Ley que prohíbe ayuda estatal por causas off-shore: cambios y puesta a punto

El proyecto de ley que prohíbe a empresas o personas con negocios, domicilios o bienes radicados en paraísos fiscales acceder a asistencia estatal volvió a Comisión de Presupuesto y Hacienda. La iniciativa del diputado Pablo Carro (FdT) había tenido modificaciones de forma, casi en su totalidad impulsadas por la oposición. Una especificación planteada desde el oficialismo, de último momento, que busca evitar triangulaciones para eludir la prohibición, frenó el tratamiento por abstención de la oposición.

Desde el Ejecutivo estimaban que, como estaba estructurado el proyecto, era impracticable. Fuentes vinculadas con la reglamentación de la medida, en caso de ser aprobada, anticipaban que resulta impracticable prohibir asistencia a toda persona física o jurídica sólo por tener sede en alguna jurisdicción off-shore, aunque otros países lo hayan aplicado sin mayores inconvenientes. No obstante, para salvar esa situación se restringiría a quienes tengan "causas de evasión" que involucren "guaridas fiscales" (antes se hacía mención de "paraísos fiscales" en los términos de la OCDE y al simple hecho de tener negocios en esas jurisdicciones). Pero se incluiría también a personas que "estén vinculadas con otras que sean titulares de bienes en guaridas fiscales".

El proyecto cuenta con el guiño del jefe del Bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y lo impulsa el presidente de la Comisión en la Cámara baja, Carlos Heller. También contaba con apoyo manifiesto de antemano de todo el arco político. A pedido del diputado Luis Pastori (UCR) se incluyeron cambios en los plazos de implementación y en plazos a partir de los cuales vence la inhabilitación por causa tributaria. El oficialismo continuó trabajando en modificaciones en el proyecto para hacerlo "más aplicable en la realidad". La discusión interna pasa por la posibilidad de llevar a cabo estos límites a todo el espectro privado con conexión off-shore.

Del trabajo parlamentario surgió la ampliación del espectro para evitar el uso de testaferros. La propuesta la acercó la diputada Fernanda Vallejos (FdT) y Heller la incluyó de último momento tras comunicársela a Pastori. La incorporación y la "falta de tiempo" para analizarlo le sumó tensión a la votación (la oposición pasó de acompañar a abstenerse) y el presidente de la Cámara Diputados, Sergio Massa, invitó a analizarlo nuevamente en Comisión. El proyecto había sido aprobado en general, pero se prefirió mantener el consenso y se volvió a Comisión.  

Las modificaciones contrarreloj

"Incluí entre los sujetos alcanzados a empresas vinculadas con jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación, de acuerdo a los artículos 19 y 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Y, también, a aquellas con probada evasión fiscal, en función de la normativa establecida por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en lo que concierne a las regulaciones tributarias", detalló a El Destape la diputada Vallejos. 

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación difundió los datos estructurados de los denominados Panama Papers, en los cuales aparecen nombres de 271 empresas offshore de las que participan unos 1200 argentinos. En mayo último, la AFIP dispuso levantar la feria fiscal para avanzar en la investigación respecto a los titulares de las 950 cuentas no declaradas de argentinos y argentinas, aportadas por la OCDE. Se inició así un proceso de fiscalización sobre quienes tengan un millón de dólares o más y que podrían totalizar en conjunto más de 2600 millones, hasta ahora en paraísos fiscales. 

"Más allá de los informes y los estimativos de empresas declaradas off-shore, la norma sólo alcanza a aquellas en las que tengan alguna causa de evasión vinculada a una off-shore. Tienen que iniciar una causa por evasión para que esté comprendido", explicaron fuentes del equipo económico a El Destape, lo que terminó por clausurar el debate interno ante la posibilidad de reglamentarse la medida pero no con la oposición. En un principio estaba pensando solamente para empresas, pero se incluyó a personas humanas con negocios en paraísos fiscales o probada evasión fiscal. Se excluyó del paquete de ayudas estatales al que estarán vedados a las moratorias y los blanqueos, con el objetivo de permitirles acogerse a cualquier formalización de esos activos que ofrezca el Estado. 

También queda excluidas automáticas de cualquier ayuda estatal empresas y personas humanas condenadas por cualquiera de los delitos previstos por el Régimen Penal Tributario, o a aquellas que hayan sido sancionados con multas por infracciones dolosas. "Dichos supuestos se entenderán configurados cuando exista una resolución pasada en autoridad de cosa juzgada", aclara la norma que ahora vuelve, con menos adhesión de la oposición, a la Comisión de la Cámara baja.

Durante este año, países como Canadá, Polonia, Dinamarca, Francia y España avanzaron en iniciativas que van en el mismo sentido, es decir, la restricción al acceso de ayudas públicas a todas aquellas empresas con sedes en paraísos fiscales o que utilicen esas jurisdicciones para evadir impuestos. En Chile hace dos semanas se resolvió dejar a afuera del fondo por el COVID-19 a empresas que tengan sede o domicilio en paraísos fiscales. En la Unión Europea, Francia, Polonia y Dinamarca han propuesto excluir de las ayudas financieras por la crisis del coronavirus a compañías registradas en paraísos fiscales. Italia estudia unirse a la iniciativa.

"En un tiempo en el que el Estado está haciendo un tremendo esfuerzo fiscal, es importante que cada peso del Presupuesto vaya adonde se necesita: a salud, educación, seguridad social, protección de puestos de trabajo y reactivación económica. El 40 por ciento de las ganancias de empresas trasnacionales van a parar a estas guaridas fiscales. Esta ley tiene que ser un mensaje muy importante al mundo”, aseguró Carro.