El Gobierno ya negocia con las cerealeras incentivos para acelerar la liquidación de dólares

El Banco Central negocia con el sector agroexportador un paquete de estímulos financieros para aceitar la liquidación de dólares, que incluye un bono para cerealeras y una mejora en la percepción por los dólares de la exportación a productores. 

25 de julio, 2022 | 21.58

El equipo económico trabaja contrarreloj para cerrar un acuerdo con las cerealeras, a partir de una serie de estímulos financieros que mejoren el ingreso por sus exportaciones y así liberen parte de las más de 20 millones de toneladas de soja retenidas en silobolsas. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, negocia con representantes de las cerealeras un mix de medidas que destraben la situación. 

En medio del temblor económico que atraviesa el país, el Gobierno traza estrategias para frenar los desajustes en el mercado cambiario que alimentan la incertidumbre, aceleran los tipos de cambio alternativos y hacen mella sobre los ingresos de la población. Los equipos técnicos del Ministerio de Economía delinean los instrumentos para acelerar la liquidación de dólares del sector agropecuario, además de avanzar en la segmentación de tarifas y endurecer los controles de precios.

Dólar para que el Agro liquide

En primera instancia se va presentar a productores y cerealeras un paquete de estímulos por breve lapso, hasta el 30 de agosto, por lo cual quedaron descartadas las posibilidades de un desdoblamiento cambiario y una devaluación. En principio, sería un esquema similar al que utilizó el gobernador Axel Kicillof cuando fue ministro de Economía para aceitar el proceso de ingreso de divisas, ofreciendo un instrumento financiero que elevó la percepción del sector privados.

El menú que analiza el Gobierno contempla una alternativa para cerealeras distinto al que se extenderá a productores, más beneficiosa. En el caso de las grandes cerealeras se ofrecerá un bono dollar linked, un título que ajusta su capital en base a la evolución de la cotización del dólar oficial. Este bono se estuvo discutiendo en las últimas horas con el sector y todavía restaría definir la tasa complementaria, que se anticipa entre 6 y 8 por ciento anual. 

Este bono les permitirá a las cerealeras una mejora en el ingreso percibido sin afectar la recaudación, porque no se tocan las retenciones, ni el tipo de cambio de la economía. 

Para los productores el paquete incluiría un precio de liquidación que surgirá como porcentaje de dos tipos de cambios. Esa ecuación se compondrá de al menos dos tercios de cotización del dólar oficial y un tercio (el porcentaje también puede ser 70/30) de lo que se conoce como dólar solidario, el cual incluye para el impuesto PAIS para el acceso minorista. 

El sector agroexportador liquidó 19100 millones de dólares en ventas al exterior hasta junio, pero aún quedan en condiciones de exportar cerca de 21.400 millones en trigo y soja, según un informe del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral . Esto implica cerca de 15 millones de toneladas de maíz y 30 millones de toneladas de soja.

Segmentación de tarifas

El porcentaje de inscripción es muy bajo hasta el momento, donde los registros informáticos dan cuenta de un abandono sistemático del llenado del formulario en el momento de aceptar el entrecruzamiento de datos. En el Gobierno sostienen que eso se debe a un alto grado de informalidad en los ingresos que motiva a muchos hogares a preferir pagar la tarifa plena antes de que se revele su verdadera situación patrimonial. .

La baja cantidad de aplicaciones pese al elevado nivel de consultas pone en duda la efectividad de la medida y el impacto fiscal deseado por el Gobierno. En todo el país se inscribieron 3.2 millones de personas. Por ese motivo, la Secretaría de Energía no descarta postergar el inicio de la segmentación tarifaria para permitir que más personas se inscriban y habría plazo hasta fin de julio.

Los costos nacionales de la tarifa no se modificarán en lo que resta del año y a partir de 2023 se actualizará ese valor acorde a la variación nacional. Será de un 80% de la actualización del salario para el segmento medio y del 40% para el segmento bajo.

El segmento alto pagará la tarifa plena y en la primera etapa el monto promedio que subirá la tarifa es 1200 pesos bimestral, a pagar a partir de septiembre. Santiago Yanotti, vicepresidente de Cammesa, dialogó con Cadena 3 y explicó que "Anses ha dispuesto toda su estructura a disposición de que el registro funcione". En esa línea, apuntó: "Nos piden que aclaremos que sea con turno previo, no se preocupen. Vamos a dar la oportunidad para que todos se inscriban y lo importante del turno es que evitamos la fila y el amontonamiento y cada uno se va a poder anotar como corresponde".

"La gente que necesita Anses, que vaya y espere porque no vamos a tomar medida hasta que le demos la oportunidad a todos", remarcó. Según explicó, el 26 y 27 de julio sabrán cómo evoluciona la información cargada en el sistema y entonces tomarán una definición a partir del cobro de la tarifa.

Del total de inscriptos, casi 4% va a perder el subsidio de la parte nacional de la tarifa y el resto mantendrá su subsidio. En todo el país se estima que el 5% de los que ya se inscribieron perderá el beneficio estatal ya que “el decreto prevé que aquellos que no se registren no van a mantenerlo”.

Control de precios

En las primeras tres semanas de julio, los alimentos acumulan un aumento del 6,2%, registro que mensualizado da un 8,6%. De acuerdo a la serie que mide el Indec (desde diciembre de 2016 en adelante), en septiembre de 2018, el segmento de alimentos y bebidas registró un incremento del 7,3%, mientras que en febrero de este año fue de 7,5%, la cifra más alta hasta el momento.

Distintas áreas del Gobierno intensificaron operativos de fiscalización de precios tendientes a desarticular maniobras especulativas en distintos establecimientos como supermercados e hipermercados. Los operativos estarán a cargo de inspectores de la Secretaría de Comercio que se suman a los realizados por otros organismos como ARBA Y AFIP.

En ese sentido, el titular de la entidad, Martin Pollera, sostuvo que están "planificando para garantizar el mejor proceso de fiscalización". "El macrismo la destruyó pasando de 500 inspectores a 13," destacó. Las áreas especializadas llevan adelante los operativos en marcha, los que también fueron realizados sobre empresas productoras de bienes de consumo masivo con alto poder de mercado.

Durante los procedimientos en distintas plantas se controló que el transporte de mercadería se lleve a cabo con toda la documentación en regla y sin maniobras de evasión tributaria. El Ministerio de Trabajo también es parte de los distintos operativos coordinados que se extenderán a lo largo de las próximas semanas y en los que participarán más de 100 funcionarios de todos los organismos involucrados.