentalmente en partidas destinadas a personas con una finalidad social. Dos de los principales programas, que han tenido una significatividad creciente en los últimos años, lo constituyen el programa Potenciar Trabajo y el programa Políticas Alimentarias (entre ambos representaron el 6 por ciento del total del gasto primario. En septiembre ambos subieron por encima del IPC; aunque en el acumulado anual, mostraron una reducción del 1,6 y 8,5 por ciento respectivamente.
Se destacaron las transferencias a las provincias, con un alza ajustada por inflación del 70,3 por ciento interanual, seguido por Potenciar Trabajo (4,9 por ciento), Políticas Alimentarias (17,3 por ciento) y subsidios al Transporte (14,9 por ciento). Estos últimos, el candidato anarco capitalista Milei también pretende eliminarlos en caso de ser Presidente, lo cual elevaría diez veces la tarifa de transporte público, siendo un ingreso indirecto para los sectores más vulnerables de la población.
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