“La privatización puede impulsar y reforzar las desigualdades en los servicios públicos esenciales, afianzando las brechas entre ricos y pobres, excluyendo y empobreciendo a quienes no pueden asumir ese gasto”. Esta conclusión forma parte de un reciente informe de la organización Oxfam, titulado “Desigualdad SA. El poder empresarial y la fractura global: la urgencia de una acción pública transformadora”.
El documento analiza la concentración de la riqueza a nivel global; afirma que 1 % de los empresarios más ricos posee el 43% del conjunto de los activos financieros globales, y que dichos capitales, llámense BlackRock, The Vanguard Group (ambos con fuerte presencia en la producción de litio en Argentina) o Elon Musk cobraron mayor preponderancia que los propios Estados nacionales. De ahí el enamoramiento de Javier Milei con el dueño de la red social X y las diatribas de ambos en contra de toda organización estatal.
La administración de La Libertad Avanza lleva adelante un programa de disciplinamiento económico y social (con fuerte tinte ideológico) el cual mostró una de las cartas más perversas: durante el primer semestre de este año, la indigencia alcanzó a más de 8 millones de personas. Es decir, Milei empujó al hambre a más de 4 millones de personas en tan solo seis meses de gestión.
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Lo perverso del cuadro termina de delinearse cuando desde el Poder Ejecutivo se sostuvo que, para combatir a la pobreza, sería necesario “privatizar aerolíneas argentinas”. Más allá de esta compañía puntual – cuyo principal valor es conectar todo el país y movilizar empresarios, familias, promover el turismo y el federalismo -, para concretar tamaña empresa, el Gobierno invocó la ley 23.696, la reforma del Estado menemista. Este plexo normativo que sigue vigente, sumado a la Ley de Bases y el DNU 70/2023, constituyen esa estructura legal (o de legalidad fraguada) denunciada en el documento de Oxfam como la capitulación de los Estados frente al poder financiero concentrado. Y, por ende, un corpus legal que seguirá profundizando la eliminación de derechos elementales para la población.
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Los dueños del mundo
“Las compañías de capital privado, respaldadas a nivel mundial por 5,8 billones de dólares, han utilizado el acceso financiero privilegiado para actuar como una fuerza monopolizadora en todos los sectores de la economía global. Más allá del capital privado, las “tres grandes” gestoras de fondos indexados (BlackRock, State Street y Vanguard) gestionan en total unos 20 billones de dólares en activos, el 46% de todos recursos bajo gestión de los grandes Fondos. Un poder monopólico”, señalaron desde la organización Oxfam.
De acuerdo a esta mirada, que analiza la injerencia de estos grupos en todo el globo, parte de su estrategia consiste en “presionar incesantemente al sector público, mercantilizando y segregando el acceso a servicios vitales como la educación, el agua y la atención médica”. Dentro de este escenario, cobrarían lugar el lobby internacional para impulsar, también, “las privatizaciones de empresas públicas”, sumado a la apropiación de los principales recursos naturales.
Todo tiene que ver con todo. En enero de este año, la Canciller Diana Mondino mantuvo una reunión con Christopher Brinkman, encargado de gestionar los activos que BlackRock posee en Latinoamérica pero también auditar la administración de Javier Milei. En dicho encuentro, Brinkman indagó sobre los detalles de lo que sería la Ley de Bases, y en particular, el Régimen de Inversiones para las Grandes Empresas (RIGI), otro de los andamiajes ideados por la casta mileista para crear una economía de enclave.
Legalidad fraguada
17 de agosto de 1989. Todavía sonaban los ecos de la hiperinflación que había arrasado con Alfonsín; y Menem ya había pegado el salto desde “la revolución productiva” hacia el Consenso de Washington, con la reforma del Estado y las privatizaciones. Un año después, la mayoría automática de la Corte Suprema dejaba por escrito uno de los argumentos que ahora forman parte de la matriz jurídica de la Libertad Avanza. En nombre del Plan Bonex, los cortesanos justificaban la suspensión de algunas garantías individuales en nombre del mismo Estado que decían defender. Todo tiene que ver con todo.
En una audiencia en la Cámara de Diputados, el procurador Rodolfo Barra –uno de los cortesanos de esa mayoría automática - desempolvó “los fundamentos de la doctrina de emergencia”, al decir del abogado Enrique Hidalgo, al momento de citar el recordado fallo Peralta.
“La constitución de la Unidad Nacional implica asegurar su continuidad y supervivencia. Cuando lo sucesos que conmuevan a la vida política organizada, como puede ser hoy el resultado del descalabro económico generalizado, del mismo modo que ayer lo fue la discordia con las provincias, allí deben actuar los poderes del Estado para evitar que se malogren los esfuerzos, dilatados y penosos, retrotrayendo al país a estadios superiores de fragmentación, desorden y falta de un imperio extendido del derecho”, sostuvo la Corte en fallo Peralta.
La profundidad de lo insinuado por Barra apuntaba a que el Gobierno podría suspender determinadas garantías constitucionales -¿La libertad para protestar, derechos laborales, la vigencia del Congreso?- con motivo de una profunda crisis económica. Así lo reafirmó el actual procurador el 27 de diciembre de 1990:
“Si el Estado tiene el poder para suspender temporalmente la aplicación de los contratos en presencia de los desastres debidos a causas físicas, no puede darse por inexistente ese poder cuando una urgente necesidad pública que requiere el alivio es producida por causas de otra índole, como las económicas”, puede leerse en el fallo de la Corte citado por Barra.
Milei ha logrado sentarse hasta el momento –en parte gracias a la parsimonia de una oposición que no sabe qué canción cantar- sobre una estructura legal para consumar una enorme transferencia de recursos mucho más profunda que la realizada durante el menemismo. La Ley de Bases, la reforma laboral, y el DNU 70/2023 forman parte de ese corpus, que se complementa con la doctrina de la emergencia desempolvada por Barra.
La consecuencia de este andamiaje de legalidad fraguada se ve en las calles: 25 millones de personas son pobres y 8,5 millones, padecen hambre. El constitucionalista Eduardo Barcesat calificó este accionar como “un silencioso genocidio del hambre”, motivo suficiente para impulsar un Juicio Político contra la casta mileista.
La teoría del “hambre como genocidio silencioso” fue esbozada en 1992 por el noruego Asbjørn Eide, autor intelectual del Pacto económico, social y cultural de la ONU. “Todo el derrumbe económico y social no es más ni menos que la destrucción de la calidad de vida de millones de personas empujadas al hambre y la exclusión. Por su intensidad y por la manera en que afecta a la población, ese derrumbe podría calificarse de genocidio”, profundizaba Barcesat durante una presentación de la agrupación Soberanxs realizada en abril de este año.
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