“Somos una administración técnica, con una visión de administración ordenada, estratégica, que fija prioridades y en donde el gasto tiene que ser eficiente”, sostuvo el director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, durante un reportaje televiso en LN+. La Libertad Avanza juega con la vida de ciento de miles de jubilados y jubiladas de todo el país, a quienes les licuó sus ingresos y les recortó el acceso a sus medicamentos de uso cotidiano bajo el falaz argumento del “equilibrar las cuentas”, al mismo tiempo en que reinstaló dentro del PAMI un circuito de “prestadores alternativos” con un amplio historial de desfalco de recursos hacia las arcas del Estado.
El dato de toda esta maniobra surgió a partir de la arremetida del Gobierno nacional contra el Hospital Español y sus médicos. “En el Hospital Español se cerró todo un piso como medida de ajuste de este Gobierno, por ende, los que no se podían atenderse ahí indefectiblemente fueron trasladados hacia otros prestadores alternativos y privados. Y ahí está el negocio, porque el PAMI les paga mucho más a los prestadores alternativos que a los efectores propios”, sostuvo a El Destape un ex jefe de servicio del nosocomio.
MÁS INFO
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
Entre enero y noviembre de este año, el PAMI multiplicó en un 600% el presupuesto destinado a los prestadores privados comparado con el mismo período del año pasado, mientras que los recursos transferidos hacia los hospitales propios del organismo estuvieron muy por debajo de esa variación.
De acuerdo a un pedido de acceso a la información pública realizado por El Destape, las transferencias hacia los prestadores privados se multiplicaron hasta alcanzar los 69.454 millones de pesos, cuando en 2023 habían sido tan solo 8904 millones. No hubo inflación que pudiese justificar semejante discrecionalidad, sobre todo cuando se trata del mismo organismo que recortó la entrega de medicamentos gratuitos a miles de afiliados.
¿Qué ocurrió entonces? El PAMI incorporó durante el año al menos 14 nuevos prestadores alternativos, tal como constan en las diferentes resoluciones a las que accedió el Destape a partir de un pedido de acceso a la información pública. Sin embargo, el organismo oficial evitó desagregar las transferencias por institución bajo el argumento de la existencia de anexos secretos avalados legalmente por una modificación a la Ley de Acceso a la Información Pública realizada durante la gestión de Macri. Todo tiene que ver con todo. Los ganadores de un negocio millonario quedan al resguardo de un supuesto "secreto comercial" que les permite pactar con el Gobierno un esquema (opaco) de transferencia de recursos estatales. La otra cara de esta historia son los miles de jubilados y jubiladas empujados a elegir entre comprar un remedio o comer.
“Tenía mi medicamento gratis pero el viernes lo fui a buscar y me enteré que lo tiene que pagar casi a 20.000 pesos, que para mí es mucho. No nos alcanza. Nosotros comemos una comida fuerte al día. Si tuviéramos que almorzar y cenar, no nos alcanzaría la plata", narró Hilda Noemí Del Valle durante una entrevista con El Destape 1070.
Ajuste por debajo de la línea
Plata hay. Los recursos derivados de manera secreta hacia los prestadores privados forman parte de otros presupuesto y políticas públicas discontinuas. ¿Qué ocurrió con los hospitales propios del PAMI? Según la información oficial que obtuvo El Destape, el Policlínico PAMI I tenía un crédito asignado para este año de 11.762 millones de pesos; sin embargo, el ejecutado devengado hasta noviembre de este año había sido de 6251 millones. Esto podría configurar en una suerte de ajuste de hecho. En 2023, el mismo nosocomio había recibido una ejecución presupuestaria de 2967 millones de pesos.
Algo similar ocurrió con la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, con un presupuesto asignado de 27.000 millones de pesos pero un devengado hasta noviembre de este año de 16.198 millones de pesos.
La misma situación corrieron el resto de los efectores propios del PAMI, como el Hospital Bicentenario Ituzaingó, el Policlínico PAMI II y el Hospital Housay.
La discrecionalidad fue evidente.
Un prestador con antecedentes
Los 14 prestadores alternativos incorporados por el PAMI durante este 2024 fueron los siguientes:
*Centro de Medicina Física y Rehabilitación (MEFIRE SRL)
*CPN S.A. (IMAC)
*Hospital Dr. Alberto Duhau
*ICIME S.A. - Clínica Maria Ward - vinculación con Q ASSISTANCE GROUP SA
*Centro Médico Talar de CENTROMET S.A
*Administración Salud SA.
* Clínica de Rehabilitación ULME de Saint Germain S.R.L
* Clínica Basilea S.A.
* LEWARDS S.A. - “INSTITUTO NEUROTRAUMATOLÓGICO DE ALTA RECUPERACIÓN (INAR)
*Clínica Privada Independencia SA
*ASOCIACION MUTUAL CLINICA SANTA ROSA
* Rehab Technology Center Centro de Rehabilitación S.A
Del listado al que accedió El Destape, hubo dos que llamaron específicamente la atención: Clínica Rehabilitación Integral Alsina y el Grupo Salud S.A, ambos incorporados dentro del organismo oficial el 19 de marzo bajo el mismo domicilio en la Ciudad de Buenos Aires (Alsina 1666). Puestos en una grilla general no dicen mucho. Pero poseen un prontuario.
La empresa Grupo Salud SA fue constituida en abril de 2008 por los accionistas Emiliano Benjamín Yacobitti – designado presidente de la sociedad por entonces cuando era una autoridad de la Facultad de Económicas de la UBA- y Sergio Gastón Ricardo, quienes en 2010 fueron reemplazados por Osvaldo Yacobitti (padre de Emiliano) y Hernán Javier Gil.
En 2015, estos personajes fueron denunciados por formar parte de una estructura de desfalco hacia la UBA y el Hospital de Clínicas. Así lo explicaba el fiscal Franco Picardi antes de ser apartado de la investigación penal.
“La gran cantidad de vínculos que se identifican entre este grupo de personas permite inferir que ellos actuaban en connivencia para obtener contrataciones públicas y beneficiarse con ellas de manera irregular”, escribía Picardi sobre las relaciones entre Gastón, Yacobitti, y el conjunto de sociedades mencionadas. El circuito denunciado implicaba la salida de recursos de la UBA hacia el Clínicas que, a su vez, contrataba los servicios de las empresas vinculadas a las propias autoridades de la Universidad.
La empresa madre detrás de Grupo Salud SA se llamaba, por entonces, Medipack, controlada por otra sociedad de nombre Meycamp Cord, también domiciliada en Alsina 1666.
Medipack sigue siendo un prestador alternativo de PAMI; solo en noviembre de este año recibió una licitación por 289 millones de pesos, mientras que el Grupo Salud SA se incorporó al organismo durante 2024 tal como consta en la documentación pública.
La persona que aparece como nexo dentro de esta trama es Gastón Ricardo, socio de Yacobitti en varios de sus “negocios” –denunciados anteriormente por el fiscal Picardi- y sindicado actualmente como una de las personas que se mueven en las sombras dentro del Hospital Español, institución específicamente atacada por la casta mileista.
Ante el plan motosierra que ostenta el Gobierno nacional, ¿no se debería transparentar desde el PAMI cada uno de los números presupuestarios vinculados a estos nuevos prestadores privados?
Cerrar sesión