El Gobierno volvió a resaltar un nuevo cierre mensual de ejercicio fiscal con superávit, aunque ese resultado se haya logrado con el hambre de los jubilados y la parálisis de la actividad de la construcción –dejando al miles de trabajadores en la calle—por el freno a la obra pública, una práctica que se repite desde que asumió el gobierno de La Libertad Avanza. “A partir de diciembre de 2023 se observa una creciente brecha entre las tasas de variación interanual de los ingresos y de los gastos totales, con los primeros evolucionando sostenidamente por encima de las erogaciones”, señala el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
En los primeros seis meses de administración de Javier Milei el ajuste del gasto se explicó en un 55 por ciento por la licuación de las jubilaciones y el freno de la obra pública. Como resultado, actualmente el nivel de haberes previsionales se ubica en sus mínimos respecto del techo que se alcanzó en 2017, con una pérdida real (descontada la inflación) del 43 por ciento respecto de ese momento.
Durante mayo, los gastos totales del Sector Público Nacional ascendieron a 6,8 billones de pesos, marcando un incremento nominal de 168 por ciento. “Sin embargo, este aumento nominal se tradujo en una disminución real de 28,7 por ciento una vez descontada la inflación”, señala el relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El derrumbe interanual de los egresos se atribuye principalmente a la licuación de los haberes de los jubilados, que caen 16 por ciento en términos reales, la prácticamente nula ejecución de obras por parte del nuevo gobierno (-78 por ciento), y, por último, los recortes en los subsidios (-32 por ciento). Casi todas las partidas muestran reducciones en términos reales, la mayoría con caídas de dos dígitos.
Dentro de los subsidios, aquellos destinados al transporte caen 42 por ciento interanual, por la eliminación del Fondo Compensador del Interior y por recortes en el AMBA, que impactaron sobre el precio del boleto, si bien en el caso de los colectivos se mantiene congelado desde febrero. En el sector energético la caída fue de 30 por ciento, impactando en las tarifas. “A su vez, el recorte de transferencias a CAMMESA causó problemas en la cadena de pagos y tensiones con el gobierno, que ofreció pagar la deuda acumulada en diciembre y enero con un bono al 2038. En mayo, el Gobierno Nacional tuvo que volver a liberar fondos, resultando en un incremento de casi 600.000 millones en este rubro respecto a marzo de este año”, señala CEPA.
En lo que refiere a las provincias, las transferencias no automáticas se redujeron 74 por ciento en términos reales en comparación con mayo de 2023. Los principales componentes del recorte son producto de la decisión de discontinuar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), afectando de manera directa el salario de los docentes de todo el país, y de la suspensión del pago a las provincias por las cajas previsionales no transferidas a la Nación.
“En tanto, en los primeros cinco meses del año los Ingresos Totales de la Administración Nacional se mantuvieron constantes respecto al mismo período del año anterior, evidenciando una evolución totalmente en línea con la inflación, lo que implica una mejoría respecto de los meses previos”, agrega el informe de ASAP.
Los jubilados son “casta”, los inversores no
En los primeros cinco meses de 2024, de cada 100 ajustados de pesos, más de la mitad lo explican los recortes en jubilaciones (31,5 pesos) y obra pública (23,2 pesos). Le siguen los subsidios, que aportaron 12,8 por ciento, gastos de funcionamiento del Estado (principalmente salarios) con 10,7 por ciento y prestaciones sociales con 9,4 por ciento entre las que se incluyen asignaciones, pensiones no contributivas, prestaciones del PAMI, entre otros.
Las jubilaciones mostraron una recuperación en los últimos meses, impulsada por el cambio de fórmula y las compensaciones otorgadas por el Estado, según afirmaron desde el Gobierno. No obstante, un informe elaborado por Nadín Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), reveló que, aunque esta recuperación es cierta, sigue siendo mínima en comparación con el terreno perdido en los últimos años. El estudio indica que desde 2017, los jubilados que perciben la mínima perdieron un 26 por ciento de su poder de compra, por el deterioro que se inició con el gobierno de Mauricio Macri, no se detuvo con el de Alberto Fernández y se profundizó con Milei. "En términos de junio de 2024, el haber promedio mensual en 2017 equivalía a 370.000 ", señaló Argañaraz.
A partir de entonces, las jubilaciones comenzaron a disminuir, alcanzando un mínimo de 212.400 pesos en febrero de este año. "Este fue el mes de menor poder adquisitivo de los últimos años, con una caída del 43 por ciento respecto al promedio de 2017", explicó el economista. Con esta licuación es que el Gobierno puede jactarse de un superávit que, en lo económico y social –más allá de las planillas de Excel—se presenta absolutamente inconsistente.
“El gasto en intereses de deuda no se registra dentro de los gastos primarios”, señala el CEPA. Lo destinado en pago a inversores en concepto de intereses de deuda no se registra dentro de los gastos primarios, pero este mes fue de 1,1 billones de pesos. “Este gasto venía bajando en el año, pero este mes volvió a crecer: se destina 5 veces más a los intereses de deuda que a las universidades, y 17 veces más que lo que se transfiere a las provincias”, señale el documento.
Argañaraz sugirió que, para evitar una nueva pérdida de poder adquisitivo, el Gobierno debe implementar un mecanismo que preserve el valor de estos ingresos. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que incluye una mejora del 8,5 por ciento en los haberes reales, pero el presidente Milei manifestó su intención de vetar cualquier medida que ponga en riesgo el equilibrio fiscal.
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