Durante los gobiernos de Néstor y Cristina, con módicos altibajos, el consumo de carne vacuna promedio “per cápita” oscilaba en los 60 kg anuales, el de pollo en alrededor de 35 kg anuales y el trigo enviado a los molinos para satisfacer las demandas de panificados y pastas se acercaba a los 7,8 millones de toneladas.
El consumo masivo de alimentos era prioritario para el gobierno de entonces. Consecuentemente, las exportaciones de esos productos se subordinaban al abastecimiento del mercado local. Sólo se habilitaban las ventas al exterior de carnes, maíz y trigo una vez que la oferta hubiera satisfecho la demanda alimenticia de los argentinos y las argentinas. De este modo, el precio interno no fluctuaba al compás de los precios internacionales de los alimentos y era menos sensible a las variaciones del tipo de cambio. La existencia de un mercado interno protegido de alimentos permitió una fuerte reducción del hambre en el país y aproximarse al objetivo de “hambre cero”.
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El macrismo una vez arribado al gobierno inmediatamente desmontó los mecanismos regulatorios descriptos y vinculó los precios internacionales a los internos en los consumos básicos de alimentos y también de energía. Esta liberación de mercados impactó sobre los ingresos populares disparando en el transcurso del gobierno amarillo una catástrofe social, arrancando a los trabajadores de sus mesas hogareñas para arrojarlos a la demanda exponencial de asistencia en los comedores comunitarios. Desregular la oferta de alimentos es sinónimo de hambre.
El gobierno de la coalición peronista encabezado por el Presidente Fernández intervino desde el inicio en este cuadro de situación con la implementación de la Tarjeta Alimentaria y el control de una canasta básica en el marco del programa Precios Cuidados. El impacto económico del virus COVID-19 a partir de las necesidades de aislamiento social para evitar el colapso del sistema sanitario y la preservación de vidas, disparó la ayuda alimentaria a niveles inéditos, obligando a intervenciones estatales crecientes para sostenerla.
En primer trimestre del año, previo al despliegue de la epidemia, la suba de precios de los alimentos fue sensible, tendencia que probablemente continúe con las cifras de abril.
En un contexto recesivo agudizado por la crisis del virus, la presión sobre los precios de consumos básicos puede ser explicada por la rigidez de la demanda de esos bienes y también por la conformación oligopólica de los mercados de oferta sobre los cuales no se ha actuado con marcos regulatorios apropiados aún.
Los informes del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA) permiten observar que, para un corte habitual de parrilla, el asado de tira, su precio por kilo en el trimestre enero-marzo 2020 aumentó de $290 al inicio hasta $340 al cierre, es decir un 17%. A su vez, un corte para horno, la tapa de nalga, fue de $311 por kg a $357 por kg en igual lapso, registrando un aumento del 15%.
La misma fuente (IPCVA) reseña también que durante el primer trimestre de 2020 las exportaciones de carne fueron de 117.000 toneladas, respecto de las 99.000 toneladas en igual período del año 2019, incrementándose las ventas al exterior un 18% interanual.
Estos datos revelan cómo la demanda externa suplanta la caída del consumo interno y puede habilitar la suba de precios locales. Los frigoríficos aprovechan la existencia de un comprador firme y sostenido como China y el salto del valor de dólar ocurrido desde agosto de 2019, que en el lapso enero-marzo 2020 fue del 8%.
Por su parte, el kilo de pollo en el primer trimestre de 2020 pasó de $101 al inicio hasta alcanzar los $115 al cierre, verificando un aumento del 14% (fuente: IPCVA). En el mismo lapso, las exportaciones de maíz, insumo del alimento balanceado, fueron de 7 millones de toneladas, un 15% más elevadas que los 6,1 millones exportados en el primer trimestre de 2019 (fuente: INDEC).
El kilo de pan flauta relevado en la ciudad de Buenos Aires por el IPCBA subió un 7%, de $115 a $123 entre puntas del trimestre enero-marzo 2020. En igual período, las exportaciones de trigo fueron de 7,2 millones de toneladas respecto de las 5,4 millones exportadas en el primer trimestre 2019, equivalente a un 33% más.
El recorrido trazado pretende fundar que sin un mercado de alimentos protegido de la situación de los precios internacionales y del valor de dólar, no se puede resolver el hambre en la Argentina. Si la opción de los comercializadores se define por la demanda global, es imposible garantizar la oferta de alimentos. Con ese esquema se destroza cualquier política de ingresos que se quiera implementar para potenciar el consumo interno, sea un salario mínimo, paritarias libres, ingreso familiar básico, haberes previsionales y salario familiar universal.
El análisis comprende el primer trimestre de este año porque son las cifras disponibles, pero sin duda en abril la situación evaluada se ha profundizado. La mayoría de los trabajadores han debido resignar parte de sus salarios e ingresos, como precio para impedir la propagación del virus, situación que ha llevado salvar cuantiosas vidas. No es aceptable que los consorcios de alimentos vendan en el extranjero producciones esenciales para los argentinos y las argentinas.
El gobierno debe asegurar un mercado alimenticio protegido para el pueblo, sino el esfuerzo que está realizando se convertirá en una penuria insostenible. Para ello debe controlar la oferta. De lo contrario, las políticas de ingresos serás estériles frente a la inflación, tal como venimos afirmando desde esta columna.
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