Para el secretario de Comercio, la suba de precios es por falta de competencia

A contramano de los que denuncian que el aumento generalizado de precios se debe a la eliminación de las regulaciones y la libertad absoluta del mercado, el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, consideró que el "principal problema de la competencia" que existe en la Argentina "es el Estado", a través de regulaciones "absurdas" que, según dijo, el Gobierno busca eliminar.  Por ejemplo, aseguró que "antes, cada permiso de importación le generaba una renta extraordinaria a empresas particulares".

"Entonces, lo primero que hicimos al asumir también fue eliminar el régimen de SIRA y el de Licencias No Automáticas", agregó. Las declaraciones del funcionario tienen lugar a horas de que se conozca una inflación mensual del 25,5 por ciento, la primera de la administración de Javier MIlei.

"Esas licencias eran funcionarios asignando de manera arbitraria, discrecional y sin ninguna regla aparente, cupos de importación a distintas empresas, con un tipo de cambio artificialmente bajo. No había mejor negocio en Argentina que acceder al tipo de cambio oficial y a las reservas del Banco Central", sostuvo el funcionario.

En ese sentido, señaló: "Así nos encontramos con más o menos 25.000 millones de dólares de deuda comercial, y seguimos contando porque se tuvo que extender por la congestión que lleva el padrón".

Al disertar en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de la ley ómnibus, Lavigne destacó que están "apuntando a un comercio donde el mercado sea el actor principal. Son 45 millones de personas interactuando, dando señales, dando precios y generando así los distintos mecanismos que hacen eficiente a la economía. Esto un cambio de paradigma bastante grande con lo que se ha visto en los últimos años".

Por ese motivo, aseguró: "Vamos a desregular en parte el comercio interior. Ahí va a tener un foco fundamental la defensa de la competencia. Queremos impulsar la independencia del Tribunal de Defensa de la Competencia, con un mercado desregulado". "El primer proyecto que quiero que marque la gestión de la Secretaría de Comercio a futuro, es el Tribunal de Defensa de la Competencia (contemplado en el proyecto de ley ómnibus). Lo que queremos es impulsar la independencia del Tribunal y que vele por la competencia en un contexto con un mercado desregulado".

Con relación al comercio exterior, el funcionario subrayó que a través de la Ventanilla Única VUCE esperan "que la transparencia sea absoluta. Si se cumplen las reglas las operaciones salen".

El DNU desregulador

Con la entrada en vigencia el DNU de Javier Milei y hasta que el Congreso lo ratifique o rechace, ya rige su cúmulo de flexibilizaciones y desregulaciones de distintos mercados (con excepción del capítulo de Trabajo, que fue suspendido por varias cautelares judiciales).

En materia de consumo, sin embargo, hay dos leyes derogadas que cambiarán la realidad de los argentinos. Sin la ley de abastecimiento, si un supermercado retiene mercaderías especulando con el precio, no se lo puede multar, y sin la ley de góndolas, las empresas pymes, es decir, muchas segundas marcas más baratas, ya no tendrán lugar en los estantes. En la Argentina, ya antes del decreto, el 74 por ciento de la góndola lo “manejan” sólo 20 empresas oligopólicas. En resumen, las medidas dictadas por el decreto de necesidad y urgencia desarman todo el andamiaje jurídico que le ponía cierto freno a los abusos (aunque algunos existían). Ahora son todos legales. Además, a esto se suma la quita de subsidios al transporte, que son un salario indirecto a trabajadores y trabajadoras. 

Desde el 1 de enero, la tarifa del subte subió 56 por ciento, y el incremento será en dos tramos: pasará de 80 a 110 pesos en los primeros días de enero, y a 125 en febrero. Los aumentos son parte del paquete anunciado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el que se incluyen además incrementos en la VTV, el estacionamiento medido y los peajes de las autopistas urbanas. En tanto, el Premetro comenzará a costar 38,50 pesos a partir del 5 de enero.

Entre las principales modificaciones se encuentran la derogación de la Ley 26.992 elimina el Observatorio de Precios, que fue creado en 2014, y que se encarga de monitorear los eslabones de las cadenas de valor de sectores económicos. También se derogó la Ley 27.545 o Ley de Góndolas, que regula espacios en la góndola y así estimula el acceso de PyMES y empresas familiares en grandes canales de venta al limitar la porción de góndola que puede tener una firma (máximo 30 por ciento). 

Por último, la derogación de la Ley Abastecimiento, que penaliza la retención de mercadería y la elevación injustificada o desmedida de precios, aplicable a toda empresa que venda bienes o servicios que se destinen a la producción o satisfacción directa de necesidades básicas. 

Lejos de proteger a los sectores más débiles de la población, la eliminación de estas leyes permite mejorar la posición dominante de las principales empresas de consumo masivo, a la par de los principales supermercados, perjudicando los derechos de los consumidores, así como también la posición de pymes y empresas familiares.