Salto inflacionario: ¿Dónde están los funcionarios que no funcionan?

  Marzo marcó un nuevo salto inflacionario y completó un primer trimestre para el olvido. Los números mostraron 4,8 por ciento para el último mes, 13 por ciento acumulado en los primeros tres meses y 42,6 interanual. El discurso oficial es que estos valores estaban previstos dados los ajustes de costos básicos, entre los que destacan los combustibles, y la estacionalidad del comienzo de clases. Es redundante insistir en el efecto que el salto inflacionario tendrá en todos los indicadores sociales, más en un contexto en que los ajustes salariales, cuando se produjeron, lo hicieron sobre la pauta acordada con el gobierno del 29 por ciento anual del Presupuesto.

En este espacio ya fueron analizadas las causas de la inflación, proceso que responde a los cambios en los precios básicos de la economía --salarios, tarifas y tipo de cambio-- y al “derrame interno” de los precios internacionales. En 2020 existió una tablita de facto para el ajuste del tipo de cambio oficial que funcionó como sendero para los aumentos de precios, a lo que se sumaron algunos desmanejos en materia de tasas de interés. Tarifas y salarios funcionaron como ancla. Estos errores se corrigieron en 2021. Ninguno de los tres precios básicos ni las tasas de interés se encuentran hoy por detrás del salto inflacionario del 13 por ciento. Sólo pueden señalarse, como se dijo, las alzas en los precios de los combustibles, que sólo contribuyeron al total con unos pocos puntos. El grueso de los aumentos provino del derrame interno de las subas en los precios internacionales.

En el Ministerio de Economía asumen el dato, pero lo miran por TV. En una reunión interministerial el representante de Economía, con su jefe de gira europea junto a todos los numerosos vacunados, siguió insistiendo en que “la macro da los 29 del Presupuesto”. Lo que miran los funcionarios del área para semejante afirmación son equivalencias contables entre recaudación, gasto y cantidad de dinero, entre otras variables. Sí, miran una formulita. La realidad, mientras tanto, insiste con su desviación respecto al modelo y los precios internacionales se cuelan por todos lados. Lo que más impacta en el IPC y en los bolsillos son los alimentos (con subas del 44,8 por ciento interanual y 13,8 en el primer trimestre) y la indumentaria; vestimenta y calzado (71,5 contra marzo de 2020 y 15,5 contra diciembre).

¿Cómo se evita que se cuelen estos precios internacionales? No hay magia, la teoría indica que se hace con trabas y/o aranceles a las exportaciones. Sin embargo, lejos de imaginar lo que sucedería con las alzas en los precios de las commodities a comienzos de su gestión el gobierno le puso topes legales a los aumentos de retenciones. A ello sumó que no está en su espíritu enfrentarse con el agro pampeano.

Pero los problemas no pasan sólo por la mayor o menor voluntad política o por las relaciones de fuerza, sino que son económicos. Subir aranceles o trabar exportaciones se contradice con la necesidad de generar divisas, un dilema de hierro de la estructura productiva local. Luego, impedir exportar puede significar también desalentar la producción interna. Puede ocurrir, como ocurrió en su momento con la carne, que en la mesa de los argentinos se coman los stocks, con lo que el remedio puede ser peor que la enfermedad.

Siguiendo con la carne, uno de los principales impulsores de la suba de alimentos junto con lácteos y aceites, la solución de compromiso que decidió el gobierno, y que intentó por diversas vías acordar con los frigoríficos exportadores, fue que se exporten los cortes caros y se dejen para el mercado interno los más baratos. En esta línea fueron todas las medidas para terminar con la venta de media res y avanzar al troceo. Como los acuerdos no están funcionando la nueva propuesta fue intervenir las exportaciones. Según se informó en un comunicado de Economía, se buscará “evitar la subfacturación de exportaciones” cárnicas para lo que se procederá vía AFIP a “actualizar los precios de referencia”.

Se destaca que la práctica habitual del comercio exterior es que el valor FOB de las exportaciones se declara en torno de los precios de referencia. Dicho de otra manera, se podía subfacturar porque los precios de referencia estaban bajos. ¿De cuáles funcionarios que no funcionan fue la culpa de que esos precios estén desactualizados, de Agricultura o de la DGA? ¿Lo sabían y no se dieron cuenta? Tratándose de un sector tan sensible para el consumo de las mayorías realmente es sorprendente, más cuando subir los precios de referencia significa también aumentar los ingresos por retenciones, el equivalente a subir varios puntos el tributo. Un dato de color es que tras los anuncios del nuevo foco de análisis sectorial el jueves y viernes los precios de la carne en el Mercado de Liniers bajaron. No hay empresarios buenos y malos, lo que hay en la realidad es lógica del comportamiento de los actores y reguladores que no regulan en tiempo y forma. Queda flotando una pregunta ¿los precios de referencia están atrasados solamente en carnes?

El otro sector clave en materia de subas de precios fue el de textiles e indumentaria. Sus precios minoristas aumentaron el último año más del 70 por ciento, alrededor de 30 puntos por encima de la inflación. Dicho de otra manera, el Estado protege a un sector reservándole mercado y el sector se lo devuelve aumentando precios desproporcionadamente. Sin embargo no se trata aquí de la ruptura de un pacto de caballeros entre sector público y privado, sino también de un problema de regulación económica.

Brevemente, se protege una producción textil local que nunca tendrá competitividad internacional (salvo quizá en diseño y alta costura, que no es de lo que aquí se trata) ni aun pagando salarios de pobreza: 47.167 pesos bruto en blanco en la confección de prendas de vestir (noviembre 2020) según el Ministerio de Trabajo, pero con una informalidad de un impresionante 57 por ciento según la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) o sea que el promedio de ingresos debe encontrarse bastante más abajo. En textiles la cosa mejora un poco junto con el tamaño de las empresas, el ingreso registrado sube a un promedio de 52.475 pesos y la informalidad baja al 22 por ciento. Visto desde otra perspectiva el Estado protege al sector vía aranceles porque es generador de empleo, de malos empleos, pero de empleos de relativa baja calificación que en el presente no podrían ser absorbidos por otra actividad. También lo protege por otra razón fundamental: porque sustituye importaciones y ahorra divisas.

Si bien entre quienes presentaron amparos contra el pago del tributo extraordinario a las grandes fortunas se encuentra uno de los principales empresarios del sector, los productores textiles no son ni buenos ni malos, son empresarios y para subsistir entre los suyos deben comportarse como tales. Si aumentaron precios 30 puntos por encima de la inflación es porque están mal los mecanismos de competencia o de regulación. Un arancel de importación funciona reduciendo la competencia y subiendo el precio base, pero eso provoca un aumento de precios por única vez, no un proceso inflacionario. Quizá lo que se vio hasta ahora fue ese aumento, pero el Estado debió haber monitoreado las subas y regulado el mercado abriendo importaciones selectivamente al detectar abusos. También debió favorecer canales alternativos de comercialización (la pandemia redujo al mínimo los circuitos informales) antes que combatirlos. Para el trabajador ropa más cara es menos salario, y esa reducción del ingreso disponible es el costo que la sociedad paga para proteger al sector, una transferencia que debería producirse a cambio de algo. De nuevo, el Estado tiene herramientas para regular los precios textiles para que sus aumentos no sean apropiación de renta de toda la sociedad.