En la Argentina crece la desigualdad, a pesar de que las cifras oficiales también marcan un descenso del desempleo y un crecimiento del PBI en los últimos dos años. Ambos aspectos no son contradictorios: unos pocos son los que reciben las mieles del derrame exportador y siguen motorizando cierto tipo de consumo, mientras que otros deben endeudarse para comprar comida y medicamentos, tal como reveló una encuesta realizada por la CEPAL y el propio Ministerio de Economía. En el primer trimestre del año, aumentó el trabajo informal, empeoró el coeficiente de GINI y lo más probable es que haya un nuevo ascenso de la pobreza al igual que en diciembre último.
Para el Departamento de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), durante el semestre enero – junio de este año, la pobreza llegó al 43% de la población – según sus proyecciones- cuando en el período diciembre – mayo se había ubicado en el 41,8%. Con esta variación, la casa de estudio estimó que aproximadamente 12,5 millones de personas vivirían en hogares urbanos pobres.
De cara al proceso electoral y la necesaria elaboración de un programa de Gobierno, este debería ser uno de los principales temas programáticos dentro de UP, como así también la elaboración de políticas públicas que permitan ponerle fin a la proliferación de trabajadores pobres. Las paritarias ya no alcanzan para seguir ampliando derechos laborales.
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Trabajadores pobres
En el primer trimestre de este año se agudizó la desigualdad social y económica entre los sectores que perciben más ingresos y aquellos que no pueden cubrir el costo de una canasta básica total. La brecha se amplió a 14 veces. El 62% de la población con algún tipo de ingreso recibía por mes un promedio de 123.000 pesos, muy por debajo de la valorización de la CBT a marzo de este año.
En el comienzo el año se registró un incremento de la informalidad laboral del 1,2% en comparación con el último trimestre de 2022 y también en la comparación interanual. Los salarios de quienes se desempeñan en trabajos sin recibo de sueldo corren muy por detrás de la inflación; además, se paga menos que en aquellas actividades en relación de dependencia. En el mismo período, hubo un incremento de la desigualdad social y económica, según el dato del Coeficiente de Gini. Por lo tanto, es probable que también se registre un incremento de la pobreza.
El Departamento de Economía de la UTDT proyectó el impacto de la suba de precios en la CBT para el primer semestre de este año. El resultado arrojó que el 43% de las personas – sobre un total de 29 millones de habitantes distribuidos en 31 aglomerados urbanos- viven en hogares urbanos pobres.
“La población urbana capturada por la EPH en el semestre de referencia se estimó en alrededor de 29.1 millones de personas lo que implica que alrededor de 12.5 millones viven en hogares urbanos pobres”, puede leerse en el informe del Departamento de Economía de la UTDT, coordinado por Martín Rozada.
Para el economista Claudio Lozano, director del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), al extender la medición hacia el total de la población del país, la pobreza afectaría a 18 millones de personas.
La vulnerabilidad vinculada a los ingresos se mide en la Argentina a partir de la valorización de la CBT, que depende de la variación de precios de los alimentos y otros bienes relevados por el Indec. Si bien el dato del IPC de mayo mostró una desaceleración en relación a la suba del 8,4% de abril - junio también daría cuenta de una suba de precios más atenuada-, hacia el cierre del año podría alcanzarse una inflación interanual del 142%, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado que publica el BCRA. Los sectores más vulnerables no tendrán nada que festejar.
Desde la llegada de Sergio Massa a Economía, el proceso inflacionario (y el abuso de las remarcaciones de precios para incrementar rentabilidades por parte de las fábricas de alimentos) lejos estuvo de estabilizarse. Con la suba de los precios de los alimentos, habría aumentado la pobreza, según la proyección realizada por la UTDT.
En el período que va de agosto del 2022 y enero de este año, la pobreza se había ubicado en un promedio del 39,4% de la población. Para el semestre septiembre – febrero, pasó al 39,9%. Luego, subió al 40,6% en el semestre octubre – marzo, y para el período diciembre – mayo ya se ubicaba en el 41,8%. El último informe de la UTDT arrojó que la tasa promedio de pobreza era del 43% (enero – junio), con 12,5 millones de personas que vivirían bajo estas condiciones.
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Auge informal
La precariedad laboral, es decir puestos de trabajo con una baja remuneración y sin descuentos jubilatorios ni obra social, constituye una problemática estructural. Cuando Néstor Kirchner asumió a la Presidencia de la Nación, la informalidad se ubicaba por arriba del 40% y a través de diferentes políticas públicas, logró reducirse en torno al 33%. Y desde entonces, ahí quedó.
Durante el macrismo, toda la clase trabajadora perdió poder adquisitivo con sus salarios. Además de haberse registrado un incremento de la desocupación. Tras la pandemia, donde los puestos de trabajo fueron sostenidos por el Gobierno del Frente de Todos, sumado a la recuperación de la economía, se consolidó un esquema de desigualdad. Los trabajadores perdieron participación en la captación de la torta, al mismo tiempo en que se creó mucho más empleo informal y el salario corrió por detrás de la variación de precios.
De acuerdo a un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) coordinado por Claudio Lozano, desde la segunda mitad del 2020 hasta el primer trimestre de este año, “se crearon 2,7 millones de puestos de trabajo informales, contra 927.000 formales” y más de 1,4 millones de cuentapropistas, mucho de ellos monotributistas.
“La configuración actual de las relaciones de trabajo están lejos de garantizar seguridad económica y protección social y la única inclusión que se verifica es la de la fuerza de trabajo a prácticas de explotación (tradicionales o de nuevo tipo) que conducen a situaciones de inestabilidad, socavamiento de garantías y precariedad de vida en general”, puede leerse en el trabajo firmado por Lozano y Ana Ramieri.
Según el último informe sobre la distribución del ingreso elaborado por el Indec, el 62,6% de la población total percibió algún ingreso, cuyo promedio fue igual a $123.782, muy por debajo del costo de una canasta básica total (para cuatro personas) que para marzo se ubicaba en los 191.228 pesos.
Cuando se desagrega por estrato social, la foto de la precariedad social se agudiza. Los ingresos promedio percibidos por el estrato bajo (deciles del 1 al 4) equivalió a $44.235, mientras que para el estrato medio (deciles del 5 al 8) fue de $114.804.
Pero en los hogares suele haber más de una persona con algún tipo de ingreso. Para terminar de visualizar todo el cuadro, el Indec también difunde el promedio de los ingresos familiares por hogar, donde se contempla toda la familia.
Al primer trimestre de este año, sobre un total de 29 millones de personas que viven en 31 aglomerados urbanos, había 15,5 millones de personas en hogares que no superaban los 192.000 pesos de ingresos, la misma valorización que tenía la CBT en marzo, mientras que 12,5 millones de personas (deciles 1 al 5) no llegaban a cubrir el valor de la canasta ya que sus ingresos por hogar no superaban los 159.000 pesos. Por ende, podría considerarse que estaban bajo la línea de pobreza. Y probablemente continúen igual.
Pensar alternativas
A partir del primer peronismo, el bienestar estuvo asociado a un tipo de empleo de calidad, industrial, bien remunerado. Es decir, los derechos sociales vinieron de la mano de ese tipo de empleo que hoy no existe más. O al menos no existe en abundancia.
Para la socióloga Sandra Giuménez, Doctora en Ciencias Sociales por la UBA e integrante del Observatorio de Economía Política de Ciencias Sociales, pensar que los derechos sociales, como las jubilaciones, las obras sociales y los salarios dignos solo pueden garantizarse a través de las negociaciones paritarias, sería un concepto y una estrategia errónea.
“Existen seis millones de personas que no forman parte del empleo registrado. Con las paritarias, que hay que sostenerlas, quedan muchos afuera. Si un sector de la población no puede acceder a la jubilación por el tipo de trabajo que posee, habría que revisar ciertas configuraciones institucionales”, explicó Giuménez en diálogo con El Destape.
Por lo tanto, el planteo que subyace implica preguntarse cómo podría hacer el Estado para hacerse de una masa de dinero que permita financiar las jubilaciones futuras. “Los recursos están, se observa en las ganancias de las grandes empresas. Por eso habría que retomar la discusión sobre el aporte de las grandes fortunas, o que los derechos de exportación sean un elemento redistributivo. Tomar decisiones que te permitan recaudar, de manera permanente, los recursos para financiar las jubilaciones y el acceso a las obras sociales para aquellos que carecen de estos derechos”, concluyó Giuménez.
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