Entre 2023 y 2026 vencerán los contratos de concesión de 17 centrales hidroeléctricas, que fueron otorgadas en la década del 90 por plazos de 30 años. Los contratos se originaron en las privatizaciones de la década del 90 y el inminente vencimiento enciende el debate sobre el rol que debe asumir el Estado de cara al futuro.
El Frente de Todos presentó un proyecto
El senador neuquino del Frente de Todos, Oscar Parrilli, presentó un proyecto de ley para gestionar la continuidad de las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional a través de Energía Argentina s.a. (ENARSA), en sociedad con las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro. La iniciativa obtuvo el acompañamiento de los legisladores Silvia Sapag, de Neuquén, Martín Doñate y Silvina García Larraburu de Río Negro, y Carlos Linares de Chubut.
El legislador propuso que a partir del año próximo, cuando finalicen las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional; “la administración, operación y explotación de cada uno de los aprovechamientos hidroeléctricos otorgados oportunamente en concesión será asumida por ENARSA, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades por las obligaciones asumidas por los actuales concesionarios”. Además, el proyecto ordena que “ENARSA deberá asociarse con la/s provincia/s titular/es del dominio del recurso hídrico comprometido en los aprovechamientos hidroeléctricos referidos en el artículo precedente, a través acuerdos bajo las condiciones y parámetros que las partes convengan”. Como opción para cada caso, el proyecto abre la puerta para que se pueda “incorporar la participación del capital privado”.
Para Parrilli, la “compleja coyuntura” internacional derivada de la guerra en el Este de Europa, “ha puesto en el centro del debate público la necesidad de acelerar el desarrollo de nuestros recursos hidrocarburíferos, convencionales y no convencionales, en orden a garantizar el abastecimiento interno y colocar crecientes excedentes en el mercado externo, como así también, fortalecer el desarrollo de fuentes alternativas, como las renovables”.
En 2023, vencen las concesiones que hoy controlan el funcionamiento de las represas hidroeléctricas de las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro y Chubut. Por ello, Parrilli recordó que “en el marco de la denominada Reforma del Estado llevada adelante durante la década del ’90, se sancionó la Ley 24.065” que privatizó “la administración, operación y explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos existentes de la esfera pública a la privada, a través de contratos de concesión de 30 años de duración, con excepción de las entidades binacionales”.
El legislador neuquino aseguró que “la experiencia de casi 30 años nos revela que la gestión privada, por sí sola (…) no genera necesariamente mayor inversión, ni garantiza la expansión del sector. A partir de la concesión de los aprovechamientos hidroeléctricos comenzó un periodo de declinación de la participación de la hidroenergía en la matriz energética. Del 43% de potencia instalada en 1994, se disminuyó al 25% actual”.
En este sentido, el proyecto propone, para iniciar el debate, “que ENARSA pudiera retener el 51% del total del dominio, ya que de esta manera podría simplificar y agilizar la operatoria en sus distintas áreas y funcionar en consonancia con las disposiciones que, en materia energética global, disponga el gobierno nacional”.
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